Reclaman al Estado que les libere de las condiciones que les impone la Iglesia
“La Iglesia no tiene nada que ver con lo civil, y el contrato que regula las relación laboral de un profesor de religión es civil”. Luis Guridi, vicepresidente de FEPER, la Federación Estatal de Profesores de Religión, defiende el papel de su colectivo en una sociedad cada vez más secularizada, frente a las presiones de la Iglesia.
La FEPER representa a 2.000 profesionales en un conjunto de 12.290 docentes que trabajan en los centros públicos, según datos del ministerio de Educación. El Estado paga sus nóminas, con un importe que supera los 345 millones de euros. Los profesores de religión son el último colectivo en equipararse en derechos al resto de trabajadores de la enseñanza. Aún no han completado su cuadro de reivindicaciones, como recuerdan sus representantes sindicales.
La voz crítica de la FEPER ha plantado cara de igual forma a la Iglesia y al Gobierno, y eleva sus demandas sólo ante quien, a su juicio, está en condiciones de concedérselas: el Estado. “Exigimos al Ejecutivo que se cumpla a rajatabla la Ley”. Es su máxima reivindicativa. ¿Y la Iglesia? “Que no se meta, porque no tiene atribuciones”, sentencia Guridi. “Lo nuestro no es catequesis, sino enseñanza”. La diferencia, a su juicio, está muy clara: “No hacemos proselitismo. Un colegio no es una parroquia”.
En una relación cuajada de anacronismos, como la que mantienen la Iglesia católica y el Estado en materia de enseñanza, el gran caballo de batalla de los profesores de religión es la arbitrariedad. “La remoción [la capacidad que se arroga la Iglesia para retirar de su puesto a un profesor] es contraria a Derecho; tenemos el Estatuto de los Trabajadores”, revindica este responsable sindical. “La arbitrariedad no es posible en el siglo XXI, cualquiera no puede hacer lo que le dé la gana”, concluye Guridi en relación con las denuncias por despido improcedente que condenan a la Iglesia.
Debate “sin apasionamientos”
Más próxima a la doctrina oficial, la APPRECE, Asociación Profesional de Profesores de Religión en Centros Estatales, defiende también el papel del profesorado de religión lejos de cualquier parecido con un catequista. “No evaluamos la fe del alumno, sino sus conocimientos”, explica su vicepresidente, Rafael Martín, quien invita a abordar la elección de los docentes por parte de cada obispo “sin apasionamientos”. “La Iglesia tiene que garantizar que el profesor de religión es la persona adecuada”.
El responsable de APPRECE, que representa a 5.000 docentes, resume en dos puntos sus reivindicaciones: “Que se aplique la ley relacionada con la asignatura de religión y que se ponga en práctica el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado en abril de 2007, de manera que se considere a todos los profesores de religión personal laboral indefinido”. Martín reclama, además, la necesidad de un convenio colectivo propio para los profesores de religión.
