Gobierno del Ecuador da carta blanca a Iglesia Católica para crear misiones religiosas en territorios indígenas.
La Iglesia Católica del Ecuador ha logrado un importante apoyo del gobierno para mantener la supremacía en sus tareas de educación y evangelización de los pueblos indígenas amazónicos y otros sectores sociales marginados, convirtiéndola, en pleno siglo XXI, nuevamente en tutora del desarrollo de estos pueblos.
En efecto, el presidente Rafael Correa y el ministro de Educación Raúl Vallejo emitieron el pasado 12 de junio el Decreto 1780 mediante el cual se faculta al Ministerio de Gobierno y Policía a celebrar contratos con las misiones católicas que operan en las provincias amazónicas (Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona y Zamora), en la provincia costera de Esmeraldas y en la provincia insular de Galápagos, para financiar el trabajo de estas congregaciones “en pro del desarrollo, fortalecimiento de las culturas, evangelización e incorporación a la vida socioeconómica del país, de todos los grupos humanos que habitan o habitaren dentro de la jurisdicción territorial encomendada a su cuidado, exaltando los valores de la nacionalidad ecuatoriana”.
El decreto faculta a las misiones católicas a crear establecimientos educativos, acceder a frecuencias de radio y televisión, coordinar proyectos productivos con los Ministerios de Agricultura y de Ambiente y construir carreteras para acceder a las zonas en las que se ejecuten sus obras misionales. Para todo esto no sólo recibirán el financiamiento gubernamental, sino que contarán además con el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas.
“Este decreto es un mensaje grotesco para la humanidad”, afirmó Auqui Tituaña, ex alcalde indígena de Cotacachi, en la norteña provincia de Imbabura, cuya gestión municipal recibió varios premios internacionales por su capacidad de administración y por haber transformado a esta localidad en la primera “ciudad ecológica” del país.
Para Tituaña, el Decreto 1780 es una nueva forma de someter al pueblo indígena. “No puede ser que en el siglo XXI, el gobierno crea que los indígenas necesitamos que nos den pensando, que nos den hablando, que decidan por nosotros. Así piensan los que siempre han querido someternos”, afirma.
¿Estado laico o confesional?
El decreto, que se fundamenta en caducos acuerdos celebrados por el Estado ecuatoriano con el Vaticano, como el denominado “Concordato con la Santa Sede”, firmado en 1862, y el acuerdo adicional, denominado “Modus Vivendi”, de 1937, contradice los principios de un “Estado laico”, como se caracteriza al Ecuador en la Constitución del 2008, y nuevamente mezcla las responsabilidades del Estado con las tareas específicas de una congregación religiosa.
“Este decreto convierte al Ecuador en un Estado confesional. La paradoja de la historia es que el Estado confesional que ha cedido la soberanía, los territorios y sus poblaciones a las tareas de la evangelización y encomienda, ha sido realizado por un gobierno que tiene toda la fama de ser de izquierda y que utiliza la retórica del socialismo del Siglo XXI para legitimarse”, asegura el analista político y ex ministro de Economía Pablo Dávalos.
Llama la atención también la inclusión de los pueblos “ocultos” o “no contactados” en este decreto, al asegurar que éste rige para “los grupos humanos que habitan o habitaren” en el territorio encargado a las misiones.
“Otra vez nos han entregado en cuerpo y alma a la Iglesia [Católica]. Hemos vuelto a la Colonia, a la época en que los indígenas éramos cazados y arrastrados a las encomiendas para que nos evangelicen y nos incorporemos a la vida económica”, asegura la ex asambleísta indígena Mónica Chuji, quien defiende el derecho de aislamiento de los pueblos no contactados. “Las misiones religiosas ahora están autorizadas para buscarlos, educarlos y evangelizarlos”.
Para Chuji, también es polémico que el decreto delimite el marco de la educación en pro de los valores de la nacionalidad ecuatoriana: “Es un intento de homogenizar nuestras culturas y nuestros valores. No se considera que ante todo somos indígenas, de nacionalidades distintas; esto pesa más que la denominada nacionalidad ecuatoriana”, afirma.
Evangélicos protestan
Por otra parte, las organizaciones indígenas evangélicas también han rechazado el Decreto 1780 por ser discriminatorio: “Condenamos la decisión de privilegiar y favorecer a la Iglesia Católica con los recursos del pueblo ecuatoriano, y excluyendo, discriminando y ofendiendo a la población evangélica y otras religiones que se profesan en nuestro país”, dice un manifiesto divulgado por el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador. La Iglesia Evangélica fue la pionera en establecer sistemas de educación y desarrollo que modificaron las formas de vida de los pueblos indígenas amazónicos.
También sectores progresistas de la Iglesia Católica se han pronunciado: “Puede que el decreto tenga buenas intenciones, pero a estas alturas de la historia usar palabras como ‘evangelización’ o ‘incorporarlos al desarrollo’, sin duda borran las buenas intenciones”, afirma Xavier Villaverde, del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, entidad religiosa jesuita que ha apoyado el desarrollo de sectores indígenas y campesinos en el Ecuador.
Para Dávalos, el gobierno de Correa “es un proceso conservador, involutivo políticamente, regresivo en materia de derechos”.
Las decisiones gubernamentales respecto a los pueblos indígenas y otros sectores sociales, como las mujeres, parecen darle la razón a Dávalos, pues no se puede explicar de otra manera la eliminación de las instituciones autónomas de desarrollo y educación indígenas y su incorporación en una planificación centralizada, así como la eliminación de la autonomía del Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU), institución que se encargaba de promover el desarrollo y el respeto de los derechos de la mujer.
La reacción de los pueblos indígenas no ha tenido hasta el momento la suficiente fuerza como para forzar la derogatoria del decreto, pues aparte de los pronunciamientos de rechazo, no se han definido otras acciones; incluso, la primera demanda de inconstitucionalidad del decreto provino de sectores mestizos que intentan mantenerse en el espectro político nacional.
El movimiento indígena se mantiene en la encrucijada: apoyar un proceso de reformas gubernamentales impulsadas por Correa que puede beneficiarlos en cuanto a inversión social, pero que puede destruirlos en cuanto a identidad y permanencia como nacionalidades; o asumir la decisión de oponerse a un gobierno que los está golpeando sin consideraciones: el Decreto 1780 es sólo uno más de estos golpes.
