Una hermandad recupera parte de la iglesia de Santa Catalina que el Arzobispado de Sevilla inmatriculó en 2008

El templo que el anterior Gobierno municipal del PP patrocinó con 423.000 euros públicos cambió su registro un día antes de la firma del convenio y a tres días de las elecciones locales del 24M.

La modificación de la propiedad otorga un 11% de la iglesia de Santa Catalina a la hermandad de la Exaltación titular en la previa de un contrato de patrocinio ejecutado a través de la empresa pública de aguas.

El caso demuestra «que la Iglesia robó a sus hermandades» y ante el «escándalo» la Archidiócesis procede a este tipo de «rectificaciones», según varios juristas expertos en matriculaciones.

El arzobispo de Sevilla reconoce inmatriculaciones «sin querer» en otros templos.

Como en otros procesos ya reconocidos, la Iglesia católica se apropió de inmuebles que no le correspondían y tuvo que devolver. Todo o en parte. Caso de la sevillana iglesia de Santa Catalina: cambió su inscripción en el registro de la propiedad un día antes del contrato de patrocinio que firmaron el que fuera alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, y el Arzobispado hispalense. La modificación registral se hizo sobre la primera inmatriculación del inmueble, fechada en diciembre de 2008 con un coste de 30 euros.

En orden cronológico, el 21 de mayo la Archidiócesis sevillana altera el dominio del citado templo para conceder una parte a su hermandad titular . El 22 del mismo mes, se anuncia el traspaso de  423.500 euros de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa) para obras en una iglesia que acumula once años cerrada al culto. Y dos días después, el 24M, se celebran las elecciones municipales. Todo, un mes antes de que el 26 de junio la modificación de la ley Hipotecaria cierre a la iglesia la posibilidad de inscribir a su nombre el dominio de fincas y templos con el apoyo de informes de notarios eclesiásticos.

«El notición, además del escándalo de Zoido, es que la Iglesia robó a sus hermandades y no sabemos cuántos casos hay más», señalan juristas expertos en la materia consultados por eldiario.es/Andalucia. «En este caso, es la hermandad quien presentó título para probar su dominio y la iglesia quien carece de él y quien la inmatricula, además sin alegar nada, y es un escándalo que un obispo certifique el censo», subraya. Este medio ha intentado en varias ocasiones, sin éxito, recabar la opinión al respecto de la propia Hermandad de la Exaltación.

En la escritura registral de la finca –documento al que este medio ha tenido acceso– aparece un «88,9% de pleno dominio» a favor de la Archidiócesis de Sevilla. El resto, un 11,1% correspondiente a la «Capilla Sacramental y Sala Capitular de la Hermandad Sacramental», está inscrita a nombre de la hermandad por el censo enfitéutico fechado el 19 de abril del año 1702 que les concedía «el dominio útil, en virtud de escritura», según reza en el texto.

Inmatriculaciones «sin querer»

«Demuestra –continúa la misma fuente– que la Iglesia se apropió de todo desde 2008, también de la propiedad de las hermandades. No es la primera vez. A raíz de los escándalos que esto provocó pactaron estas rectificaciones». Como ocurrió en el registro de las iglesias de San Lorenzo, San Gil y El Salvador, inmatriculaciones «sin querer» según palabras del arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, y en las que se devolvió la capilla a las hermandades del Gran Poder, Macarena y De la Pasión, respectivamente.

La hermandad «se movió y reclamó la capilla presentando ese título», lo que provocó «una rectificación registral calculando el 11% como la cuota a la que correspondería la capilla» que quedó materializada un día antes de la firma del acuerdo entre la Iglesia y el Ayuntamiento de Sevilla.

El contrato de patrocinio destina 423.500 euros «para realizar trabajos de arqueología, restauración de fachadas y del interior» de la iglesia de Santa Catalina. Así, decía Zoido, cumple «con su compromiso» con « una joya tan importante para la ciudad», declarada monumento nacional en 1912 y bien de interés cultural (BIC) en 1985. El pago debía hacerse en dos veces, al 50%, el primero de ellos a los 15 días de la firma, y el resto «una vez se haya acreditado por la Archidiócesis de Sevilla la realización de la actividad publicitaria deEmasesa que obliga el contrato».

El convenio no queda ahí. Entre los «instrumentos de financiación», en diciembre de 2014, el entonces alcalde y el arzobispo sevillano firmaban un protocolo de actuación que compromete al Ayuntamiento a aportar 1,5 millones de euros para la segunda fase de la restauración integral, con obras en el interior de la iglesia. El coste final está presupuestado en 3.115.967,55 euros que se completan con 150.000 de La Caixa y el resto por la propia Archidiócesis.

