Más allá de la expresión cultural, la Semana Santa tiene una esfera económica que genera millones de euros y otra social que le sirve a la Iglesia Católica para legitimar sus privilegios dentro del Estado español.
Otro año más, el olor a incienso se mezcla con el azahar y otras flores que explotan en primavera. Los adoquines de las ciudades se llenan de cera de colores y hay quien desempolva la mantilla y el traje. Y todo se vuelve bulla, olor, tacto, música, pasión y belleza.
La Semana Santa está tan imbricada en el imaginario de la sociedad andaluza que es raro encontrar una persona que no tenga vinculado el detalle de un olor, un sabor o un sonido durante una procesión en sus recuerdos. Sin embargo, esta expresión popular está vinculada al conservadurismo social y a las políticas de derechas por su carácter religioso.
Sin embargo, desde hace varios años, obras culturales como Dolores Guapa(2021), película de Jesús Pascual, propuestas políticas o colectivos como Agnóstico Cofrade o Proyecto Palio reivindican su derecho a formar parte de esta festividad desde la disidencia LGTBIQ, ideas progresistas e incluso la falta de fe. “Nosotras no vamos a decirles a nuestras abuelas que se equivocan por emocionarse con la virgen. Nosotras vamos a cogerles la mano y a llorar con ellas, sin culpa, ni vergüenza, y prometiendo darle un meneo a todo”, sostienen desde Proyecto Palio.
Más allá del fervor y la esfera cultural de esta expresión, la Semana Santa es un reflejo del poder del cristianismo y la institución eclesiástica en la sociedad y un negocio que mueve millones de euros anualmente. En 2023, el impacto económico que generó la Semana Santa en Málaga fue de 393,99 millones de euros, según los datos recogidos por la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad de Málaga. El alquiler de balcones para ver desde la altura en los puntos más emblemáticos de la Carrera Oficial de la Semana Santa sevillana puede ascender hasta los 12.000 euros, según el Consejo Andaluz de Administradores de Fincas.
El precio de las sillas también se ha disparado y es un 125% mayor que hace 25 años debido al negocio de reventa de asientos denunciado por la OCU. Unas denuncias dirigidas al Consejo de Cofradías de Sevilla, entidad que se encarga de la explotación comercial de los asientos, una actividad económica que se encuentra, además, exenta de IVA. Formar parte de la Semana Santa también es una acción prohibitiva que puede llegar a ser inasequible para el grueso de la población, ya que por formar parte de la estación de penitencia de una hermandad hay que pagar miles de euros anuales entre preparativos, túnicas y otros pagos.
Además, la Semana Santa es también una cuestión de dinero público, este lunes 25 de marzo, el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, anunciaba una inversión de ocho millones de euros para arte sacro que irá destinado a las Hermandades y a la Iglesia.
Procesiones en la escuela
En muchas ocasiones, la implantación de la Semana Santa en la sociedad es tal que llega a espacios como la educación pública. Diversos colectivos laicos han denunciado la puesta en marcha de prácticas de exaltación de la Semana Santa en centros educativos. Es el caso del CEIP Neill en Málaga donde, según denuncia Andalucía Laica, en los días anteriores a la Semana Santa se ha realizado un “simulacro de desfiles procesionales con símbolos religiosos en el que el alumnado acudía vestido de nazareno, legionarios o en mantilla” en todo el centro.
En Andalucía, según los datos del sindicato USTEA, uno de cada tres alumnos no cursa religión. La Fundación Ferrer Guàrdia ha publicado un estudio en el que expone que solo el 49,7%, es decir menos de la mitad, del alumnado de la educación pública primaria en el Estado español cursa religión
Desde Andalucía Laica consideran que “estas actividades atentan contra la libertad de expresión y el laicismo de las instituciones públicas y contra la escuela inclusiva” y por ello han presentado una denuncia ante la Inspección Educativa y la Delegación Territorial de Educación. Actos como estos podrían infringir el artículo 4 de la ley de Educación Andaluza, que recoge la obligación de que en los espacios educativos “no se produzca segregación del alumnado por razón de sus creencias”.
