Sacerdotes alegan que «son los demás los que deben demostrar la propiedad»

Esparza (Defensa del Patrimonio) advierte de que la ley cambiará, pero la diócesis se quedará con lo escriturado

"Es cierto que la Iglesia no está al nivel de la Administración pública, pero tampoco es un particular; debe ser considerada una institución especial". El párroco de Uharte-Arakil y San Miguel de Aralar, Miguel Larranbebere, resumió así el estatus de la Iglesia a la hora de explicar las casi 1.100 escrituraciones de bienes realizadas por el Arzobispado en los últimos años, dentro de un debate organizado ayer en Pamplona por la Universidad Vasca de Verano, bajo el título Nafarroako erlijio tokiak, norenak? (¿De quién son los lugares de culto en Navarra?).

El otro sacerdote participante en el encuentro, Inaxio Azkoaga (párroco de Lekunberri, Gorriti y Uitzi), recalcó que "la Iglesia tiene derecho a la propiedad y a conservar su patrimonio", y afirmó que "deben ser los demás los que demuestren que las iglesias y las casas parroquiales no pertenecen a la diócesis; la carga de la prueba reside en quienes cuestionan estas escrituraciones". Además, Azkoaga aseguró que "la Iglesia no hace más que inscribir lo que es suyo; es defender lo propio, algo que también se hizo en tiempos de la República, ante el temor de que los bienes eclesiásticos fueran incautados". Sin embargo, preguntado por si en la época actual veía algún riesgo parecido, Azkoaga señaló que "ahora se trata de tener seguridad jurídica; nada más".

En la jornada también participaron José Mari Esparza (Plataforma en Defensa del Patrimonio), Mikel Karrera (profesor de Derecho Civil de la UPV) y Roldán Jimeno Aranguren (profesor de Historia del Derecho de la UPNA). En representación del colectivo que desveló las escrituraciones realizadas por el Arzobispado, Esparza calificó a la Iglesia como "la inmobiliaria más grande de Navarra, tras aprovechar una ley de 1998 que equiparó al clero con los funcionarios públicos, pues les dio la potestad de escriturar lo que consideraran oportuno, sin más pruebas". Una vez inscritos esos bienes, "¿quién sabe lo que puede hacer la Iglesia como propietaria?: alquilarlos, venderlos, hipotecarlos o incluso imponer la censura como ocurrió en Olite al no permitir canciones en euskera".

En este sentido, Esparza aseguró que "el proceder de la Iglesia ha avergonzado a muchos cristianos; así ganarán mucho dinero, pero con ello también el infierno". En cualquier caso, se preguntó "si esa ley va a permanecer, porque en el Ministerio de Justicia dan por hecho que está obsoleta; y luego, todo lo escriturado por la Iglesia no va a tener marcha atrás".

iglesia y ética Ni Larranbebere ni Azkoaga adelantaron qué ocurrirá en el futuro, pero sacaron a colación el caso de Calanda (Albacete), donde "el Ayuntamiento pleiteó en 1984 contra la diócesis, que había escriturado una iglesia del siglo XVII, pero el juzgado dio la razón al Obispado, argumentando que el municipio no es el único representante de los intereses jurídicos del pueblo", lo que implica que "la Iglesia también puede serlo". De hecho, esta aseveración va en el sentido de la ponencia defendida ayer por ambos sacerdotes:Kristau herria, bere elizen jabe (Pueblo cristiano, dueño de sus iglesias). Frente a ello, José Mari Esparza invocó a "la ética y a la moral; no se puede escriturar a escondidas del propio pueblo, alegando que la Iglesia ha disfrutado de esos bienes en posesión quieta y pacífica durante siglos", ya que "con ese mismo argumento, la Peña Sport puede inmatricular a su nombre el campo de fútbol de Tafalla".

Por otra parte, Miguel Larranbebere dio la versión del Arzobispado sobre lo ocurrido con el consultorio de Azcona (valle de Yerri). "Se ha presentado ese caso como si el Arzobispado hubiera cometido un robo y lo cierto es que cedió la casa del párroco al pueblo en 1969 para que fuera un consultorio médico, y hace dos años advirtió de que la recuperaría para venderla y con el dinero arreglar la iglesia, que se está cayendo".

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