«El contrato sigue vigente», dice la Iglesia

«Mientras no nos digan lo contrario, el contrato sigue vigente», alegan desde el Arzobispado de Sevilla. Y remiten a las declaraciones en rueda de prensa del arzobispo, que ya decía a principios de mayo que estaba «seguro» de que Zoido cumpliría «su palabra» para «reactivar el convenio» más 264.000 euros «que se deben» a la Archidiócesis por «convenios anteriores», puntualizaba. Asenjo espera además que el actual alcalde, el socialista Juan Espadas, «siga adelante» con la colaboración financiera para restaurar Santa Catalina.

«Si a partir de ahora no encontramos ayudas de las instituciones públicas, va a ser difícil mantener nuestro patrimonio, que es de todos«, manifestó Asenjo. La inmatriculación de bienes inmuebles en Sevilla, dijo en mayo, es un proceso «prácticamente terminado» tras dejar su antecesor en el cargo, Carlos Amigo Vallejo, consumado «en torno al 75%».

El Arzobispado se adhería con estos movimientos al artículo 206 de la ley Hipotecaria, ya derogado, por una modificación acometida bajo la presidencia del Gobierno de José María Aznar (PP) en 1998. «Estamos a punto de terminar las inmatriculaciones famosas», una tarea que está siendo «rematada». «No tenemos obsesión por poseer», defendía, de ahí que la Iglesia haya dado «marcha atrás» en casos que sucedieron «sin querer», como la capilla de San Lorenzo, San Gil o El Salvador.

Como en el caso de la iglesia de Santa Catalina, situada intramuros de la ciudad y cerrada al culto desde el 3 de junio del año 2004. De estilo gótico-mudéjar, fue construida en el siglo XIV en el mismo lugar en el que existió un templo romano, una santuario visigodo y sobre las ruinas de una mezquita anterior, de la que conservó parte del mihrab y alminar de su torre. Es sede canónica de las hermandades de la Virgen del Carmen y del Rosario, de Santa Lucía y de la Exaltación, en la actualidad ubicada en la iglesia de los Terceros.

Un contrato a dos días de las elecciones

El traspaso de fondos a través de una empresa pública para obras privadas en una iglesia levantó ampollas desde su firma. «Resulta enormemente extraño que a unos días de las elecciones se haga mediante un patrocinio de una empresa de aguas», se encogía de hombros el actual alcalde de Sevilla. «Lo que quiero es revisar esos compromisos y las cantidades que se pactaron y hacer las cosas bien», refería Espadas. El Ayuntamiento analizaría el contrato «para ver si todo está conforme a derecho» en esa «extraña» fórmula escogida por el anterior Gobierno del PP.

El propio exregidor, Zoido, defendía que el aporte de dinero público “reúne todos los requisitos” legales para recuperar «patrimonio histórico». Pedía, ante la prensa, «que la Junta (de Andalucía) tendría que haber salido también a ayudar, pero ni está ni se le espera». «¿Ustedes creen que yo tengo pinta de hacer algo que no deba hacer?», concluía. Mientras, criticaba que la asociación vecinal ‘La Revuelta’, que ha denunciado el contrato ante la Fiscalía, tiene una «tendencia ideológica muy definida y no quiere que se le ayude a la iglesia».

En esa querella, el colectivo considera «llamativo que una empresa pública destine fondos a pagar a un particular la restauración de su patrimonio inmobiliario«. Este fin, dicen, «se desvía y es ajeno al objeto social de una entidad pública destinada al abastecimiento y saneamiento de aguas». Es una «transferencia de dinero público» para un «fin impropio».

Y el propio comité intercentros de Emasesa remitió una carta al consejero delegado de la entidad, Jesús Maza, para mostrar su «más rotunda oposición» ante un acto «eminentemente electoralista». En el escrito instaban a la anulación de dicho convenio y que se destinara el dinero «a las familias que lo necesitan para que no se les corte el agua en vez de a un patrimonio privado».

Otras voces contrarias fueron la asociación de consumidores Facua, que consideró «escandaloso» el proceso de financiación y recordaba que el presupuesto de Emasesa está conformado por las tarifas que pagan los usuarios de la ciudad. IU planea llevar una pregunta a pleno y señaló que si a la empresa pública «le sobra el dinero, debería emplearlo en evitar los cortes de suministro a las familias más desfavorecidas». Participa Sevilla está «totalmente en contra» de este trasvase económico e incidía en la situación de crisis en unidades familiares de la ciudad mientras que otros colectivos como la Asociación en Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) se muestra a favor porque «el patrimonio eclesiástico es un legado fundamental para nuestra cultura y nuestro futuro como ciudad y, aunque sea propiedad privada, los poderes públicos están obligados a su conservación o por lo menos, como en este caso, a apoyarla».

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