Resulta escandalosa la polémica creada por sectores ultraconservadores de la derecha española y de la Iglesia Católica para rechazar la nueva asignatura de “Educación para la ciudadanía y los derechos humanos”. Se arrogan el derecho de exigir que la única formación cívica y moral sea la que proponen desde su intransigente visión religiosa que, con todo el respeto, sólo les incumbe aceptar y cumplir a sus fieles seguidores católicos.
omo recoge nuestra Constitución, somos un estado aconfesional. Este concepto no sólo significa que ninguna religión tendrá carácter ¿estatal?, sino que toda la sociedad, independientemente de sus creencias religiosas, debe estar impregnada de una ética laica que regule de forma democrática, plural e igualitaria la vida de los ciudadanos. Por ello, se hace imprescindible impartir desde esta visión laica de la vida social y por la institución implicada en la educación, la escuela, una formación cívica y moral de todos nuestros jóvenes. Así se garantizaría que una educación en valores personales, sociales y políticos no dependa del gobierno de turno, sino de una base sólida para formar en "el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales" (Art. 27.2 de la Constitución).
Pero no sólo se recoge en nuestra Constitución. En el año 2002, el Consejo de Europa recomendó a todos los sistemas educativos europeos incorporar la materia "Educación para la ciudadanía" con el objetivo de formar al alumnado para la vida en sociedad y dotarlos de una serie de valores necesarios para la convivencia democrática. La mayor parte de los países europeos esta materia está presente en sus sistemas educativos con diferentes denominaciones, pero en todas con una base común que recoge una serie de competencias que el alumnado debe adquirir, relacionadas con una "cultura política, actitudes y valores personales y sociales y participación responsable y crítica en la comunidad".
Estas recomendaciones del Consejo de Europa se han plasmado en la LOE (Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo, BOE 106 de a de Mayo) que recoge la materia de "Educación para la ciudadanía y los derechos humanos" para impartir en 3° Ciclo de Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Sus contenidos, al igual que en la mayoría de los sistemas educativos europeos, se organizan en tres bloques en los que los conceptos, los procedimientos y las actitudes se abordan desde una perspectiva integrada:
- El bloque 1, Individuos y relaciones interpersonales y sociales trata los aspectos personales: la autonomía y la identidad, el reconocimiento de las emociones propias y de los demás. Propone un modelo de relaciones basado en el reconocimiento de la dignidad de todas las personas, del respeto al otro aunque mantenga opiniones y creencias distintas a las propias, de la diversidad y los derechos de las personas. A partir de situaciones cotidianas, se aborda la igualdad de hombres y mujeres en la familia y en el mundo laboral. Un aspecto prioritario, relacionado con la autonomía personal, es siempre la asunción de las propias responsabilidades.
- El bloque 2, La vida en comunidad trata de la convivencia en las relaciones con el entorno, de los valores cívicos en que se fundamenta la sociedad democrática (respeto, tolerancia, solidaridad, justicia, ayuda mutua, cooperación y cultura de la paz), de la forma de abordar la convivencia y el conflicto en los grupos de pertenencia (familia, centro escolar, amigos, localidad) y del ejercicio de los derechos y deberes que corresponden a cada persona en el seno de esos grupos, identificando la diversidad, rechazando la discriminación y valorando la participación y sus cauces. Asimismo, desde el reconocimiento de la diversidad cultural y religiosa presente en el entorno inmediato, se puede trabajar el respeto crítico por las costumbres y modos de vida distintos al propio y permite proporcionar elementos para identificar y rechazar situaciones de marginación, discriminación e injusticia social.
- El bloque 3, Vivir en sociedad propone un planteamiento social más amplio: la necesidad y el conocimiento de las normas y principios de convivencia establecidos por la Constitución, el conocimiento y la valoración de los servicios públicos y de los bienes comunes, así como las obligaciones de las administraciones públicas y de los ciudadanos en su mantenimiento. Algunos de los servicios públicos y de los bienes comunes reciben un tratamiento específico adecuado a la edad de este alumnado, es el caso de la protección civil, la seguridad, la defensa al servicio de la paz y la educación vial.
