‘¿Queréis retirar, por favor, vuestros crucifijos de mi colegio?’

Se llama Héctor Sánchez, es alumno del instituto de enseñanza media San Roque de la localidad cordobesa de Dos Torres y lleva más de tres años batallando en solitario para que, en cumplimiento de lo que prescribe el Estatuto de Autonomía de Andalucía, el centro escolar retire los símbolos religiosos de sus aulas.

Héctor también exige que el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, se abstenga de “irrumpir en el instituto alterando los horarios para hacer proselitismo católico fuera del horario de religión”. El entrecomillado es parte del comunicado difundido por Andalucía Laica en apoyo del estudiante “reclamando no solo sus derechos, sino los de sus compañeros, contra la confesionalidad imperante en su centro, de titularidad pública”.

Ni caso

Según recuerda Andalucía Laica, el equipo directivo del IES no solo “no le hace ningún caso”, sino que además “no apoyó un vídeo del joven para un concurso sobre derechos humanos promovido por el Defensor del Pueblo.

En esa grabación Héctor reclamaba, precisamente, “los derechos de los niños y niñas del mundo, que incluyen una educación laica en los centros de enseñanza”.

La dirección del centro, informa la asociación laicista, se remitió a una decisión del Consejo Escolar (también interpelado por el estudiante), que se atribuye la facultad de decidir la presencia o no de simbología religiosa, a pesar de que el Defensor del Pueblo Andaluz le manifestó que, al mantener los símbolos religiosos, el Consejo Escolar “se extralimitó de las competencias que le corresponden”.

Vulneración de derechos

Desde Andalucía Laica argumentan con el joven, que ha agradecido los apoyos recibidos en un vídeo reciente, que “los crucifijos u otros símbolos religiosos vulneran los derechos fundamentales de igualdad, libertad religiosa y aconfesionalidad del Estado recogidos en la Constitución Española, y, más específicamente, el Estatuto de Andalucía, según el cual ‘la enseñanza pública, conforme al carácter aconfesional del Estado, será laica’”.

Andalucía Laica ensalza “la valentía y perseverancia de este estudiante, y exige a las autoridades del centro y de la Junta de Andalucía que respondan positivamente a sus peticiones, eliminando la simbología religiosa de los espacios escolares e impidiendo actividades de proselitismo confesional incluso fuera de los tiempos y espacios establecidos para la impartición de religión. En definitiva –concluyen– exigimos el máximo respeto a la libertad de conciencia del estudiantado, un derecho humano fundamental”.

Las dos velas

Al igual que la Constitución, en materia educativa el Estatuto andaluz le pone una vela a Dios y otra al diablo. Su artículo 21 dice explícitamente en su apartado segundo que la enseñanza pública “será laica”, pero a renglón seguido legitima la gatera que las fuerzas conservadoras lograron abrir en el edificio constitucional de 1978 y por la cual la Iglesia venido colando sus prerrogativas:

“Los poderes públicos de la Comunidad –dice el Estatuto– tendrán en cuenta las creencias religiosas de la confesión católica y de las restantes confesiones existentes en la sociedad andaluza”.

El artículo 21 del texto andaluz es una trasposición del artículo 16 de la Constitución, cuya doble vela resulta igualmente inequívoca: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.