La Suprema Corte de Justicia de la Nación podría echar abajo en breve las reformas a las constituciones de 18 estados realizadas el año pasado que prohíben y penalizan el aborto.
La Academia Mexicana de Ciencias funge oficialmente desde el 2006 como órgano asesor de los ministros de la SCJN en materia de ciencia y tecnología.
El 14 de noviembre del 2006, durante la firma del convenio correspondiente, el entonces presidente de la Corte, Mariano Azuela, afirmó que los ministros consultarían a la AMC “para poder discernir dictámenes vinculados con el avance del conocimiento, como la píldora del día siguiente, la herencia, la vida y otras”.
Y el desplegado publicado ayer por la Academia Mexicana de Ciencias en el que fija su postura en contra de las reformas antiaborto es demoledor.
En el transcurso del año pasado, los congresos de los siguientes estados modificaron su constitución para prohibir el aborto: Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán, Veracruz y Chiapas.
El común denominador en todas las constituciones reformadas es que se protege “la vida desde el momento de la fecundación hasta la muerte natural”.
Los diputados que aprobaron estas reformas (fundamentalmente del PRI y del PAN, aunque en muchos casos también de Convergencia, PT y PRD) ya definieron que la vida del ser humano empieza desde la unión de dos gametos.
Y con su postura, más inspirada en dogmas y en fe religiosa que en argumentos científicos serios, estos diputados locales y los gobernadores que han consentido y promovido las reformas niegan a las mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo, en aras de defender la “vida” de una célula.
En su desplegado, la Academia Mexicana de Ciencias emite sentencias lapidarias en contra de esas reformas y califica esta ola antiaborto como “inaceptable fenómeno regresivo”.
En lo jurídico, dice la Academia, las reformas representan “una violación de los principios del Estado laico y una amenaza contra la racionalidad del sistema jurídico nacional”.
En lo científico, añade, se trata de “una incompatibilidad flagrante entre el concepto moderno, multifacético y complejo de lo que es un ser humano y la simplista, arbitraria y poco informada definición de la vida en que se basan las reformas indicadas”.
Los firmantes del documento le dan peso y autoridad moral a la postura antes definida: Rosaura Ruiz Gutiérrez (presidenta), Francisco Bolívar Zapata, René Drucker Colín, José Sarukhán Kermez, Guillermo Soberón Acevedo y otros.
Integrantes de la Academia ya se han reunido en calidad de asesores con varios ministros de la SCJN para analizar este tema y el proyecto para echar abajo las reformas está en marcha.
Las reformas antiaborto contradicen el párrafo segundo del artículo 4 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”.
Contravienen además el criterio que usó la SCJN para emitir la sentencia del 26 de febrero de este año por la que declaró constitucional la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que despenaliza el aborto hasta la semana 12 de gestación.
Las reformas antiaborto contravienen además la Norma Oficial Mexicana 046 emitida por la Secretaría de Salud, que obliga a los hospitales públicos a brindar todos los servicios necesarios para abortar a las mujeres que sean víctimas de violación y a prevenir un embarazo no deseado mediante un método anticonceptivo de emergencia.
No deja de sorprender que la inmensa mayoría de estados en donde se aprobaron estas reformas regresivas estén controlados por el PRI, partido que siempre se ha asumido como defensor del Estado laico.
Hay muchos diputados federales y senadores que no simpatizan con esas reformas.
Lo que no se sabe es si los gobernadores se fueron por la libre, porque hasta el momento la dirigencia nacional del PRI no ha fijado postura.
