El arzobispo Elías Yanes puso el templo a nombre de la diócesis en 1988. MHUEL revela ahora la inscripción, hecha 10 años antes de la reforma del PP
La asociación Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL) se está planteando presentar batalla legal por la propiedad de la catedral de San Salvador, la Seo, que el Arzobispado de Zaragoza puso a su nombre en 1988. Los laicistas han descubierto la inscripción, y sus abogados estudian si tienen legitimidad para luchar en los tribunales para que el templo sea de dominio público.
El motivo es que el registro, a instancias del por entonces arzobispo Elías Yanes, se produjo diez años antes de que la reforma de la Ley Hipotecaria del Gobierno de José María Aznar lo permitiera. En la reforma de la catedral, que duró 18 años, se invirtieron unos 600 millones de pesetas –3,6 millones de euros– de las administraciones públicas y las cajas de ahorros.
MHUEL reveló la inscripción tras tener acceso a la hoja registral, y se plantea litigar aunque su presidente, Jorge García, indicó que lo apropiado sería que «la futura corporación del Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón fueran quienes inicien los procedimientos para recuperar la catedral para el patrimonio común del que nunca debió salir».
Ayer, el deseo de la asociación fue refrendado por los candidatos del PP y Zaragoza en Común, Eloy Suárez y Pedro Santisteve, respectivamente, en su debate cara a cara. El primero apeló a la necesidad de «defender el patrimonio de los ciudadanos», y el segundo recordó que «el patrimonio público no se puede privatizar».
Por su parte, fuentes del arzobispado argumentaron que no van a «entrar en polémicas», pero que siempre han actuado «dentro de la legalidad».
Fuentes jurídicas consultadas les dieron la razón. Según aseguraron, aunque la reforma de la Ley Hipotecaria de 1998 regulara «específicamente» que la Iglesia podía inmatricular –inscribir por primera vez bienes que no eran de nadie–, como las administraciones públicas, y ampliase este privilegio a los templos, la posibilidad estaba recogida «desde el derecho romano», y prolongada con los acuerdos de la Santa Sede.
Sea como fuere, MHUEL tiene intención de litigar para que este inmueble, con un valor catastral cercano a los 10 millones de euros, según sus datos, sea patrimonio público, aún cuando se destine lógicamente al culto. Este caso ni siquiera estaría amparado por la norma, aún no derogada –aunque la reforma esté anunciada–, que sí permitió la polémica inmatriculación de la Mezquita de Córdoba, propiedad eclesiástica desde el 2006. Europa tiene pendiente pronunciarse sobre este tema.
Según la hoja registral, Monseñor Elías Yanes certificó el dominio del inmueble, decisión refrendada por el Notario Mayor de la Curia, Fernando Pérez. La finca, que incluye dos pisos, pertenece al arzobispado, «sin que exista título de dominio inscrito o inscribible», porque consta «la continuidad de su posesión y dominio pacífico, desde timpo desconocido». Fuentes que formaban parte de la corporación municipal en aquella época indicaron que la inmatriculación fue conocida y no causó malestar.
