Los cambios habidos en la sociedad española son la justificación que da el Gobierno para modificar la actual ley. Esos cambios deberían haber llevado a la denuncia de los Acuerdos, cuya contradicción con la Constitución es, de por sí, motivo para llevarla a cabo. No olvidemos que se negociaron antes de la redacción del artículo 16.3 de la misma y que, tramposamente, se firmaron días después de su entrada en vigor para evitar la aplicación de la cláusula derogatoria. En la parte final del 16.3 se introdujo el ambiguo párrafo que los intentaba hacer digeribles. Es de temer que los cambios a los que tratan de dar respuesta se refieran al número creciente de fieles de otras religiones y que se pretenda equipararlas con la Iglesia Católica en el nuevo texto legal, para compensar la situación de privilegio de que disfruta ésta. Es decir, queridos correligionarios ateos, que, si no queríamos caldo, nos darán dos tazas, pero del Estado no confesional que, sobre el papel, tenemos desde 1.978, nada. También se regulará en la ley la retirada de símbolos religiosos de los espacios públicos. Algo es algo, me digo; pero no, no nos entusiasmemos que, a renglón seguido, el señor Caamaño, ministro de Justicia, nos indica que se exceptuarán los que tengan valor histórico, artístico o para el patrimonio. ¿Y no estarían mejor en los museos?
Ante el anuncio de la Ley, los representantes de la Iglesia Católica han empezado a afilar sus armas dialécticas y a decir cosas tales como que la reforma sirve como excusa para imponer un laicismo fanático. A la hora de hacerse las víctimas son únicos, pero saben bien que, teniendo asegurada la vigencia de los Acuerdos, la situación no puede alterarse sustancialmente. Son muchas las materias que, en virtud de ellos, no son susceptibles de reforma. Por enumerar algunas, según el Acuerdo de asuntos jurídicos, el Estado se obliga a convenir con la Iglesia las fiestas que deben coincidir con festividades religiosas y los efectos civiles del matrimonio eclesiástico y de la nulidad del mismo; en el de asuntos económicos se establecen las bases por las que se rige la financiación a través de los presupuestos del Estado y en el de enseñanza y asuntos culturales se dispone que los planes educativos incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los centros de educación en condiciones equiparables a las demás disciplinas. Sobre el asunto de la financiación, el gobierno de Zapatero ha llegado incluso a ampliar el porcentaje de asignación tributaria, de los que elijan que se destine su aportación a la Iglesia, del 0,52 al 0,7 por ciento de la cuota del IRPF para compensar la pérdida de la exención del IVA, no permitida por la normativa comunitaria. El sistema utilizado para esta modificación ha sido el de "canje de notas" por lo que pasa a formar parte del Acuerdo y para su modificación se requerirá la denuncia. El furibundo laicista que dicen es el presidente debería protestar por esta acusación porque ha resultado ser su mejor amigo.