La politización de la educación pública siempre ha estado encima de la mesa, pero no menos importante y sí mucho más silencioso es el control que puede ejercer sobre ella un poder mucho más incontrolable: su mercantilización. Un público menor, inexperto, fácil de engañar; en definitiva, un auditorio que querrá tener todo lo que le intentes vender durante ese tiempo en el que el alumnado más joven debe estar aprendiendo a multiplicar, dónde están las comunidades autónomas o cómo saber ubicar el sujeto y el predicado en una oración.
Una estrategia de este tipo es la que lleva a cabo la editorial Bayard. Amparándose en unos talleres sobre comprensión lectora y que realizan diferenciados por edad durante los seis cursos de Educación Primaria, desde la editorial de publicaciones infantiles dan un ejemplar de sus revistas a los alumnos después de visitar los centros; un ejemplar que tendrán que devolver si en su casa, tras llevar la revista a los domicilios particulares de los escolares, sus progenitores deciden no suscribirse a la distribución. Como si pusieran en la mano un caramelo a niños y niñas de 6 a 11 años y lo tuvieran que devolver si luego, su familia, no pudiera pagar los 56,95 euros que cuesta cada caramelo al año.
Esta dinámica seguida por Bayard en diferentes colegios de toda España, tanto públicos como privados, podría llegar a incurrir en un delito según lo estipulado en la Ley General de Publicidad, concretamente en su tercer artículo en donde se trata la publicidad lícita. En el segundo apartado de este artículo se recoge que es ilícita «la publicidad dirigida a menores que les incite a la compra de un bien o de un servicio, explotando su inexperiencia o credulidad, o en la que aparezcan persuadiendo de la compra a padres o tutores».
La primera denuncia pública de este caso la llevó a cabo el guionista y escritor Eloy Baztarrica desde Jerez de la Frontera, un padre que ha visto cómo sus dos hijos de 9 y 7 años han perdido tiempo de su horario lectivo para que una empresa privada pudiera sacar rédito de ello. «Junto con la revista, que traen a casa, también hay un formulario de suscripción en el que se advierte que el alumno tendrá que devolver el ejemplar en caso de que el tutor del menor decida no suscribirse«, detalla Baztarrica.
Hablar con el AMPA y con la dirección del centro, del que prefiere no decir el nombre debido a los trámites que ha iniciado al respecto, fue lo primero que hizo este padre buscando una explicación. Además, remarca que «en el cupón no viene ningún sello del colegio», a lo que se suma que desde la institución escolar nadie le avisó de esta visita y la primera noticia que tuvo fue por el escrito de suscripción que su hijo le entregó.
La inspección de educación censura lo sucedido
La situación de este centro educativo llegó a la inspección educativa gaditana tras las informaciones facilitadas desde Público al secretario general de Educación de la delegación territorial de Cádiz que, tras estudiar lo sucedido, ha determinado que se estaba cometiendo una infracción. Todo ello se traduce en que la editorial Bayard no volverá a visitar el colegio para intentar vender sus productos en horario lectivo.
El mismo hecho se da en el colegio Los Zumacales, ubicado en la vallisoletana localidad de Simancas. Allí, la editorial Bayard sigue el mismo procedimiento, tal y como confirma Lorena Fernández. Esta madre afirma que «nunca se ha sacado el tema oficialmente en el AMPA» y Concepción Domínguez, la jefa de estudios del centro, asegura que se avisa a los padres de la visita de la marca, una carta «ofrecida al colegio desde la editorial», es decir, sin estar sellada o firmada desde el colegio.
El colegio defiende a la editorial
«Yo estoy en contra de que empresas privadas tengan este tipo de incidencias en la educación infantil y pública». Así de tajante se posiciona una madre que prefiere mantenerse en el anonimato y que tiene una posición enfrentada con la dirección del centro. Domínguez asegura que «aunque es una pena, todo el mundo que viene y realiza una actividad externa en el colegio, cobra«. Respecto al material que reparten tras el taller, desde el centro detallan que si el alumno pierde la revista, la editorial no pide nada al colegio.
Del mismo modo, cuestionada sobre este tipo de propaganda, la jefa de estudios responde que «no es propaganda porque no es propaganda gratuita; ellos se lo trabajan, los niños están obteniendo un beneficio a cambio de nada porque nadie les obliga a comprar nada y nosotros es eso lo que vemos». Preguntada, también, por el uso de infraestructuras públicas y educativas para lucro empresarial y privado, Domínguez se expresa en los siguientes términos: «¡Es que no se van a ir a un hospital donde no hay niños! Tendrán que ir a sitios donde hay niños».
Consultado un inspector del área educativa de Valladolid, declara que «los centros, en este aspecto, son autónomos si tienen el respaldo del consejo del centro», que está formado por los padres y madres, el profesorado, la dirección y un representante del ayuntamiento. Así pues, el Ayuntamiento de Simancas sí tendría que tener conocimiento del hecho, una máxima que no se da ya que la delegada del Consistorio en el consejo escolar desconoce lo ocurrido.
Utilización de los menores para fines comerciales
La otra cara de la moneda la exterioriza la madre afectada que comenta cómo «los niños son pequeños —sin la necesaria capacidad crítica hacia el consumo— y llegan a casa diciéndote todo lo que les gusta de la revista. Yo creo que cualquier cosa que les pongas en las manos a los niños la van a querer«; aunque cueste los casi 60 euros que vale la suscripción anual a Bayard, según señala Fernández.
Aunque pueden surgir dudas sobre si se está produciendo una infracción teniendo en cuenta la Ley de Protección de Datos, Samuel Parra desmiente esta máxima. Por contra, Baztarrica no deja de denunciar que «una institución pública facilita que se recabe información para una empresa privada».
El escritor andaluz considera que «se está utilizando a los niños como una herramienta de venta mercantilizando la educación». En la misma línea se pronuncia la madre afectada de Los Zumacales que prefiere reservar su nombre pero que su profesión como docente le permite hablar con conocimiento de causa: «Los talleres que fomentan la lectura los tendrían que realizar desde el propio centro y no proceder de una editorial con intereses económicos», concluye.
Bayard no quiere contestar a ‘Público’
El director comercial de la editorial Bayard, José Félix Rodríguez, ha declinado ofrecer la versión de la empresa después de que Público intentara ponerse en contacto con él mediante correo electrónico hasta en tres ocasiones. Más tarde y telefónicamente, confirmó a este medio que había leído los mensajes y que los había remitido a Emmanuel du Boisbaudry, el consejero delegado de la firma.
Pero finalmente la editorial se negó a responder cualquier pregunta de este periódico.
