Lahore (Agencia Fides) – “Los gobiernos federal y provincial han aplicado muy pocas recomendaciones del conocido pronunciamiento del Tribunal Supremo del 19 de junio de 2014 sobre los derechos de las minorías religiosas. Esto ocurre por la falta de buen gobierno, la indiferencia hacia los derechos humanos y la situación de las minorías. Es urgente que los gobiernos trabajen para poner en práctica la sentencia”, dice a la Agencia Fides el líder católico Peter Jacob, director del ‘Centro para la Justicia Social’ (Center for Social Justice – CSJ).
En una conferencia celebrada el 18 de junio en Lahore, Jacob señaló: “Según las conclusiones del CSJ, un colegio del Tribunal Supremo llevó a cabo 28 audiencias de seguimiento que enviaron 80 órdenes adicionales a los gobiernos federales y provinciales para aplicar las órdenes originales emitidas en 2014”.
Los ponentes de la conferencia organizada por el CSJ en el octavo aniversario de la histórica sentencia del Tribunal sobre los derechos de las minorías lamentaron que la aplicación fuera en gran medida inexistente. E instaron al gobierno a cumplir con las directivas emitidas el 19 de junio de 2014 por el entonces presidente del Tribunal Supremo de Pakistán, Tassaduq Hussain Jillani. Los ponentes también señalaron que la Comisión especial creada por el Tribunal Supremo había realizado un trabajo encomiable y había presentado 11 informes al Tribunal, informando sobre las actividades y los retos relacionados con el cumplimiento del veredicto.
Nasira Iqbal, juez jubilado, dijo: “Han pasado ocho años desde que se emitió ese pronunciamiento y todavía estamos esperando su aplicación. Es responsabilidad del gobierno aplicar las órdenes de los tribunales y abordar los graves problemas a los que se enfrentan las minorías en Pakistán. La sentencia hace hincapié en la igualdad de derechos para todos los ciudadanos, independientemente de su fe, por lo que el gobierno debe desarrollar planes de estudio inclusivos y tolerantes para todos, tal y como ordena el tribunal”.
Saroop Ijaz, líder laico y activista, dijo: «Las directrices de la histórica sentencia tenían el potencial de provocar una reforma de gran alcance, para ayudar a avanzar en la libertad religiosa y construir una sociedad armoniosa. Pero los gobiernos federal y provinciales no han aprovechado la oportunidad de hacer realidad la igualdad de derechos y el respeto a la diversidad ética y religiosa en Pakistán». Añadiendo: «Esto puede deberse a la falta de capacidad política o a la falta de voluntad institucional por parte del gobierno”.
Como señaló el abogado Saqib Jillani, la Constitución de Pakistán garantiza libertades fundamentales como la de profesar la religión y dirigir instituciones religiosas, y el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos, sin discriminación alguna. Jillani subrayó: «Los gobiernos federal y provinciales deben cumplir sus responsabilidades constitucionales abordando las lagunas de gobernanza y aplicando medidas para promover y proteger eficazmente los derechos de las minorías”.
En su intervención en la conferencia, la católica Michelle Chaudhry, presidenta de la Fundación Cecil e Iris Chaudhry, señaló: «La Comisión Nacional para las Minorías y el Grupo de Trabajo sobre Minorías, creados mediante notificaciones y resoluciones en mayo de 2020 y junio de 2022, han sido fundamentales para representar el pleno cumplimiento debido a las disposiciones del tribunal, pero hasta ahora ha habido un desprecio total por el veredicto emitido por el tribunal”.
El Tribunal ordenó específicamente al ejecutivo que creara un Consejo Nacional para las Minorías; que elaborara un plan de estudios escolar destinado a crear paz y armonía en la sociedad; que aplicara la medida de las cuotas de empleo reservadas a los miembros de las minorías; que aplicara medidas para frenar la incitación al odio; que organizara iniciativas públicas para promover la tolerancia social y religiosa; y que castigara las violaciones de derechos humanos contra las minorías religiosas.
El CSJ estudió y supervisó las lagunas en la aplicación de las órdenes judiciales y elaboró tres informes de evaluación, titulados: «Cuando el cumplimiento falla a la justicia» (When Compliance Fails Justice), publicado en 2016; «Una larga espera por la justicia» (A Long Wait for Justice), en 2019; y «La justicia aún está lejos» (Justice Yet Afar), en 2021.
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