La propuesta del PSOE sale adelante con 178 votos a favor por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la proposición no de ley impulsada por el PSOE por la que insta al Gobierno a «continuar desarrollando políticas públicas adecuadas para garantizar la igualdad de género, con especial atención a la protección y defensa de los derechos sexuales y reproductivos«. La medida, en la que se incluye la garantía de acceso al aborto en condiciones de «igualdad, dignidad, calidad asistencial y seguridad«, ha salido adelante con 178 votos a favor (PSOE y socios), 33 en contra (Vox) y 138 abstenciones (PP).
Además de ello se ha incluido una enmienda transaccional del PSOE, Sumar y ERC, en la que instan al Gobierno a culminar el trabajo del Ministerio de Sanidad en la redacción del protocolo de personas objetoras de conciencia, mediante la implementación de las medidas recogidas en el mismo. El objetivo es el de «dar una respuesta inmediata a la urgente necesidad de garantizar un acceso en condiciones de igualdad, dignidad, calidad asistencial y seguridad a la interrupción voluntaria del embarazo por parte de todas las mujeres en el sistema público de salud«, han recalcado desde el Congreso.
Además, ha solicitado «continuar rechazando los planteamientos, actuaciones y asociaciones contrarias a la interrupción voluntaria del embarazo que ponen en riesgo el libre acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y el libre ejercicio de los profesionales que practican estas intervenciones médicas».
Vox en contra del derecho al aborto
La formación de Santiago Abascal ha sido finalmente la única fuerza que ha dado su negativa directa a la propuesta socialista. La diputada del grupo de extrema derecha, Lourdes Méndez, ha criticado además la abstención del Partido Popular, al que ha criticado por «asumir de forma total la ideología de género y la consideración del aborto como un derecho», ha recalcado. Asimismo, ha expuesto que su formación considera a los demás partidos unos «radicales» porque «consideran que (el aborto) es un derecho y es un avance y es progreso el matar a un ser humano».
Méndez ha continuado diciendo que «el derecho a la vida, señorías, es la raíz y el sustento de toda civilización. Y solo Vox lo defiende por convicción. Otros se equivocaron cuando por rentabilidad política abandonaron los principios. El mundo está despertando y el PP se empeña en estar en el lado equivocado de la historia», ha concluido.
Desde la bancada ‘popular‘, Elvira Velasco ha destacado en su intervención que «es importante que en esta iniciativa quede claro que los profesionales sanitarios han de ser tenidos en cuenta«. «La ley lleva publicada desde el 28 de febrero de 2023 y ahora casi dos años después ustedes presentan esta iniciativa en línea con los anuncios flash de la ministra. Eso sí, saltándose la ley en los artículos antes mencionados porque no tienen en cuenta ni al marco del Consejo Territorial ni a las profesiones sanitarias», ha asegurado.
El PSOE aboga por una educación sexual accesible y segura
Del otro lado, la diputada del PSOE, Andrea Fernández, quién ya había defendido este pasado martes en el debate de la iniciativa que «el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es, sobre todo, un derecho a la salud«, ha advertido en el Congreso que «eliminar o limitar la posibilidad de que las mujeres puedan interrumpir sus embarazos en condiciones de garantías médicas no evita los abortos» sino que «solo pone en juego su salud, exponiéndolas a la muerte».
«No necesitamos reflexiones sobre si el aborto debe perseguirse, prohibirse o no, señorías. Necesitamos cumplir la ley de salud sexual y reproductiva. Es decir, necesitamos educación sexual, lo que implica también abordar cuestiones muy espinosas como la pornografía, necesitamos anticoncepción y planificación familiar. Y para eso necesitamos a todas las fuerzas políticas dispuestas a sostener un debate honesto y sin los excesos propios de los que les he hablado anteriormente», ha señalado Fernández, centrando su discurso en la protección de las mujeres y la garantía de que podrán abortar en condiciones seguras y accesibles.
