Un Estado democrático, basado en el principio de laicidad, no debe servir para garantizar, a través del derecho, la sobrevivencia de una sola moral, sino para garantizar la pacífica convivencia, la libertad y la seguridad de todas las personas, señaló Luigi Ferrajoli en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Al dictar la conferencia “El garantismo penal”, el jurista italiano explicó que el Estado no es un bien en sí mismo, sino un instrumento para garantizar el ejercicio de los derechos de todos, y explicó que el garantismo jurídico es un sistema de técnicas normativas que tiene como finalidad garantizar los derechos fundamentales de las personas en un sistema democrático.
Ubicó la existencia del derecho penal como un instrumento jurídico basado en los principios de legalidad y de ofensividad, que otorgan a la ley la facultad de castigar sólo ante la existencia de un delito y de considerar por tal a un hecho lesivo como la comisión de daños en contra de otras personas.
El experto agregó que el principio de laicidad -que separa al derecho de la moral-, da al Estado la capacidad de castigar hechos lesivos e impide que se considere como delitos a los hechos considerados como inmorales. “No es justificado utilizar el derecho penal para imponer una determinada moral. No es legal ni legítimo castigar sólo por considerar algunos hechos como inmorales”.
De acuerdo con Ferrajoli, los principios de legalidad y ofensividad se identifican con el de laicidad, en el proceso de secularización que caracteriza al Estado y al Derecho modernos. Añadió que el valor político de la laicidad en una democracia es su rol decisivo como única barrera posible ante la intolerancia y el intento de las religiones para invadir las relaciones entre las instituciones públicas y el multiculturalismo.
La laicidad es pues, dijo el jurista italiano, la garantía de libertad de conciencia y de pensamiento, la garantía para el pluralismo político, religioso o moral, para la convivencia pacífica entre todas las diferentes identidades y la garantía de dignidad para los más débiles.
Por su parte, el ombudsman capitalino, Luis González Placencia, señaló que el pensamiento de Luigi Ferrajoli ha impregnado el quehacer jurídico de México, contra todas esas prácticas autoritarias que hoy configuran la política criminal y otras expresiones tanto legislativas como judiciales.
Destacó la ecuación hecha por Ferrajoli, “que iguala el Estado laico con la democracia y con la paz es fundamental; y eso tenemos la opción de hacerlo en lo cotidiano en las funciones que realizamos. Vivimos un momento complicado por los tintes que a veces toma el discurso que genera discriminación y odio, pero que es interesante porque promueve la discusión sobre los derechos humanos”.
Por último, el procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, señaló que Ferrajoli ha colocado en el centro de las decisiones político-criminales a la persona humana, “garantismo se traduce antes que nada en absoluto respeto a la dignidad de todas las personas, sin distingo de su condición, y este respeto debe implementarse especialmente frente a los problemas que significa el derecho penal”.
