El fin del arancelamiento universitario dispuesto por Perón el 22 de noviembre de 1949 sumó derechos a los ya introducidos por la Reforma de 1918. A siete décadas de aquel decreto, se acrecientan los desafíos para avanzar en mayores logros.
“ Se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande. La universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba sólo admitido el oligarca”, evaluaba Juan Domingo Perón, dos décadas después de haber establecido la gratuidad de los estudios superiores. Al cumplirse 70 años de ese significativo hecho político, las universidades públicas celebraron debates, conferencias y otros eventos para celebrar aquella decisión adoptada por el presidente Perón el 22 de noviembre de 1949, medida que se hizo efectiva por medio del decreto 29.337.
Al homenajear a Manuel Belgrano, el 20 de junio de 1949, Perón prometió: “Interpretando sus ideas y sentimientos, que lo impulsaran a destinar sus bienes y recompensas para construir escuelas en la rudimentaria comunidad Argentina de su tiempo, deseo anunciar que desde hoy quedan suprimidos los aranceles universitarios, en forma tal que la enseñanza sea absolutamente gratuita y al alcance de todos los jóvenes Argentinos que anhelan instruirse para el bien del país. Para honrar a los héroes nada mejor que imitarlos”.
La promesa se transformó en realidad. El artículo 1° del decreto 29.337 establece la suspensión de los aranceles con anterioridad al Día de la Bandera de aquel año y señala que “como medida de buen gobierno, el Estado debe prestar todo su apoyo a los jóvenes estudiantes que aspiren a contribuir al bienestar y prosperidad de la Nación, suprimiendo todo obstáculo que les impida o trabe el cumplimiento de tan notable como legítima vocación”.
A ese hito fundamental se había llegado después de otro, la Reforma Universitaria de 1918, que contó con el aval político del presidente radical Hipólito Yrigoyen y su ministro de Justicia e Instrucción Pública, el riojano José Santos Salinas, aunque no se había incorporado la gratuidad.
En 1953, el segundo gobierno peronista eliminó el examen de ingreso de las universidades públicas, y al año siguiente aprobó la ley 14. 297, que fue la primera norma sancionada por el Congreso que incluyó la gratuidad universitaria. El capítulo I, “De la misión y organización de las universidades”, inciso 7 del artículo 1º, establece “asegurar la gratuidad de los estudios”.
Quedaba plasmada así la concepción fundamental del peronismo con respecto a la educación superior, para desarrollar la investigación científica y tecnológica, con el propósito de reemplazar el país meramente agroexportador, matriz de nuestros males centenarios, por una Argentina moderna capaz de exportar productos con alto valor agregado.
El hijo del barrendero
“Sepan ustedes que la Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Todos los historiadores le atribuyen la frase a Arturo Rial, un oscuro capital de navío, que alcanzó el grado de contraalmirante y murió en 1981, quien se la lanzó a un grupo de trabajadores días después del golpe de 1955. Hacía sólo seis años que Perón había instituido la gratuidad y el libre acceso a los estudios superiores para que el hijo del barrendero, si así lo quisiere, pudiera graduarse de ingeniero, periodista, docente o médico.
“La autodenominada Revolución Libertadora, dictadura cívico-militar que derrocó al peronismo en 1955, derogó las leyes universitarias y estableció una serie de decretos. En muchas casas de estudio se reinstalaron los exámenes de ingreso, y la matrícula dejó de crecer”, escribe el doctor en Ciencias Sociales (UBA) Sergio Friedemann en La gratuidad de la educación superior, a 70 años (Edunpaz, 2019).
En declaraciones al Suplemento Universidad, Friedemann precisó que la normativa impuesta en 1955 “no se modificó después durante los gobiernos constitucionales de Arturo Frondizi y Umberto Illia, pero hubo un aumento paulatino en la cantidad de estudiantes entre 1958 y 1966, fruto de la autonomía de cada institución para regular el ingreso y un aumento de las vacantes”.
Destacó que desde la dictadura del general Juan Carlos Onganía “la matrícula sufrió una leve caída, hasta que entró en marcha el Plan Taquini, que en 1970-1971 dispuso la creación de nuevas universidades nacionales, revirtiendo esa tendencia negativa”.
“La reforma universitaria de 1973 instauró nuevamente la gratuidad y el ingreso irrestricto, elementos también presentes en la Ley de Universidades aprobada por el Congreso de la Nación en 1974 (Ley Taiana). Si en 1972 había 333.000 estudiantes universitarios en todo el país, en 1975 se contaban 507.000”, puntualizó Friedemann.
Del ’18 al ‘49
Por su parte, la socióloga y doctora en Ciencias Sociales (UNLP) Nayla Pis Diez advirtió que “es importante no caer en análisis basados en dicotomías clásicas, sino observar modelos de universidades que jerarquizaron elementos en distintos momentos de nuestra historia”.