No es un caso aislado: en los centros públicos andaluces se producen decenas de estos actos según denuncia el colectivo que exige a las instituciones educativas que emita “un listado de centros que han realizado tales actividades, que arbitre las sanciones correspondientes, y que evite su repetición en el futuro”.
La Consejería de Desarrollo Educativo y FP, lejos de hacerse cargo de estas supresiones, el pasado lunes 11 de marzo enviaba una circular a los centros educativos para “la promoción de actividades relacionadas con la música de Semana Santa” dentro de las aulas y otras sugerencias en torno al impulso de la Semana Santa en los centros educativos como “visitas a capillas” o “recreación de un pequeño museo cofrade”. “Estas circulares pretenden imponer con calzador unos valores que no son los de la escuela pública, al tiempo que desvían la atención del cierre de aulas que la pública está sufriendo, un año más, así como la permanencia de ratios ilegales”, ha expuesto al respecto la presidenta de CODAPA, la Confederación que agrupa a las Federaciones de asociaciones de madres y padres de alumnado (AMPA) de Andalucía.
Desde la Plataforma que lleva a cabo la campaña Religión Fuera de la Escuela, en la que participan decenas de colectivos sociales, asociaciones y sindicatos educativos, han denunciado que las decisiones de la Junta de Andalucía y de estos centros educativos del territorio: “Contravienen de forma flagrante la laicidad educativa y contribuye a reforzar los tópicos más rancios sobre Andalucía”.
En Andalucía, según los datos del sindicato USTEA, uno de cada tres alumnos no cursa religión. La Fundación Ferrer Guàrdia ha publicado un estudio en el que expone que solo el 49,7%, es decir menos de la mitad, del alumnado de la educación pública primaria en el Estado español cursa religión. Un dato que aumenta en el caso de los colegios privados, llegando al 86,6%, que suelen estar vinculados a entidades de carácter religioso.
Privilegios e inmatriculaciones
Una de las tradiciones más polémicas durante la Semana Santa es la capacidad que la Justicia del Estado español da a las hermandades para que elijan indultos anualmente. Todos los años, durante el Miércoles Santo, la Fiscalía indulta a varios presos a petición de las cofradías. Este año han sido puestos en libertad seis presos pertenecientes a diversas hermandades en Sevilla, Malaga, Granada, Salamanca, Cantabria y León. Una tradición y un privilegio de estas organizaciones religiosas que se mantienen desde el reinado de Carlos III.
El colectivo Europa Laica ha denunciado que estos indultos son “anacrónicos y discriminatorios” alegando que van en contra de la aconfesionalidad del Estado y contra el principio de igualdad entre personas sin distinción de religión que se encuentra en la Constitución. “Un verdadero disparate democrático para contentar a lobbies ultraconservadores. Avergüenza que prácticas que parecen del medievo permanezcan en la sociedad del siglo XXI que se dice igualitaria y aconfesional”, exponen desde el colectivo.
Además, la frenética actividad cofrade se desarrolla además de en las calles en Iglesias, basílicas y otros edificios religiosos que en su mayoría forman parte de la lista de inmuebles inmatriculados por la Iglesia. Según los datos ofrecidos por la Plataforma en defensa Patrimonio de Sevilla en la provincia hay 68 de estos inmuebles. La mayoría de estas inmatriculaciones son espacios emblemáticos de la Semana Santa en la capital como el Omnium Sanctorum o la Iglesia de los Terceros.
En 1947, una ley franquista facilitó a la Iglesia Católica la inmatriculación de miles de inmuebles, que pasaron de ser públicos a pertenecer a dicha institución. Un proceso que Aznar también incentivó durante su gobierno, ya en democracia, y que ha dado como resultado que la Iglesia Católica sea propietaria de más de 100.000 bienes patrimoniales de carácter público como el caso de la Mezquita de Córdoba.
La Plataforma en defensa Patrimonio de Sevilla defiende “la reversión de este expolio y su permanencia en manos públicas. Son muchos bienes que han pertenecido a la comunidad y ahora son privados”. Esta iniciativa organiza rutas por la ciudad para conocer la historia de las inmatriculaciones en la capital. Desde la Plataforma creen que esta problemática y este privilegio eclesiástico: “Es un problema de Estado que requiere una solución global de Estado”.
