Desde hace unos años se viene produciendo un deterioro de “la cosa pública”, me refiero a servicios públicos y derechos sociales como la sanidad, la educación, la asistencia social, la recogida de residuos, el abastecimiento de agua, la limpieza pública o el sistema de pensiones, entre otros.
Las causas de este proceso son varias, aunque la principal está relacionada con el ámbito político y el interés del poder económico por hacer de estos servicios un negocio, suponiendo todo ello una transferencia de recursos públicos y de las familias hacia intereses privados particulares. Las instituciones políticas deberían de estar al servicio de los ciudadanos, pero con frecuencia sus decisiones están mediatizadas, de forma más o menos directa, por el poder financiero – industrial (grandes empresas, consorcios bancarios y fondos de inversión), que mediante diferentes formas de presión y control, siendo la deuda una de ellas, hace que dichas decisiones vayan en favor de sus intereses. La democracia social está en retroceso ante el avance del liberalismo capitalista donde prevalecen el individualismo, la competitividad, los intereses particulares de determinadas minorías y un mercantilismo en el que todo es susceptible de convertirse en mercancía que se compra y se vende en un mercado. El proceso se inicia provocando el deterioro de “lo público”. Se reduce el presupuesto en sanidad pública empeorando su calidad asistencial y empujando hacia las aseguradoras privadas a quienes, si es que pueden pagarla, necesitan una mayor asistencia de la que ofrece la sanidad pública. Se cierran aulas y se reduce la oferta en la enseñanza pública a la vez que se amplían los conciertos educativos y las autorizaciones para centros privados. Se recortan las pensiones, empujando a los ciudadanos que puedan costeárselo hacia los planes de pensiones privados. Se externalizan servicios municipales como la gestión del agua o residuos, y se privatiza la asistencia social, la ayuda a la dependencia y la atención a mayores. Se reduce la inversión pública en investigación científica dejando la iniciativa al sector privado, que tiene unos intereses económicos concretos, queriendo rentabilizar de forma rápida sus inversiones, sin tener en cuenta el interés social. Las excusas para esto suelen ser el mal funcionamiento de “lo público”, aunque antes se ha provocado su deterioro; o un supuesto coste inferior si se privatiza, pero en realidad, esto no suele mejorar su calidad, ni reducir su coste, sino que con frecuencia ocurre lo contrario, además de producir un deterioro de las condiciones laborales de quienes prestan estos servicios, todo ello, en beneficio de intereses particulares. A esto se añade los intereses partidistas, la corrupción y el malgasto que a veces se produce en la administración de los recursos públicos. Con todos estos componentes, poco a poco, los derechos sociales se van convirtiendo en negocio para el capital privado, y si nadie lo remedia, “lo público” quedará reducido a algo marginal, de escasa calidad, destinado a los sectores sociales más empobrecidos.
Hay otros aspectos a tener en cuenta en este proceso. Uno sería el comportamiento de una parte de los empleados públicos con respecto a la asistencia al trabajo y las bajas laborales, además de la dejadez, el desinterés y la falta de responsabilidad social, perjudicando la calidad y la reputación de “lo público” y del colectivo, que en general cumple bien su tarea. Asimismo, la utilización indebida que una parte de la sociedad, tanto individuos como asociaciones y empresas, hace de determinados servicios públicos, prestaciones, subsidios, subvenciones, bonificaciones o ayudas sociales, generando desprestigio de “lo público”. Por su parte, la administración política en vez de mejorar la gestión para que estos hechos no sucedan, los utiliza, a veces aumentando su importancia, como pretexto para reducir, eliminar o privatizar “lo público”, aunque el principal motivo de esa decisión política sea favorecer el negocio privado.
Ante esta situación, cabe preguntarse: ¿qué podemos hacer para proteger los derechos sociales y los servicios públicos?
Lo primero, desarrollar un sistema de impuestos verdaderamente progresivo y justo, terminando con los beneficios fiscales, sobre todo de grandes empresas y sociedades de inversión. Un sistema que permita conseguir los recursos suficientes que hagan posible unos servicios públicos de calidad. Para ello también es necesario luchar de verdad contra el fraude fiscal, la economía sumergida y la corrupción, en sus distintas formas.
Otro aspecto fundamental es la concienciación ciudadana. Por un lado, para organizarse y reivindicar, por justicia social, unos servicios públicos dignos. Por otro, para hacer un buen uso de ellos, con responsabilidad personal y criterio social. Esta concienciación también es necesaria en los empleados públicos, que deben hacer todo lo que esté en sus manos para que los servicios públicos, teniendo en cuenta las circunstancias, sean lo mejor posible, atendiendo las necesidades de los ciudadanos, eso es lo principal, y las quejas sobre posibles deficiencias del servicio deben dirigirlas hacia instancias superiores, solicitando o exigiendo su mejora. Y por supuesto, hace falta que la clase política se dedique únicamente a servir a los ciudadanos, a intentar resolver los problemas sociales, y no a servir sus intereses personales, partidistas o de determinados grupos de poder.
También es necesario un control ciudadano en la gestión de los servicios públicos mediante consejos o auditorías en las que participen usuarios y asociaciones correspondientes, para verificar su buen funcionamiento, analizar deficiencias y problemas, proponer y reclamar mejoras, detectar y prevenir una posible corrupción o malgasto, etc.
Una sociedad que se considere democrática debe cubrir de una manera digna los derechos sociales y disponer unos servicios públicos universales y de calidad. Si hay personas que acuden a lo privado que no sea porque hayan sido empujadas a ello por las deficiencias, carencias o deterioro de “lo público”.
