El reglamento de laicidad que prepara el Ayuntamiento de Gijón.
Emilia Vázquez, Vicepresidenta del Ateneo Obrero de Gijón / La Nueva España, 7 de mayo de 2021
Hace poco más de un mes, el Ayuntamiento de Gijón tomó la decisión de someter a consulta pública previa la iniciativa de elaborar y aprobar un reglamento de laicidad sobre el uso de espacios públicos y edificios municipales para, de forma acorde con la neutralidad religiosa, determinar cómo han de ser las relaciones entre el Consistorio y las diferentes confesiones religiosas. Asimismo decidió que las aportaciones se realizaran a través de la página web municipal, facilitando la participación de los ciudadanos y las ciudadanas que así lo deseasen.
Se fundaba la iniciativa en la necesidad de regular el mandato de aconfesionalidad y neutralidad religiosa que obliga al Estado y a todas las instituciones públicas, establecido en el artículo 16 de la Carta Magna y en el artículo I de la Ley Orgánica 7/1980. de 5 de julio, de libertad religiosa.
Antes de que concluyera el período de consulta en la web municipal, ya hubo quien optó por pronunciarse en los medios de comunicación, en el legítimo ejercicio de la libertad de expresión, para descalificar la iniciativa con la virulencia que, desgraciadamente, caracteriza el debate político en los últimos tiempos.
Como no pueden confrontar con los contenidos del reglamento, porque todavía no se ha elaborado a la espera de conocer las propuestas ciudadanas, los presuponen para arrimar el ascua a la hoguera. Por orden jerárquico, como debe ser. El prelado de Ovetus ha acuñado la antinomia “religión atea”, que presuntamente quiere imponer nuestro Ayuntamiento, sin que se le moviese la mitra. El párroco de las aguas la califica de ejercicio de laicidad negativa. Los propagandistas católicos, asumiendo la calificación del párroco y los argumentos del prelado, definen la laicidad negativa como una doctrina ideológica-filosófica materialista y atea de la vida humana y de la sociedad, y reivindican el Concordato de 1979, negociado antes de la aprobación de la Constitución. Y, cómo no, los Abogados Cristianos amenazan con abrir las puertas del infierno judicial.
En el fondo, lo que subyace es la reivindicación de privilegios históricos con origen en la alianza de la espada y la mitra y la nostalgia por el NODO y aquellos fastos presididos siempre por las autoridades civiles, eclesiásticas y militares, obviando que desde entonces la sociedad ha cambiado mucho, y que en España solo el 26,6% de sus habitantes se declaran creyentes practicantes y que en Gijón y en Asturias el 78,1% de las bodas que se celebran son matrimonios civiles.
No es competencia municipal bendecir las aguas, ni decidir los patronos religiosos. Sí lo es garantizar la calidad de las aguas y el baño seguro, y determinar las festividades locales. Por cierto, cuando se habla tanto de tradiciones, hay que recordar que durante años fue festivo el día de San Miguel como reconocimiento a la también tradicional actividad agrícola y ganadera que se desarrolla en el concejo.
Introdúzcase racionalidad y verdad en el debate ciudadano. Que no se agiten fantasmas, como el que hace años se utilizó para mortificar a los pobres trabajadores de la remodelación de las termas, a golpe de piedra en valla, con la falsa afirmación de que la remodelación del Campo Valdés iba a tapar la iglesia allí ubicada.
Paz, hermanos, que laicos somos todos (salvo los ordenados).
