El pleno del Parlamento ha aprobado, con los votos en contra de UPN y PPN, la toma en consideración de la proposición de Ley que plantea modificar la Ley Hipotecaria con el objeto de retirar a la iglesia católica el "privilegio" que le faculta para inmatricular bienes inmuebles.
Los votos a favor de PSN, Bildu, Aralar-Nabai, I-E y los parlamentarios no adscritos de Geroa Bai han posibilitado la toma en consideración de la iniciativa presentada por I-E, que si es aprobada será remitida al Congreso de los Diputados.
La propuesta "equipara a la Iglesia católica con el Estado, la Provincia, el Municipio y las Corporaciones de Derecho Público".
En la exposición de motivos, el grupo proponente arguye que se trata de una prerrogativa "extraordinaria, preconstitucional y escasamente conciliable con el carácter aconfesional del Estado", ya que "confunde las funciones propias de los poderes públicos con las tareas propias de una confesión religiosa".
Por eso, en aras a la "restitución" de los mandatos constitucionales, se aboga por retirar a los obispos la potestad de acreditar mediante sus certificaciones el dominio de los bienes de la Iglesia Católica, al "carecer de la autoridad pública" que, a tal efecto, se precisa.
El parlamentario de I-E Txema Mauleón ha remarcado que su propuesta "no va contra nadie", sino que está "a favor de la igualdad de todos ante la ley".
Su iniciativa "garantiza la defensa del patrimonio público y que todo ciudadano va a atener los mismos derechos a la hora de inmatricular los bienes que alegue sean de su propiedad ", según Mauleón, quien ha denunciado la "opacidad absoluta" existente respecto a las propiedades inmatriculadas por la iglesia, que en Navarra superan el millar.
Mauleón, quien ha instado a actuar cuanto antes, sin esperar a la modificación anunciada por el Ejecutivo central para dentro de un año, ha pedido al Gobierno de Navarra que colabore con los ayuntamientos en la defensa jurídica de los bienes comunes.
El socialista Juan José Lizarbe ha expresado su apoyo argumentando que la modificación que se hizo cuando José María Aznar era presidente del Gobierno no ha tenido efectos positivos, por lo que hay que corregirla.
También ha subrayado la necesidad de corregir la norma aprobada por el Gobierno del PP el parlamentario de Bildu Víctor Rubio, quien ha destacado la labor realizada en Navarra para sacar a la luz este "escándalo monumental" y ha denunciado que haya que acudir a Madrid para regular esta cuestión.
Por Aralar-NaBai, Juan Carlos Longás ha insistido en que lo que se propone es una reivindicación antigua, ya que la norma va contra la "aconfesionalidad, la separación de la Iglesia y Estado" recogida en la Constitución. Ha precisado que no se trata de quitar derechos a la iglesia, sino de que los ejerza igual que los demás.
En contra se ha pronunciado UPN, cuyo portavoz Jesús Esparza ha manifestado que no están de acuerdo con la modificación de la ley, sino a favor de que se mantenga como está. Ha opinado que la "iglesia católica actúa de buena fe".
El portavoz del PPN, Eloy Villanueva, ha sostenido que I-E "lo que está haciendo es decir al Gobierno de España que haga lo que ya está haciendo", por lo que ha calificado de "artificial" el debate y ha pedido a Mauleón que retire su propuesta.
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