El único concejal que votó en contra fue el socialista Juan Erdozáin
El Ayuntamiento de Sangüesa iniciará las actuaciones legales necesarias para reclamar a la Iglesia lo que considera de su propiedad desde siempre, las ermitas de San Babil, Nuestra Señora de la Nora, la Virgen del Socorro y la Virgen del Camino, inmatriculadas por el Arzobispado en agosto del año 2000, y se sumará a la Plataforma en Defensa del Patrimonio, según el acuerdo plenario alcanzado el martes, con los votos de la Agrupación Progresista de Sangüesa (APS) y Bildu.
sangüesa. La propuesta no contó con el total respaldo de la Agrupación Independiente, que se mostró partidaria de recuperar las ermitas sin adherirse a la Plataforma. Curiosamente, el único concejal que votó en contra fue el representante del PSN, Juan Erdozáin, quien dijo preferir que se las quedara la Iglesia.
El alcalde, Ángel Navallas, argumentó que los inventarios antiguos existentes en el Archivo Municipal y los datos catastrales demuestran que los citados bienes son públicos, y que el uso religioso e incuestionable que se les ha dado a los mismos "no justifica su apropiación indebida por la Iglesia". Añadió que su mantenimiento siempre ha corrido a cargo del pueblo, por medio de trabajos en auzolan o del propio Ayuntamiento, "que nunca ha hecho renuncia expresa de ellos".
El concejal de Bildu, Rafael Bargués, dijo que su grupo se congratulaba de ello, ya que la propuesta de recuperación y de adhesión a la Plataforma la presentó hace dos años la concejala de ANV Jone Usoz. "Todos los pasos dados desde entonces corroboran más si cabe que el patrimonio es nuestro, por lo que iniciaremos la batalla legal que, seguro, será larga y tortuosa", expresaba el alcalde.
Por su parte, los cinco concejales de la AI manifestaron su deseo de recuperarlas pero por su cuenta, sin sumarse a la Plataforma, a la que Marta Sola definió como "un cajón de sastre", mientras que su compañero Javier Aztaráin expresó "que los datos no eran suficientes y que en tiempos de crisis el Ayuntamiento no estaba para gastos".
El único concejal que dudó de la propiedad pública de las ermitas fue el del PSN, Juan Erdozáin, quien aseguró que el Ayuntamiento hizo dejación al no cumplir la Ley de Administración Local de 1990 que mandaba inventariar y registrar los patrimonios locales. "La Iglesia se adelantó y registró. Ante la duda sobre su propiedad, quiero que sigan en su poder, porque me parece más fiable y garantiza su salvaguarda, mientras que el Ayuntamiento, en tiempos de crisis, podría desprenderse de ellos o cambiar su uso", opinó.
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