El juez les acusa de asesinato y crímenes de lesa humanidad
El rector de la Universidad Centroamericana (Uca), el jesuita español Ignacio Ellacuría, se había convertido en una amenaza para los sectores más reaccionarios del Gobierno y el Ejército de El Salvador. Su talante de diálogo y sus esfuerzos para conseguir la paz entre la guerrilla revolucionaria del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Ejecutivo fueron percibidos como un intento de acabar con la influencia de la Tandona, como se conocía al grupo de militares que copaban los puestos de máxima responsabilidad en el Ejército durante la guerra que asoló el país entre 1982 y 1992. Así que varios de sus miembros organizaron toda una campaña de desprestigio contra él y prepararon y ejecutaron su asesinato y el de otros cinco jesuitas, cuatro de ellos también españoles. En la operación militar murió además la mujer y la hija del guardián de la universidad.
Casi 11 años después de estos hechos, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha procesado y ha ordenado la captura internacional del que era ministro salvadoreño de Defensa cuando se produjeron los hechos, Rafael Humberto Larios, y los 19 militares que idearon, organizaron y perpetraron la matanza. El magistrado considera que todos ellos habrían cometido los presuntos delitos de asesinato, terrorismo y crímenes de lesa humanidad al haber aprovechado un "contexto inicial de guerra" para culminar una "vulneración de derechos humanos" de carácter "xenófobo" que tuvo como único objetivo a los jesuitas de la Uca. En total, les corresponderían hasta 270 años de cárcel, de los que el juez exonera al expresidente Alfredo Cristiani, al que los querellantes apuntaban como encubridor de la masacre.
La resolución de Velasco cuenta cómo el plan para acabar con el jesuita español comenzó tras la ruptura de las negociaciones entre el Ejecutivo y la guerrilla y la posterior vuelta a las armas, a finales de octubre de 1989. El Ejército lanzó entonces una "operación psicológica" consistente en emitir amenazas a través de todas las emisoras de radio, muchas de las cuales iban contra Ellacuría, al que se acusaba de "cerebro del FMLN", lo que, según el juez, tenía por objeto "crear el clima adecuado para matar a los sacerdotes retratándolos como el enemigo".
El siguiente paso, concluido cuatro días antes de los asesinatos, consistió en registrar la Universidad Centroamericana, jaleada desde el Gobierno salvadoreño como "centro de planificación" y "refugio seguro del FMLN" a través de las ondas, y en apostar un grupo de soldados a sus puertas para controlar a todos los que entraban o salían. A pesar de lo infructuoso del registro, el ministro Larios ordenó una nueva entrada en el centro en busca de "terroristas". Esta segunda intervención fue ejecutada por la unidad de élite del batallón Atlacatl, la misma que finalmente perpetró los crímenes tres días después, el 16 de noviembre. El juez cree que solo era la preparación de la matanza.
El relato de su ejecución es estremecedor. En su camino hacia la residencia de los sacerdotes, los soldados se encontraron con la esposa y la hija del guardián de la universidad, que trataron de protegerse junto a los religiosos. Estos salieron alarmados del edificio, pero los miembros del comando les obligaron a tirarse en el suelo. Entonces, uno de los soldados disparó contra Ellacuría y sus compañeros Ignacio Martín Baró y Segundo Montes con un fusil AK-47 de fabricación soviética, para tratar de simular que los asesinatos habían sido cometidos por la guerrilla. "Esto es una injusticia. Eres escoria", es lo último que acertó a decir Martín Baró, según un testigo de su muerte.
Al mismo tiempo, otro militar disparaba contra la esposa y la hija del guardián "mientras se agarraban la una a la otra". Cuando el sargento que estaba al mando descubrió que aún seguían vivas, ordenó a otro soldado que se asegurase de su muerte. Este descargó por completo sobre ellas el cargador de su fusil M-16.
Además del exministro Larios, Velasco imputa estos delitos al exjefe de Estado Mayor René Emilio Ponce; a los exviceministros Juan Orlando Zepeda e Inocente Orlando Montano; al exjefe del Estado Mayor René Emilio Ponce; al responsable de la brigada de Infantería Francisco Elena y a varios miembros del comando de élite del batallón Atlacatl que se encargaron de apretar el gatillo. Después de hacerlo, echaron la culpa a sus adversarios al dejar escrito en la pared: "El FMLN ejecutó a los enemigos espías".
