La subcomisión escuchará a más de 80 comparecientes. Podemos sopesa llamar a José Ignacio Wert y el PSOE solicita que Ángel Gabilondo sea el primero
Sentados en la mesa ovalada de la Sala Lázaro Dou del Congreso, los diputados de siete formaciones políticas han iniciado este martes las reuniones de la subcomisión que podría desembocar en el primer gran acuerdo educativo de la historia de España, bautizado como Pacto de Estado Social y Político por la Educación. La subcomisión, que escuchará a más de 80 ponentes, decidirá las bases para elaborar una nueva ley educativa que sustituya a la malograda Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que nació sin más respaldo que el del PP y al que el Gobierno ha dado ya sus primeros remiendos de calado suprimiendo las reválidas.
Las primeras comparecencias serán de miembros de la comunidad educativa, según el acuerdo al que han llegado los diputados en esta primera reunión, en la que se ha fijado dos sesiones semanales abiertas a la prensa. Tras más de dos horas de reunión a puerta cerrada, todas las formaciones han acordado que comparezcan en la primera tanda de sesiones los sindicatos de profesores, asociaciones de familias y de alumnos integradas en el Consejo Escolar del Estado. Son 18 organizaciones. Se han previsto 82 comparecencias, de las que 18 son las consensuadas – nueve sindicatos docentes, tres patronales, cuatro asociaciones de estudiantes y tres de padres- y el resto se reparten de forma proporcional. Antes de la elaboración de las dos últimas leyes educativas (LOMCE y LOE) hubo 50 y 48 comparecientes en el Congreso, respectivamente.
En los próximos días se decidirán el resto de nombres y quien abrirá la comisión. El PSOE ha pedido que el primer compareciente será el exministro de Educación Ángel Gabilondo, por ser el último político que se quedó en 2010 a las puertas del pacto suspendido en el último momento por la negativa del PP. Podemos, además, ha señalado que baraja pedir la comparecencia del exministro José Ignacio Wert, para «que de cuenta de los recortes de más de 7.000 millones de euros y miles de profesores menos», según el diputado Javier Sánchez. El PP «no había planteado ningún exministro» en su lista de comparecientes, según la diputada popular Sandra Moneo.
Es el primer encuentro en mes y medio, tras la sesión de constitución celebrada el pasado 1 de diciembre en la que Podemos y los nacionalistas se abstuvieron. La primera reunión del año está marcada por la convocatoria de una huelga educativa, prevista el 9 de marzo por organizaciones sindicales de profesores, alumnos y padres integrados en la Plataforma Estatal por la Defensa de la Escuela Pública para exigir que el pacto tenga más componente social que político, que se derogue la LOMCE y se reviertan los recortes y que se escuche a la comunidad educativa.
En lo que PSOE, Podemos y Ciudadanos destacan como un gesto hacia esa reivindicación, entre los primeros comparecientes por consenso estarán integrados parte de los miembros del Consejo Escolar del Estado que han convocado la huelga, como la confederación de padres de alumnos de la escuela pública CEAPA o el Sindicato de Estudiantes. El PP ha destacado, por su parte, defiende que «las asociaciones que convocan huelga no son más legítimas que el resto que no convocan», según la diputada Sandra Moneo. Entre otras, la confederación de padres de la concertada, CONCAPA.
“Por parte de todos los grupos hay un firme compromiso con este pacto”, ha dicho a las puertas de la sala la diputada Sandra Moneo (PP). “Es una exigencia social”, ha añadido. Su partido, en minoría en el Gobierno, intenta allanar el camino en los últimos meses para cerrar ese pacto, que el propio Mariano Rajoy ha incluido en su lista de acuerdos fundamentales.
Moneo evita hablar de “líneas rojas” en la negociación, pero el propio ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, señaló recientemente en una entrevista con EL PAÍS que mantendría dos cuestiones polémicas que fijó la LOMCE: la asignatura de Religión como materia evaluable para la nota media y defendió los conciertos educativos en centros que segregan por sexos. “Son dos puntos por los que no se puede pasar, pero contaminados por el espíritu del pacto, buscamos primero los puntos de acuerdo y entendemos que ninguna fuerza política puede ir con expectativa de que se cumplan sus programas completos”, señala el diputado socialista Manuel Cruz. “No va a haber ningún problema en cerrar un pacto si se tiene la voluntad de sacar la política de la educación”, subraya Marta Martín, diputada de Ciudadanos. Y añade: “El coste de no cerrar un pacto es altísimo: perderemos en cohesión territorial y social y en calidad democrática”.
Ciudadanos baraja pedir la comparecencia del filósofo Fernando Savater, el pedagogo José Antonio Marina o el responsable de Educación de la OCDE, Andreas Schleicher.
Hay consenso en que la piedra angular del futuro pacto será el profesorado: el modelo de formación, evaluación y progresión de los docentes que, de distinta forma, han incluido todos los partidos en sus programas electorales. Podemos, además, hace hincapié en la “dignificación” de las condiciones del profesorado en la escuela pública, con una revisión del profesorado interino que trabajan sin plaza fija, señala Javier Sánchez, diputado de Unidos Podemos.
La coalición ha defendido que las primeras comparecencias sean de movimientos de la sociedad civil “que no se han tenido en cuenta en los años de recortes muy graves, como la Marea Verde”. Y barajan pedir la comparecencia del presidente de la Red Española de Filosofía, Antonio Campillo o Agustín Moreno, profesor e histórico exdirigente de Comisiones Obreras.
Desde las formaciones nacionalistas el intento de cerrar un pacto se ve con cierto recelo por lo que consideran una posible invasión de competencias. El diputado de PNV Joseba Aguirretxea ha señalado a la puerta de la sala que acude «con cierta distancia y cierto escepticismo» a este primer encuentro y que su partido estará «vigilante e incluso beligerante» para que «el Estado no asuma funciones que no le corresponden».
Joan Olòriz, de Esquerra Republicana, ha recordado que Cataluña «tiene leyes educativas vigentes» y ha explicado su oposición inicial a la subcomisión «por una cuestión de método». «Habíamos pedido que se derogara primero la LOMCE para trabajar en una perspectiva nueva y porque cuanto más tiempo dura la comisión, más tiempo estará esa ley funcionando».
LOS 18 DEL CONSENSO
Hay 18 comparecientes cerrados por consenso en esta primera reunión de la subcomision para el pacto educativo, que ha acordado también sesiones abiertas a la prensa de todos ellos. Son nueve sindicatos de profesores (ANPE, CSIF, CC OO, UGT, FSIE, STES, USO, CIGA y ELA); tres patronales educativas (FERE, CECE y ACADE); dos asociaciones de padres (CEAPA y CONCAPA) y cuatro de estudiantes (Sindicato de Estudiantes, CANAE, FAEST y UDE). Falta que los diputados acuerden el orden de sus comparecencias.