Entre los diversos significados, "patente de corso" simboliza poseer y disfrutar de privilegios más allá de los derechos que la Ley impone y proclama para el conjunto de la ciudadanía y de las Instituciones públicas y privadas. La Iglesia Católica oficial española (IC) disfruta de "patente de corso", con la complicidad de una buena parte de las personas que se dedican a la política. Aunque esa deriva cómplice es más activa y militante entre los partidos del centro derecha y nacionalistas, que en los partidos que se pueden considerar como del centro izquierda o de la izquierda.
Aunque no fuera legítimo, ni justificable, la "patente de corso" de la que disfrutaba la IC durante la última dictadura o con las monarquías absolutistas, podrá tener una clara explicación: era la religión del Estado y era obligatorio ser católico/a. Pero mantener la "patente de corso" cuando en España tenemos una Constitución que (aún en su calculada ambigüedad) declara la NO confesionalidad del Estado, y cuando, además, no hay de una amplia mayoría personas católicas y aunque las hubiera, puede suponer que desde las instituciones del Estado se esté incurriendo en un delito político de gran alcance, que en algún momento de la Historia deberá juzgarse.
La sociología, nos ofrece algunos datos. Recientes encuestas y sondeos de opinión del CIS y de otros organismos autorizados y competentes en la materia sobre la incidencia del hecho religioso en España, nos indica que se declaran católicos, en el conjunto del Estado, algo más del 60%, pero, de estos, sólo el 20% se declaran como católicos practicantes. Ya más del 25% se declaran indiferentes, agnósticos y ateos y casi un 5% de otras religiones, el resto no contestan. Si se hace una extrapolación, por edades, entre los menores de 35 años, se declaran indiferentes, agnósticos y ateos cercano al 50% y católicos practicantes menos del 9%. Estos datos demuestran el proceso creciente de secularización de la sociedad. Hecho que, todavía, no alcanza a las personas que se dedican a la política.
En lo económico, una importante asignación de fondos públicos del Impuesto de la Renta se entrega a la Conferencia Episcopal para mantener el culto, el clero y el proselitismo religioso. Se mantienen enormes exenciones y privilegios tributarios y se hacen anualmente multimillonarias donaciones del Estado a fondo perdido para obras y servicios sociales y sanitarios y para la financiación de la escuela católica.
Tiene la IC "patente de corso" porque sus entidades están fuera de las normas de Ley de Asociaciones, a las que se deben todo tipo de entidades y asociaciones privadas. Porque el Estado mantiene unos Acuerdos con la Santa Sede y la filosofía de un Concordato que vulneran principios de la Constitución de 1978.
Tiene "patente de corso" porque sus ruidos externos (campanadas, desfiles, etc.) vulneran, en multitud de ocasiones, ordenanzas municipales de contaminación acústica (por ejemplo en Albacete), sin que las corporaciones hagan nada por evitarlo. Han de ser ciudadanas y ciudadanos, de a pie, los que tengan que utilizar la justicia ordinaria, ante la indefensión cuando lo denuncian a los ayuntamientos.
La IC debería de ser tratada igual que cualquier otra asociación de ciudadanas y ciudadanos y se debería de autofinanciar, ya que jurídica y políticamente son una 'asociación de creyentes católicos', de personas que tiene fe. Por ahora, parece difícil cambiar el statu quo del Estado con la IC. De todos los representantes públicos, algunos son miembros, muy activos, de organizaciones ultra-católicas y ejercen de ello. Otros son simples meapilas o peligrosos indiferentes. Y, además, la jefatura del Estado es y se proclama católica: "Cruz y Corona".
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