“Sirve más ver de forma articulada las leyes universitarias peronistas entendiéndolas como modelo peronista de universidad que, es verdad, se opuso en muchas cosas al modelo reformista, defendido por buena parte del estudiantado y profesores desde 1918. A diferencia del segundo, aquel modelo se caracterizó por el abandono de los principios liberales aplicados a la universidad, como la autonomía, la democracia interna, hasta la libertad de participación y el pluralismo ideológico”, aseguró Pis Diez al Suplemento Universidad.
Sin embargo, afirmó que “a la hora de ponderar elementos, mi opinión es que el peronismo sustituyó el principio de democratización política por el de la democratización social de los estudios, a partir de definir nuevas funciones a la educación, así como nuevas relaciones entre ésta, la economía, la política y los requerimientos del país”.
Para Victoria Chabrando, licenciada en Historia (UNC), “más allá de desencuentros y tensiones que podemos visualizar entre el peronismo y la universidad, entiendo importante destacar los diálogos existentes entre los acontecimientos de 1918 y 1949”.
“El carácter desacralizador da cuenta de líneas de continuidad de ambos procesos. Si en 1918 las premisas fundamentales fueron el trastrocamiento de la educación clerical y la construcción de una universidad liberal, opuesta a una tradición monárquica, en épocas de primer peronismo la desacralización implicó la subversión de una verdad instituida donde la enseñanza universitaria cumplía con la reproducción del poderío político, económico y social de un sector privilegiado de la población”, afirmó Chabrando al Suplemento Universidad.
Y resaltó que “entre 1918 y 1949 hay más de una coincidencia porque, más allá de lo vertido en el Manifiesto Liminar, los reformistas también impulsaron acciones para aumentar la matrícula, a pesar de las elites que habitaban la alta casa de estudios, aunque ese proceso quedó trunco. Dicho de otro modo, el decreto 29.337 concretó el impulso verdaderamente democratizador abierto en 1918”.
La gratuidad universitaria en América Latina
Uruguay, Bolivia, Cuba y Venezuela tienen sistemas de educación superior similares al de Argentina, que se erige como un modelo a seguir para el resto de la región.
Ezequiel Bergonzi
A 70 años de la gratuidad universitaria sancionada en la primera presidencia de Juan Perón, Argentina todavía se mantiene como un pilar de la educación superior pública y de libre acceso. Esta medida, que se realizó con el objetivo de democratizar el conocimiento para los habitantes del país, no sólo marcó un antes y un después para los argentinos, sino que también fue una inspiración para otros países latinoamericanos que adoptaron sistemas similares.
“El importante efecto democratizador de la reforma universitaria de 1918, a pesar de que no se sintió de forma inmediata sino hasta 1949, es parte de este hecho de América Latina en el que la difusión de la educación superior está fuertemente influenciada por el efecto político y social de lo sucedido en nuestro país”, explicó para el Suplemento Universidad el miembro del Consejo Académico del Doctorado en Educación UNTREF/UNL Norberto Lamarra.
Los efectos del decreto de 1949 hicieron que, más adelante, la gratuidad universitaria fuera aplicada en países como Uruguay, Bolivia, Cuba y Venezuela, que son los más cercanos al modelo argentino, mientras que en otras naciones como México hay varias universidades estatales que son gratuitas, aunque no todas lo son. “Aún en países con tradición democrática como es México, el número de universidades privadas es bastante alto, y compone el 50 por ciento de la matricula”, explicó el experto.
También hay otras variaciones del modelo argentino como en Centroamérica, donde hay algunos arancelamientos como en Honduras, Panamá y Costa Rica. “A veces (las universidades) no son totalmente gratuitas, sino que cobran algunas tarifas menores. En Centroamérica uno se encuentra con varios casos de este tipo”, detalló Lamarra.
A pesar de que la educación universitaria gratuita representa una gran oportunidad para mejorar el futuro de millones de familias que no pertenecen a un estrato económico pudiente, en el resto del mundo todavía se ve a la educación superior como un instrumento al que solo pueden acceder los altos estratos sociales. “Lamentablemente, en gran parte del mundo la educación, sobre todo la superior, es elitista y destinada a los sectores sociales con mayores posibilidades económicas”, afirmó el experto y agregó que, por ejemplo, “en Brasil, alrededor de un 70 por ciento de la matriz universitaria está en manos privadas, y dos tercios son sociedades comerciales que cotizan en bolsa. Acá son sociedades civiles sin fines de lucro porque así se estableció luego del gran debate que se realizó al respecto, pero en Brasil el fin principal es el lucro”.
Por otro lado, en Europa está popularizado el uso de las becas y de ayuda sociales, pero el experto en educación superior distinguió que la gratuidad es más bien una “iniciativa latinoamericana” y que en el viejo continente todavía predomina la concepción elitista. “En general, la Argentina tomó liderazgo hace 70 años y fue el modelo de la universidad abierta y democrática para facilitar a todos los sectores sociales el ingreso a la educación superior”, reafirmó Lamarra.