En esta misma línea Fernández ha advertido de que «la inseguridad en el acceso a la interrupción del embarazo no se circunscribe a la extrema derecha» y ha añadido que «son muchas las comunidades autónomas en las que acceder a este derecho es difícil» como «Castilla y León». «La no actualización del registro de objetores hace que esta prestación deba ofrecerse en clínicas privadas, y además se hace a través de ofertas públicas muy por debajo del coste que requiere esta prestación. Esto se traduce en viajes inasumibles por parte de las pacientes, en tener que correr por su propia cuenta con gastos que no les corresponden, y además supone la imposibilidad de acceder a qué método desean emplear para interrumpir su embarazo», ha remarcado en este sentido.
Desde Sumar, la diputada Ana Vidal ha afirmado que garantizar el derecho al aborto es «crucial» para «eliminar las desigualdades que padecen muchas mujeres, especialmente aquellas que viven en situación de exclusión social, marginación o discriminación, porque por muy católica que sea la clínica, si hay dinero, el aborto se hace». «El aborto debería ser un derecho fundamental, autónomo, que reconociera que las mujeres somos libres y que nuestro cuerpo es nuestro», ha asegurado para añadir que, desde su grupo, no permitirán que en los hospitales públicos no exista personal médico para realizar abortos.
Podemos asegura que el feminismo «es testimonial»
Noemí Santana, de Podemos, ha lamentado que en esta legislatura el feminismo haya pasado a ser «algo testimonial» y a un «segundo plano» del debate político. Asimismo, ha añadido que existen «retos importantes» por sacar adelante, haciendo referencia a «la falta de registros adecuados de objetores de conciencia» y las «desigualdades» regionales en el acceso al aborto. «Debemos garantizar una supervisión efectiva y asegurar los recursos adecuados para todas las mujeres sin importar su origen, situación económica o el lugar donde viven», ha concluido Santana.
El nacionalismo también ha apoyado la propuesta del PSOE. Joseba Agirretxea, del PNV, ha defendido en el Congreso «el acceso libre y gratuito de las mujeres que necesiten interrumpir su embarazo», así como el derecho a la atención de los médicos individualmente y la autonomía de las comunidades autónomas, «plenamente competentes para organizar estos servicios».
Desde EH Bildu, Marije Fullaondo ha criticado que aquellas comunidades autónomas gobernadas por el PP con Vox «no solo no han desarrollado el derecho al aborto, sino que además le han puesto todo tipo de impedimentos». Además, ha pedido que se implemente «en su totalidad» la ley sobre derechos sexuales y reproductivos, «no solo en cuanto al derecho a la interrupción del embarazo».
Por último, Nésto Rego, del BNG, también se ha mostrado a favor de la iniciativa de los socialistas, asegurando que hay que «avanzar en la protección de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres». Además, indicó que «ningún hipotético derecho de un médico puede negar lo que es fundamental para preservar la salud y la vida de las mujeres».
El registro de los objetores de conciencia
Por su parte, Junts ha defendido que la decisión sobre el registro de los objetores de conciencia respecto la aborto sea «de cada centro sanitario del sistema público de salud y no de ámbito autonómico», a través de una enmienda. Un formato que también ha presentado ERC junto al Gobierno central, en este caso con el objetivo de «rechazar los planteamientos, congregaciones y asociaciones antiabortistas por poner en riesgo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y promover el odio hacia todas aquellas mujeres que decidan libremente acceder a este derecho, y hacia todos los profesionales que trabajan para garantizarlo».
«Hay un capítulo del Cuento de la Criada que comienza de la manera más tonta en una sociedad normal y acaba sin tarjetas de crédito, sin capacidad de votación, sin capacidad de tener una cuenta bancaria, y es una distopía. Pero si no los paramos, acabará siendo verdad«, ha alertado su diputada Pilar Valluguera.