Si repasamos los objetivos y contenidos de asignatura "Educación para la ciudadanía y los derechos humanos" podremos constatar que todos han estado presentes en nuestro sistema educativo. Así se puede comprobar en las Áreas de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, en Filosofía, en la Ética como alternativa a la Religión Católica en la EGB, en la materia de Educación ético-cívica de 4°, en temas transversales (Educación no sexista, Educación para la convivencia, para la paz y para la salud) y en proyectos educativos complementarios en colaboración con los ayuntamientos. Entonces ¿por qué en este momento los sectores más reaccionarios de la derecha española y de la jerarquía eclesiástica han lanzado este ataque feroz y desproporcionado a esta materia cuando realmente no hay nada nuevo en sus contenidos?
Si leemos las críticas contra esta materia, como recoge Gregorio Peces-Barba en su artículo "Sobre laicidad y laicismo" (El País, 19-9-07), hay una manipulación de los contenidos de la materia, callando lo que no interesa, utilizando frases entresacadas e interpretando de forma subjetiva y malintencionada el texto. Resulta escandaloso que desde la jerarquía eclesiástica, con el apoyo explícito de un estado extranjero, ("El Vaticano respalda a los obispos en su boicoteo a Educación para la Ciudadanía", El País 27-7-07) se llame a la objeción conciencia de una asignatura oficial, Ley Orgánica, aprobada por el Parlamento, sin explicar a los alumnos afectados las consecuencias negativas que esto puede acarrear para sus estudios.
¿Qué se esconde detrás de estas críticas? La jerarquía católica quiere ocultar lo que realmente le preocupa. Es indudable, y más antes que después, que el estado español tendrá que plantearse seriamente dos lacras heredadas del pasado: la denuncia de los acuerdos inconstitucionales con el Estado Vaticano y la salida de la religión del sistema educativo. Como recoge Bonifacio de la Cuadra en su artículo ¿Para cuando el estado laico? (El País, 4-9-07) conseguir una sociedad laica es "una decisión urgente, exigible a una gobierno socialista, y que no admite aplazamientos a cargo de previsibles votos inmediatos católicos ni claudicaciones ante las presiones intolerables de la jerarquía eclesiástica, que muerde su presa sin soltarla".
La tibieza del Gobierno ante tan escandalosa situación resulta incomprensible teniendo en cuenta que el PSOE en su programa electoral de 2004 recogía que "la educación debe potenciar los valores y atender las necesidades de una escuela pública y laica". Juan José Tamayo en su artículo "Gol en propia puerta" (El País, 12-9-07) refiriéndose a los acuerdos llegados con la FERE[ 1] "para evitar una sublevación de la jerarquía católica y de influyentes sectores de la patronal de la enseñanza, la asignatura ha sufrido tal cúmulo de modificaciones que la hacen poco menos que irreconocible […]. Pero la mayor desnaturalización se ha producido al conceder a los colegios la libertad de adaptar los contenidos de la asignatura al ideario de centros". Con esta modalidad los colegios religiosos tienen dos formas de adoctrinamiento: la religión y educación para la ciudadanía. Volviendo al artículo de Tamayo "en el pulso de la Iglesia Católica con el Gobierno ha vuelto a ganar la Iglesia y por cuarta vez durante esta legislatura. Primero fue la negativa a denunciar los Acuerdos con la Santa Sede, muy beneficiosos para la Iglesia católica. Después, la LOE, que considera la religión confesional como materia evaluable y contempla una alternativa. Posteriormente, la subida del tipo del 0,52 al 0,70 % en la declaración de la renta a favor de la Iglesia Católica… Y ahora, la desnaturalización y, en cierta medida, la confesionalización de la Educación para la ciudadanía". Y el Gobierno asustado y sin querer dar respuesta con todas las armas que tiene en su poder, desde la elevada subvención anual a la Iglesia Católica, ya caducada, hasta los conciertos educativos, la expulsión de la religión de la escuela, las subvenciones a ONG católicas o la denuncia de los acuerdos con el Vaticano. Pero… éste es el Gobierno amedrentado que tenemos.
[1] Federación Española de Religiosos de la Enseñanza
