Si por algo se ha distinguido el fascismo a lo largo de la historia es por la segregación. Separar a los adecuados de los inadecuados, a los puros de los impuros, a los “nacionales” de los inmigrantes, a los nuestros de los otros. Pero a esto el fascismo lo denomina “libertad”. Esto es lo que está haciendo el sistema de educación concertada.
Como demuestran las más recientes investigaciones el mayor factor de segregación escolar en este país son los conciertos educativos. Una anomalía en Europa, donde casi el 90% de la educación es pública. Lo que confirman los estudios e, incluso, los informes de organismos internacionales es que los conciertos educativos justifican un sistema que segrega al alumnado y que sirve a las clases medias y altas para alejarse del alumnado con diversidad y de las clases bajas. De hecho, el 82% del alumnado inmigrante, de minorías y con necesidades educativas específicas está escolarizado en la escuela pública. La demanda de centros concertados lo que oculta realmente es el rechazo a la mezcla social, a educar a los hijos e hijas con los que no son de la misma clase. Con ello nos encontramos ante un círculo vicioso de segregación social que, de continuar, aboca a una quiebra radical de la equidad y la cohesión social.
La escuela pública, que es la única que garantiza la equidad, la cohesión social y la convivencia democrática de personas con distintas procedencias socioculturales, y que ha sido el instrumento utilizado por los gobiernos europeos como mecanismo de cohesión en una sociedad libre, tolerante y solidaria, está siendo desmantelada sistemática en la Comunidad de Madrid y en todas aquellas comunidades autónomas españolas donde gobierna directa o indirectamente el fascismo. Según el más reciente informe, en Madrid mientras el P.I.B. de la Comunidad creció un 16,3% en los últimos 10 años, la inversión en educación pública cayó un 18,1%. Mientras invierte 831 euros por alumna/o menos que la media española, destina un 61,5% más a la concertada. Destinar el dinero público, el de toda la ciudadanía, a financiar la segregación escolar es una garantía de desigualdad. Pero esto es lo que pretende el fascismo.
Si por algo se ha distinguido también el fascismo a lo largo de la historia es por el adoctrinamiento ideológico. Para el fascismo todo lo que no es su ideología es adoctrinamiento; todo lo que no sea adoctrinar en su “credo”, lo tacha a su vez de adoctrinamiento. Con su reiterada estrategia de acusar a los demás de lo que ellos practican. Por eso, a su adoctrinamiento, el fascismo lo denomina “libertad”. Que se traduce en imponer “vetos” y censura a enseñar derechos humanos, igualdad y democracia o a exponer conocimientos científicos como la evolución. Leyes para denunciar al profesorado y a los centros educativos en los juzgados si lo hacen. Utilizando esta estrategia de generar temor en los profesionales de la educación. Es la estrategia del lawfare, o guerra jurídica que instrumentaliza la justicia para imponer el “estado de miedo”, propio del fascismo, como hemos visto en Andalucía, Murcia o podemos llegar a ver en Madrid, si gana el fascismo.
Pero también a través de exigir que se sigan inculcando creencias, dogmas e ideologías religiosas en la escuela (para el fascismo esto no es adoctrinar). Esto es herencia del nacionalfranquismo. Otra anomalía en Europa. Se está utilizando el espacio educativo público y común para adoctrinar en dogmas y creencias particulares a las jóvenes generaciones a través de la asignatura de religión. No les basta a la jerarquía católica española con el privilegio de sus púlpitos y sus parroquias, construidas con los recursos de la ciudadanía, que han convertido en propiedad privada a su nombre inmatriculándolas, sino que han impuesto la exigencia, a través de un acuerdo del final de la dictadura franquista con un estado extranjero (el Vaticano), para que todo espacio público educativo se vea obligado a impartir adoctrinamiento religioso a cargo de una legión de catequistas, seleccionados por sus jerarcas ideológicos a dedo según su fidelidad a la doctrina, pero pagados con el dinero público.
El fascismo no admite una educación laica que respete la libertad de conciencia de los menores, eduque sin dogmas y elimine toda forma de adoctrinamiento del currículo escolar. El fascismo no asume que la Escuela Pública ha de ser laica para ser de todos y todas, para que en ella todas las personas nos reconozcamos al margen de cuáles sean nuestras creencias, que han de ser un asunto privado. El fascismo no entiende que mantener la religión en la escuela provoca la segregación del alumnado, en función de las creencias de sus familias, vulnerando el Derecho a la libertad de conciencia. El fascismo no admite que la finalidad de la escuela debe ser enseñar y transmitir el bagaje intelectual, científico y cultural de la especie humana, no inculcar dogmas que además entran en contradicción con la razón, la ciencia y los derechos humanos, como la subordinación de la mujer o el origen mágico de la vida y el universo.
Un exponente de todo ello es lo que Isabel Díaz Ayuso quiere implantar en la Comunidad de Madrid. La que denomina, con ese neolenguaje del fascismo, “Ley maestra de libertad de elección educativa”. Esta ley, como explica el experto educativo Julio Rogero, pretende desmantelar la educación pública, convertir la educación en un negocio privado, potenciar la enseñanza diferenciada y la segregación del alumnado con diversidad funcional, “donar” suelo público para construir centros privados con “sobrecostes”, extender la zona única de escolarización, mantener las clases abarrotadas y no rebajar las ratios, etc., todo lo cual aumentará aún más los actuales guetos educativos clasistas privados en Madrid, para la preservación de los privilegios de los más poderosos económicamente. Como concluye el reciente estudio de Save the Children “solo Turquía segrega más a su alumnado pobre que la Comunidad de Madrid en toda la OCDE”. Este es el modelo de su gestión.
La afirmación del Alcalde de Madrid, Almeida: “Seremos fascistas, pero sabemos gobernar” refleja esta sinrazón. El fascismo cree que gobernar es convertir la educación en un negocio (como todo lo público: la sanidad, las residencias de mayores, los servicios sociales…) y utilizarla para adoctrinar en sus desvaríos ideológicos e impedir que el conocimiento de los derechos humanos, de la democracia, incluso de la ciencia y la capacidad crítica puedan llegar a las futuras generaciones.
Esta es “su libertad”. Este es el futuro que nos espera si vuelve a gobernar el fascismo. Como nos recuerda el conocido profesor y candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Agustín Moreno, las palabras del pastor luterano y teólogo alemán Martin Niemöller, atribuidas al comunista Bertolt Brecht, son proféticas: “Primero vinieron por los comunistas, y yo no dije nada, porque yo no era comunista. Luego vinieron por los socialistas y los sindicalistas, y yo no dije nada, porque yo no era sindicalista… Luego vinieron por mí, y no quedó nadie para hablar por mí”.
El martes 4 de mayo, en Madrid, se decide también entre fascismo o educación pública y laica.