Los indultos de carácter religioso se conceden desde el siglo XVIII. El Observatorio de la Laicidad critica el carácter “adroctrinante” de esta práctica. El Gobierno ha concedido este año 21 indultos solicitados por las cofradías
El Gobierno ha concedido este año 21 indultos con motivo de la Semana Santa. Es tradición que las cofradías de penitentes soliciten medidas de gracia para aquellos reos de su zona de influencia que cumplen los requisitos de cualquier indulto ordinario. El Consejo de Ministros recibe las peticiones, delibera y falla.
La ley que establece las reglas para conceder indultos data del 14 de julio de 1870, sin embargo, la vertiente del indulto religioso se remonta siglos atrás y existen dos versiones sobre su instauración. La primera es de 1447. El rey Juan II de Castilla habría impulsado ese año la Ley del perdón del Viernes Santo de la Cruz. Según esta norma, el reino dejaría en libertad a un reo cada año con motivo de la Pasión de Jesús de Nazaret.
La otra versión se refiere al SXVIII, durante una epidemia de peste en Málaga que obligó a suspender la Semana Santa. Según esta explicación, los presos se habrían ofrecido para sacar el paso de Jesús El Rico y la petición fue denegada. La reacción se tradujo en motín y fuga masiva de los reclusos.
Entonces, los presos organizaron una procesión para honrar la figura de El Rico y después regresaron a sus celdas. La peste desapareció de la ciudad meses más tardes y el pueblo interpretó el gesto como un milagro tras la acción de los presos, lo que provocó la instauración del derecho de gracia para los reos.
En cualquier caso, los indultos de Semana Santa son tradicionalmente solicitados por cofradías de penitentes y hermandades de cara a la festividad. Este año, 21 de los 22 indultos concedidos por el Consejo de Ministros han sido solicitados por estas agrupaciones. Es tradición que, tras la puesta en libertad de los reclusos, las cofradías suelen invitar a los exreos a participar en procesiones y vestir el hábito de la congregación.
La mayoría de estas medidas de gracia concedidas por el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón cumplen penas de entre dos y ocho años de cárcel por delitos contra la salud pública, robo con fuerza o intimidación, estafa o tráfico de drogas. En algunos casos las condenas acarrean multas que superan los 250.000 euros.
La medida es una fuente de controversia. El Observatorio de la Laicidad denuncia desde hace años esta práctica. El Observatorio cree que estas medidas de gracia atentancontra la "libertad de conciencia"y "responden a privilegios otorgados durante el Antiguo Régimen. Además, la institución critica que los reos están "contaminados" por las hermandades que los proponen para conseguir la libertad y les obligan a realizar una serie de actos litúrgicos a la hora de conceder el indulto.
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