El organismo restringe dicho acceso en los comités de ética de los hospitales a la información sobre «quienes hubieran solicitado la asistencia religiosa»
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha finalizado el informe encargado por el Ministerio de Justicia sobre el convenio suscrito entre la Comunidad de Madrid y el Arzobispado de la capital, que permite la presencia de sacerdotes en los comités de ética de los hospitales públicos. En ese informe, la Agencia pide al Gobierno regional que limite el acceso del personal religioso a los datos de los pacientes, según ha informado hoy la AEPD en un comunicado.
La AEPD ha remitido al Ejecutivo autonómico las conclusiones del informe para que sean trasladadas a los centros hospitalarios. La Agencia entiende que el acceso a datos por parte del Servicio de Asistencia Religiosa Católica (SARC) en los comités éticos y equipos interdisciplinares de los hospitales públicos madrileños "debe limitarse a los datos de quienes hubieran solicitado la asistencia religiosa del Servicio". Y puntualiza que "el acceso a los datos del paciente debe limitarse a los datos relacionados con la función de asistencia espiritual de los pacientes o de las personas vinculadas a los mismos". El organismo también exige que, cuando el asesoramiento de los comités éticos sea solicitado por un familiar del enfermo, "deberá tenerse en cuenta la voluntad de éste en el sentido de conocer si desea la asistencia religiosa".
En enero pasado, según reveló la Cadena SER, el Gobierno que preside Esperanza Aguirre firmó un convenio con la Provincia Eclesiástica de Madrid que deja la puerta abierta a la entrada de sacerdotes católicos en los comités de ética de los hospitales públicos. No obstante, se trata de una posibilidad que ya establecía la Comunidad de Madrid en el anterior convenio, de 1997, sobre la asistencia religiosa católica en los hospitales.
La noticia causó una gran polémica. La tarea de estos comités de ética, integrados normalmente por profesores de Ética, de Derecho, enfermeros, asistentes sociales y médicos, suele ser proponer protocolos de actuación en casos que puedan plantear cualquier tipo de conflicto ético (abortos en avanzado estado de gestación, cuidados paliativos, etcétera) y, en el caso de que algún profesional lo pida, valorar situaciones concretas en informes no vinculantes. A pesar de que existe la posibilidad de incluir a los sacerdotes, lo cierto es que no suelen estar en esos comités a no ser que sean expertos por su labor médica o su experiencia en filosofía o bioéticas.
