El sacerdote juzgado por pederastia en el obispado de Astorga, Ángel Sánchez Cao, sigue con el ejercicio de su ministerio y en contacto con menores en las iglesias. Y eso a pesar de que, según un prestigioso canonista consultado por Diario de León, la norma recomienda que hubiera sido suspendido del ministerio durante el proceso. «Lo normal es que el obispo lo retire temporalmente de su cargo, y le prohíba ejercer en público la misa y el resto de los sacramentos. Por supuesto, no debería tener trato con menores», manifiesta este experto, que prefiere mantener el anonimato. El sacerdote añade, como recomendación a las víctimas, que indiquen en su denuncia escrita si creen que lo que ellos sufrieron puede ocurrirle a otro menor y que soliciten que sea apartado inmediatamente del ejercicio público del ministerio.
Ángel Sánchez Cao, denunciado por Emiliano Álvarez y cuya sentencia aún no ha resuelto, sigue a día de hoy al frente de la parroquia de Veigamuíños, en el Barco de Valdeorras y los vecinos de la parroquia aseguran que continúa oficiando las comuniones. «Es una persona muy querida en el pueblo y desde que él está el número de fieles que va a misa ha aumentado», manifiestan. Otro de los consultados asegura que incluso hay niños de otras localidades que se trasladan a la parroquia gallega, perteneciente a la Diócesis de Astorga, para hacer la comunión. Este periódico se puso en contacto con Ángel Sánchez Cao, pero el sacerdote prefirió colgar el teléfono y no dar su versión de los hechos. Tampoco el Obispado ha querido explicar la razón de la decisión. Poco después de la denuncia, el sacerdote aprovechó la celebración de una misa para asegurar su inocencia ante los fieles al tiempo que advertía de que denunciaría a los que le habían acusado. Días más tarde, y durante la procesión de Santa Rita, Sánchez Cao recibió el apoyo del obispo con su presencia en la procesión de Santa Rita.
La decisión del obispo de Astorga contrasta con la del responsable de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, que la semana pasada apartaba a un sacerdote denunciado por tocamientos por una joven de la parroquia
El canonista consultado por Diario de León precisa además que el proceso que se siguió en la Diócesis de Astorga contra el cura pederasta José Manuel Ramos Gordón no respetó las garantías de la víctima, Javier, ya que la ley canónica prescribe el derecho de la víctima a recibir la sentencia, que en cambio sí se dio al acusado. La Diócesis esgrime como argumento para justificar la negativa que se encuentra en Roma y que la institución que debe facilitarla es la Congregación para la Doctrina de la Fe. Por esa razón, el ex seminarista ha enviado la reclamación a la institución vaticana. Asegura que la única razón por la cual no le permiten el acceso radica en la «cantidad de información» que esconde. «En mi proceso declararon al menos once personas. además de los encubridores, a los que se exigió que mantuvieran el secreto una vez se cerró el expediente», dice. Javier sostiene que no tuvo la posibilidad de acceder a la confesión del agresor, ni a las declaraciones realizadas por quienes encubrieron los abusos. Toda esa información consta en la sentencia.
El experto afirma que otra de las condiciones de los procesos por abusos (en este caso fue administrativo penal) es la necesidad de que haya un notario durante todo el proceso, un extremo que Francisco Javier también niega. «Sé que declaró a mi favor un testigo que fue víctima de Ramos Gordón en cuyo testimonio no estuvo el notario», asegura. Este periódico se ha puesto en contacto con el notario del proceso, Francisco Javier Gay, que rechaza realizar cualquier tipo de declaración por su obligación con el secreto profesional.
El sacerdote precisa que en el momento en el que el obispo conoce la existencia de una denuncia, incluso si el presunto abusado no quiere denunciar, tiene la obligación de proceder a investigar. Es lo que se conoce con el nombre de Investigación Previa. Sin embargo, el prelado de Astorga tampoco ha respetado la ley canónica en este caso puesto que en el juicio de Francisco Javier declaró al menos otra víctima de Ramos Gordón y no se ha iniciado investigación alguna.
El canonista, que se muestra muy crítico en todo momento con la actitud y las decisiones con las que la jerarquía gestiona los casos de pederastia, deja claro que en febrero todo cambiará. En ese mes se celebrará en el Vaticano un cónclave cuyo único tema serán los abusos. A esta cita acudirán los presidentes de las Conferencias episcopales del mundo y en ella se aprobarán las normas que regirán a partir de entonces en la prevención, investigación y sanción. «El documento que se apruebe será vinculante. Todos los obispos deben tomar conciencia de que ‘o sí o sí’ y si no lo cumplen podrán ser removidos», manifiesta este religioso, que añade que las víctimas «tienen el mismo derecho que el victimario a que se respeten todas sus garantías procesales». «Lo que está ocurriendo es que la Iglesia, en lugar de defender a las víctimas de los lobos, se está refugiando en sí misma».
