RESUMEN
Entre el comienzo de la Guerra Civil española y 1943, fecha en la que se considera totalmente finalizadas las actividades de las comisiones depuradoras y desaparece la Comisión Superior Dictaminadora, se produjo en España la depuración sistemática e implacable del profesorado de todos los niveles educativos, de igual forma que la depuración de la administración pública y las empresas privadas. De esta manera, la dictadura franquista se propuso erradicar los valores democráticos y progresistas e imponer los valores propios del nacional- catolicismo. En ese contexto, este artículo aborda cuantitativamente la depuración franquista del profesorado que tuvo lugar en los institutos españoles de segunda enseñanza. Comenzamos explicando el fenómeno de la depuración, como proceso sistemático de represión ideológica, para centrarnos en algunos problemas metodológicos de la investigación, finalmente resueltos gracias a un importante documento encontrado en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, que contiene la relación de profesores de instituto depurados. El resto del artículo se dedica al análisis y valoración de los datos del citado documento que nos permite conocer el número de profesores de instituto que pasó la depuración, así como los que resultaron sancionados, especificando las modalidades de castigo más utilizadas.
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CONCLUSIONES
La depuración franquista, a diferencia de otros procesos depuradores, fue una verdadera maquinaria que funcionó como una organización centralizada con sucursales en todas las provincias, con unos principios de actuación y con unos criterios represivos bien pensados y ejecutados con disciplina. No se trató de un hecho aislado y casual, sino de un plan premeditado apoyado en las órdenes y decretos que se publicaban en el Boletín Oficial del Estado. Fue una maquinaria deshumanizada y cruel que consiguió el doble objetivo, de una parte punitivo, sancionando duramente a los que consideraba culpables, y, de otra parte preventivo, porque alertaba al conjunto de la nación de que se estaba ante hechos incuestionables, que la nueva España iba en serio y no quedaba otra alternativa que unirse a ella. Salvando la distancias de todo tipo, el proceso depurador franquista fue lo más semejante al trabajo represor de la Inquisición.
Hasta el presente, se ha avanzado bastante en la investigación de la depuración franquista del magisterio nacional, si bien es mucho lo que queda aún por realizar, pero es muy poco lo que se ha estudiado la depuración que tuvo lugar en las enseñanzas secundarias y en la enseñanza universitaria. Como hemos visto en este trabajo, las características, etapas y normas del proceso depurador son semejantes, en lo esencial, para todos los niveles educativos, aunque hay algunas diferencias a tener en cuenta en la composición de las Comisiones e, incluso, en el número, gravedad y manera de aplicar las sanciones.
Hasta el momento existía un importante problema metodológico de investigación porque, mientras que la documentación de la depuración de primera enseñanza está organizada por provincias y se sabe de antemano qué cajas y legajos corresponden a cada una de ellas, en el caso de la depuración de segunda enseñanza la ordenación está hecha por orden alfabético de profesores depurados y no por instituto ni por provincias. Es decir, si queríamos estudiar la depuración del profesorado de los institutos de una provincia determinada, o la depuración de profesores que se produjo en un instituto concreto, era preciso que primero conociéramos las listas de los Institutos que hubiera en su momento y la relación de profesores en activos que desarrollaran su labor educativa por entonces.
De ahí que el hallazgo y publicación del documento (Expedientes resueltos. Cuerpo de Catedráticos de Institutos, perteneciente a los fondos de educación del Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares), que contiene el registro ministerial de todos los expedientes de depuración de los profesores de Institutos de España, permitirá con poco esfuerzo elaborar la nómina de profesores para un instituto, para una provincia o para una región y luego acudir directamente al Archivo y pedir sólo los documentos correspondientes a los profesores que se desee estudiar. De esta manera, el principal obstáculo para el estudio de la depuración en tales centros de segunda enseñanza desaparece en buena parte.
Aunque faltan datos en el cuaderno ministerial que analizamos para, al menos, las provincias de Castellón, Navarra, Ibiza, Cáceres y Álava, sí que se puede afirmar que las cifras apuntadas revelan a las claras la importancia de la represión en el ámbito de la enseñanza secundaria. Así, en Baleares más de la mitad de los profesores depurados fueran sancionados, o que en Cataluña, Asturias, Canarias y Aragón el porcentaje de sanciones se eleva por encima del 30% o, incluso, que sean superiores al 20% en las regiones de las dos Castillas, León, Valencia, Galicia, demuestran que las afirmaciones que se venían haciendo no se alejaban demasiado de la realidad, aunque no tuviesen una base empírica o no estuviesen suficientemente documentadas.
No obstante, en la medida en que la investigación avance, es posible que los resultados que se alcancen puedan corregir o matizar algunos aspectos cuantitativos o algunos datos, pero las cifras globales de la depuración del profesorado de los institutos de España, según el Ministerio de la época, son las que aquí se apuntan. Con esta aportación se da un paso en el conocimiento cuantitativo de la depuración de los profesores españoles de institutos de segunda enseñanza, que permite tener un marco global de referencia del que se carecía hasta ahora.
El estudio provincial y regional demuestra con certeza que el porcentaje general de profesores depurados sancionados, 483, reuniendo todas las categorías de castigo, se acerca al 38 % del conjunto de los 1.280 profesorados depurados. Esta cifra resulta altamente escandalosa y refrenda la tesis tradicional de represión ideológica, de imposición del terror para intentar conseguir la transformación más profundas posible de la enseñanza secundaria, eliminando a los profesores considerados no afines a los criterios ideológicos y políticos del nuevo régimen. De esta manera, el movimiento nacional-católico tendría las manos libres para poder aplicar sus criterios educativos y la política educacional que le era más cercana. De hecho, la política de extensión de centros oficiales se cortó con el nuevo régimen y se entregó la secundaria en buena parte en manos de las órdenes y congregaciones religiosas en detrimento de la enseñanza pública. Además de desaparecer bastantes de los institutos locales se concedieron todo tipo de facilidades a los religiosos para controlar ideológicamente a la escasa enseñanza secundaria que quedó y, además, para abrir colegios especializados en la formación de las clases medias.
Olegario Negrín Fajardo
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