«Pederastas. Curas maricones». Así han amanecido esta mañana la fachada y el suelo de la parroquia de San Juan María Vianney, en el barrio del Zaidín (Granada), donde supuestamente tuvieron lugar parte de los abusos sexuales denunciados por el joven «Daniel», y por los que el Papa Francisco intervino para pedir perdón al joven e invitarle a efectuar una denuncia que llegó a implicar a doce personas (diez sacerdotes y dos laicos) y que hoy tiene sentado en el banquillo de los acusados al padre Román.
Se trata de la segunda ocasión en la que la parroquia aparece poblada de pintadas. El acto sucede en la misma semana en que Fiscalía, acusaciones particular y popular hayan manifestado sus peticiones de pena para el religioso, mientras que su defensa ha anunciado que pedirá su libre absolución con todos los pronunciamientos favorables.
Así lo ha señalado a Europa Press su letrado, Javier Muriel, quien presentará su escrito de defensa en ese sentido próximamente ante la Audiencia Provincial de Granada después de que ya hayan presentado sus conclusiones provisionales la Fiscalía de Granada, la acusación particular –que ejerce el denunciante– y la acusación popular –La Asociación Pro Derechos del Niño, Prodeni–.
El padre Román ya declaró ante el Juzgado de Instrucción 4 de Granada por este caso el 11 de diciembre del pasado año, fecha en la que negó haber abusado sexualmente del menor, por el que sentía «el amor fraterno» de un sacerdote que «acoge» a las personas que acuden a su parroquia.
Durante su declaración indagatoria, el religioso manifestó su disconformidad con su procesamiento por un delito de abuso sexual continuado con prevalimiento, negó que mantuviera habitualmente conversaciones sobre sexualidad de «manera abierta» con el denunciante, salvo algún comentario acerca de alguna noticia concreta, y aseguró que nunca se ha exhibido desnudo ante él.
De hecho, no veía «explicación alguna» a la denuncia presentada por el joven, que ahora tiene 26 años, «salvo que haya algún interés económico». Sí reconoció que el menor acudía «ocasionalmente» cuando tenía entre 15 y 16 años a la casa en la urbanización Los Pinillos de Cenes de la Vega (Granada), donde, según el auto de procesamiento dictado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, «ocurrieron los hechos más graves y relevantes penalmente».
La Fiscalía pide para el inculpado nueve años de prisión para el inculpado, por un delito de abuso sexual continuado, agravado por el resultado de acceso carnal, por el que se enfrenta además al pago de 50.000 euros en concepto de daño moral a su supuesta víctima, de la que tendría que responder subsidiariamente el Arzobispado de Granada.
Por su parte, la acusación particular –que ejerce el letrado Jorge Aguilera en representación del denunciante– entiende que además de este delito, por el que solicita diez años de prisión, también el acusado es presunto autor de otros dos delitos más de abusos sexuales, al contemplar el acceso carnal con el miembro viril, y pide por cada uno de ellos otros ocho años de prisión.
En total, la pena reclamada por la representación legal del denunciante se eleva a 26 años de prisión, basándose en la jurisprudencia que permite valorar ciertos episodios de abuso sexual como «individualizables», además de 50.000 euros de indemnización para la víctima y prohibición de comunicarse o acercarse a ella por un periodo de 20 años.
En el caso está personada además, como acusación popular, la Asociación Pro Derechos del Niño (Prodeni), que ha solicitado un total de 15 años de prisión para el único procesado, por la posible comisión de un delito continuado de agresión sexual con intimidación, violencia y prevalimiento y con acceso carnal.
En su escrito de acusación provisional, que Prodeni presentó este jueves ante la Audiencia de Granada, esta parte además reclama para el inculpado 15 años de inhabilitación absoluta, privación de residir en el mismo lugar que su víctima, acercarse o comunicarse con ella durante el mismo periodo, y el pago de un total de 75.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños morales ocasionados al joven, cantidad de la que tendría que responder de forma subsidiaria el Arzobispado de Granada.