Sin consumarse aún la reforma del artículo 24 constitucional, en algunas regiones de México se han producido actos violatorios del artículo 3° de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, donde se establece con claridad que la educación que imparta el Estado “será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa”.
Seré específico: hace algunos días recibí un correo electrónico del ministro de culto Víctor Almazán, informándome sobre la presencia de un seminarista en la escuela pública “Miguel Hidalgo y Costilla”, situada en el Ejido La Mora del municipio de Zapotlanejo, Jalisco, para realizar proselitismo religioso con la autorización de Roberto Chávez Nuño, director de dicho plantel, así como de los maestros que laboran en el mismo.
Los niños de esa escuela aseguran que el seminarista (de nombre Ismael) les pidió que fueran pensando en convertirse en seminaristas, y a las niñas en monjas, explicando a todos ellos las virtudes de la vida religiosa. Al regresar a sus hogares, los alumnos no católicos informaron a sus padres los pormenores de este ilegal suceso.
Como trabajador al servicio de un Estado laico, Chávez Nuño debería saber que el permiso que otorgó al citado seminarista, y la labor proselitista que éste realizó en un espacio público, al que asisten niños con diversas creencias religiosas, constituyen una clara violación a la ley.
La Iglesia católica está en su derecho de intentar remediar la crisis de vocaciones que sufre desde hace algunas décadas, misma que se ha agudizado desde que los medios de comunicación comenzaron a difundir los innumerables casos de pederastia clerical. Lo que no puede hacer es introducir en las escuelas oficiales a sus emisarios con la encomienda de convencer a los niños para que opten por la vida religiosa en los seminarios, y a las niñas para que abracen la vida conventual.
Es muy común que en las escuelas religiosas se incite a los niños a optar por la formación sacerdotal. En el libro Cruce de espadas: política y religión en México, Roderic Ai Camp señala que “los sacerdotes que llegan a obispos, en general recibieron alguna educación previa al seminario en las escuelas primarias religiosas. De hecho, más de la mitad de los futuros obispos asistieron a escuelas confesionales antes de ingresar al seminario”.
Está claro que la reforma al artículo 24 constitucional no responde a demandas ciudadanas, sino a exigencias clericales; y tiene como objetivo esencial que se imparta educación religiosa en las escuelas públicas. Si esta modificación llegara a concretarse, nuestros hijos quedarían bajo el asedio de quienes procuran resolver la crisis de vocaciones sacerdotales que afecta a la Iglesia católica desde hace algún tiempo.
En manos de los Senadores está la tranquilidad futura de nuestros hijos, así como la vigencia de la educación laica y de nuestras libertades constitucionales. Les corresponde a ellos rechazar la minuta de reforma del artículo 24 constitucional, aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 15 de diciembre. De esta manera impedirán que campañas en busca de vocaciones sacerdotales se realicen en las escuelas públicas.
A la par con el rechazo de esta modificación, el Senado de la República tendrá que aprobar la reforma del artículo 40 de nuestra Carta Magna –en espera de ser dictaminada– para elevar a rango constitucional el carácter laico del Estado mexicano. Así, podrán impedirse acciones como la que lleva a cabo la Secretaría de Educación Pública (SEP), que promueve la versión de la existencia de Juan Diego y de la aparición de la virgen de Guadalupe como un hecho histórico.
Me permito recordarle al titular de la SEP lo siguiente: de acuerdo con la Constitución, el criterio que orientará a la educación pública “se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”. La ley es clara y exige eliminar de los programas de estudio y de libros de texto vigentes cualquier elemento dogmático o religioso.
