El crecimiento de las universidades privadas en España amenaza con desplazar a la educación pública, en un fenómeno impulsado por el interés empresarial y de inversión.
En España, la educación universitaria se encuentra en plena transición: si el ritmo actual de apertura de universidades privadas no se detiene, la cantidad de estos centros de enseñanza superior superará en breve a las instituciones públicas. En la actualidad, el sistema cuenta con 50 universidades públicas, mientras que las privadas ya suman 46, con varias en proceso de aprobación. Sin embargo, mientras la Administración no crea nuevas instituciones desde 1998, las privadas han experimentado un auge en las últimas dos décadas, especialmente en estudios como Medicina, donde la matrícula puede alcanzar hasta 23.000 euros por curso frente a los 1.240 euros de la pública.
El crecimiento de la oferta privada en educación superior no solo responde a la demanda, sino también a la inversión de empresas y fondos de inversión en este sector, donde hallan oportunidades de crecimiento y rentabilidad. No obstante, este fenómeno ha generado preocupación entre las autoridades, que temen un descenso de la calidad educativa y una limitación del acceso a los estudiantes sin recursos.
La titularidad de estas universidades privadas es diversa. Cerca de 15 están ligadas a instituciones religiosas, mientras que otros centros son gestionados por empresas y, cada vez más, por fondos de inversión. Destacan casos como el de la Universidad Europea, que fue adquirida en 2018 por Permira por 770 millones de euros y luego vendida a EQT por 2.200 millones. Estos fondos, no obstante, aseguran tener el objetivo de crear impacto social positivo en la educación.
Pese a este optimismo por parte de los inversores, las cifras de alumnos en universidades privadas continúan siendo inferiores a las de las públicas en carreras de grado, aunque muestran una tendencia ascendente: en 2015, el 13,3% de los estudiantes de grado optaban por instituciones privadas, cifra que alcanzó el 21,8% el último curso. Este crecimiento ha sido aún mayor en el ámbito de los másteres, donde la universidad privada ya acapara más del 63% de las plazas disponibles y un 50,2% de los estudiantes inscritos.
El Gobierno ha intentado controlar la calidad de las nuevas universidades privadas mediante informes que evalúan la capacitación de los docentes, los recursos económicos y las instalaciones. Sin embargo, estos dictámenes no son vinculantes, lo que permite a las comunidades autónomas aprobar la apertura de nuevos centros privados sin necesidad de cumplir las recomendaciones del Ejecutivo. Desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia en 2018, se han emitido 21 informes desfavorables y cinco positivos sobre propuestas de nuevas universidades. En paralelo, la coalición de Gobierno ha promovido en el Congreso la aprobación de una medida para que estos informes sean vinculantes, pero la moción fue rechazada por PP, Vox y Junts.
La expansión de la universidad privada es percibida con recelo en algunas comunidades autónomas. Asturias, por ejemplo, asegura que solo aprobará la instalación de la Universidad Europea si el informe de la Administración es favorable, mientras que Castilla-La Mancha mantiene suspendidas diez propuestas de universidades privadas hasta la aprobación de una nueva ley regional de universidades.
Por su parte, Cataluña, una de las regiones con las universidades de mayor prestigio, no ha aprobado ninguna universidad privada desde 2003. En cambio, en Andalucía, se han autorizado cuatro universidades privadas en tan solo diez meses, y una nueva legislación regional exigirá a estos centros dedicar un porcentaje de sus ingresos a becas e investigación, en un intento de mejorar la equidad y la calidad académica.
La escasez de recursos públicos limita a las universidades para incrementar sus plazas, lo que motiva a muchos estudiantes a optar por instituciones privadas si cuentan con los recursos para ello.
Este debate entre educación pública y privada se intensifica en un contexto en el que algunos expertos ven el acceso a la universidad como un derecho más que como una cuestión de mercado. Con la proliferación de universidades privadas, España se encuentra en una encrucijada: mientras la pública se enfrenta a problemas de financiación y recursos, la privada crece en un sistema que privilegia a quienes pueden pagar y limita la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo.
