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Reforma de la Constitución: una tomadura de pelo

Una vez más líderes políticos del centro derecha nos quieren “tomar el pelo” al acordar, apresuradamente, una reforma de la Constitución. Una reforma inútil y de “cara a la galería”, que no va a solucionar, por si misma, los enormes problemas que tenemos las ciudadanas y ciudadanos, ni a corto, ni a largo plazo: Tampoco va a calmar la avaricia agónica del sistema capitalista ni a su actual instrumento: “los mercados”; ya que su finalidad va mucho más allá, como es eliminar los derechos sociales y civiles conquistados por la clase trabajadora, con mucha lucha y dolor, durante siglos, al mismo tiempo que enriquecer aun más a los poderosos y a sus adláteres, algunos de ellos “ilustres políticos”.

Yo participé, en un segundo plano, en la elaboración de la Constitución entre 1977 y 1979, si en aquellos momentos me quedé muy preocupado por algunas de las ambigüedades de la misma, la imposición franquista de la Corona, las cesiones al nacionalcatolicismo, la falta de claridad en la cuestión de ordenación del Estado y una transición que se había cerrado en falso. Con el tiempo mi insatisfacción se ha hecho cada vez más patente. Es cierto que La Constitución se acordó en un contexto difícil, en donde (deliberadamente o no) la izquierda y la “oposición democrática” tuvieron que ceder ante el “miedo” a los poderes fácticos, dejando intacto todo el aparato franquista, pero con el tiempo y la distancia hemos podido comprobar la imperfección de aquella transición consensuada.

Frente a posiciones inmovilistas de que la Constitución era intocable o ante las tesis de “que mejor dejarla como está, pues se podría empeorar”, yo, desde hace algunos años, vengo abogando por la modificación de partes de la Constitución que han quedado obsoletas, básicamente aquellas que fueron impuestas por el aparato franquista, pero, también, la adaptación a los nuevos tiempos (como se hizo con el voto de los europeos) y la corrección de ciertas ambigüedades en materia de administración del Estado, etc.

Curiosamente después de 32 años la Constitución no ha desarrollado aspectos fundamentales, en materia de estructura del Estado, como es la política local y otros. Pero lo más grave es que algunos los principios fundamentales ha sido ninguneados, con frecuencia, por parte del poder político. Los mismos que ahora, curiosamente, proponen, de forma mezquina y en plena campaña electoral, una reforma pactada entre PP y PSOE, con la única “excusa” de contentar a los gobiernos más poderosos de Europa y a “los mercados”. Pues bien, en mi opinión, es una reforma baldía y de cara a la galería en el horizonte del 2018, según nos cuentan.

Si no ha habido voluntad política de solucionar el exceso del déficit, las injusticias sociales aumentan y se incumple sistemáticamente el artículo 9.2. “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social” y otros principios fundamentales de la Constitución, cuyos aspectos se basan en la igualdad y en la justicia. ¿Quién garantiza, con las actuales estructuras políticas, que se vaya a cumplir lo que apela esta reforma?. Si con los desmanes enormes y las corruptelas que se han cometido en Ayuntamientos, en CCAA y en el Estado central, no hay ni un solo político condenado, salvo casos muy flagrantes, que han salido a la luz sólo por intereses partidarios electoralistas o venganzas de particulares codiciosos que no han podido “chupar más del bote”.

El actual déficit del Estado se debe, básicamente, a: Una pésima gestión política de los servicios y bienes públicos; a una financiación oculta de partidos y de organizaciones fieles o de la codicia privada; a una falta de apoyo real a la administración local; a la codicia desmedida de las entidades financieras privadas, junto al desmantelamiento de una banca pública eficaz; a la especulación brutal en la cuestión de la vivienda; una nefasta gestión de la energía; el no ser capaz (el gobierno) de equilibrar la balanza de pagos; y a hacer obras públicas inútiles que no sirven para nada y cuya sostenible gestión era imposible.

Con la pretendida reforma de la Constitución los anteriores problemas no se van a solucionar, sólo se solucionan con voluntad política y buena gestión, voluntad y adecuada gestión que no se percibe en la mayoría de los actuales dirigentes. Así que ¿para qué tanto ruido? O, en todo caso, sométanlo al escrutinio de la ciudadanía.

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(*) Fue diputado en 1977 y en la actualidad presidente de Europa Laica

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