Sole y Francisco tenían siete hermanos cuando nacieron del mismo parto, en abril de 1965; a Francisco le llevaron a la incubadora porque, dijo alguien, tenía que ganar peso. Durante dos semanas los padres se las arreglaban para verle sin dejar solos a los otros ocho, porque la niña Sole y su madre ya estaban en casa; era una de esas familias super numerosas que tanto gustaban a la dictadura, obsesionada con llegar a los 40 millones. Todo iba bien hasta que un día, cuando el padre fue a ver al hijo, le dicen que el niño ha muerto y que no puede verle porque está en el depósito. La noticia deja rota a la madre que no puede creerlo, ni entenderlo ni asumirlo. Al día siguiente, ella va al hospital (hablamos de la maternidad de O’Donnell, en Madrid) con el hijo mayor, de 21, para recoger el cuerpo de Francisco y enterrarle; el cadáver ya no está, le dicen los médicos, porque lo han incinerado, y las cenizas tampoco están porque han desaparecido; y que no protesten, porque menudo mal trago les han ahorrado, por no hablar del tema económico. Protestaron, sí; les dolió la insensibilidad y el tono autoritario de los médicos que les llamaron desagradecidos y les amenazaron con llamar a la guardia civil para sacarlos del hospital si seguían reclamando. Los hermanos mayores siempre vieron algo raro en la muerte de su hermano. Algo no encajaba.
Cuatro décadas después. Esos casos de robos de bebés de los que tanto se está hablando se parecen demasiado a lo que pasó con Francisco. La familia Luque, como otras tantas, se pone en marcha.
“Son casos calcados, existe un patrón, el modus operandi, que es el mismo siempre”, expone Sole Luque, que tenía 47 años cuando fue consciente de que su hermano seguía vivo. “Me costó muchísimo asumir mi nueva realidad, pensar muy bien lo que estaba sucediendo para mantener los pies en la tierra; es algo común en muchas personas que han pasado por esto”. Lo siguiente fue concebir que no eran casos aislados, que había que unirse para pelear. “Estábamos ante una causa social, política y, obviamente, judicial”.
Así, desde 2011 a 2019, se han abierto más de 2.100 diligencias de investigación por robos de niños en maternidades o en hospitales. Y de esas, solo han llegado a los juzgados unas 522. El resto se ha archivado por prescripción o por ausencia de pruebas. En el caso de la familia Luque, la de Sole y Francisco, la denuncia ni siquiera llegó al juzgado porque no había indicios de delito. Respecto al tipo penal, en el mejor de los casos estamos ante un delito de detención ilegal de carácter permanente.
Se han abierto más de 2.100 diligencias de investigación por robos de niños. Solo han llegado a los juzgados unas 522
El robo de niños es uno de los episodios más tristes, sórdidos, silenciados, impunes y sobre todo crueles que han sucedido en España desde el principio de la dictadura franquista. Comenzó con la separación de los niños nacidos en cárceles de madres presas por su compromiso con la República. Tres años les daban de plazo para estar con ellas; después, una mano negra les agarraba del brazo y, con todo el descaro, se los llevaba, desafiando el dolor de la madre que sabía que no volvería a ver a esa hija o a ese hijo. A veces las obligaban a firmar una carta escrita a la fuerza: “Querida hija, sé que no seré buena madre y esto lo hago por ti”. El horror y la crueldad fue subiendo de tono; muy poco se ha hablado del maltrato y el ensañamiento contra las mujeres, que resulta especialmente sangrante cuando vemos quiénes eran las señoras que regentaban las instituciones del régimen desde las que se perpetraba esta atrocidad. Hablamos de Carmen Polo, Pilar Primo de Rivera o Mercedes Sanz, viuda de Onésimo Redondo.
El anteproyecto de ley de Memoria Democrática recoge estos casos como víctimas del franquismo. No ha sido fácil, pero era necesario. Lo hablamos con dos personas muy implicadas en esta cuestión: Aránzazu Borrachero, profesora de Lenguas y Literaturas españolas en Queensborough Community College, y directora del proyecto Mujer y Memoria; y con Soledad Luque, presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños y portavoz de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo.
Algunas veces se ha dicho que los bebés robados y sus familias no son víctimas del franquismo.
Soledad Luque: Para nosotros esto es algo trágico. Dentro de los memorialistas, hay personas que consideran que no existió el robo de bebés y que si existió, solo afectó a mujeres republicanas. Eso es terrible, porque niega la enorme magnitud que tuvo la represión franquista, que no solamente fue política: fue ideológica, fue social, fue económica, fue una represión de género brutal y esto supone negar una represión de género en la dictadura franquista; se normalizó una violencia sistémica contra las mujeres. Son mujeres que también perdieron la guerra.
Aránzazu Borrachero: Ha hecho falta una revisión bastante interesante del concepto de víctima para que ahora ese relato haya cambiado. De hecho, en el proyecto de ley de Memoria Democrática, las víctimas de los bebés robados están mencionadas; no con todo el detalle y el contexto que nos gustaría, pero están, lo cual quiere decir que esa reivindicación se ha conseguido. El trabajo que se ha hecho de educación de la sociedad y de los políticos para que se las vea como víctimas del franquismo ha sido muy exitoso.
¿Cuáles son las ideas y objetivos principales de la Ley de bebés robados?
Soledad Luque: El objetivo principal es que el Estado asuma la responsabilidad de la búsqueda de estos niños y niñas, porque ahora somos las propias víctimas las que hacemos de detectives; lo que pedimos es verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. La Ley recoge muchas de las recomendaciones realizadas por organismos internacionales, muchas de ellas del Parlamento Europeo. Básicamente, y apoyada en esos cuatro pilares: el acceso a los archivos públicos y privados; una fiscalía especializada; que los robos de niños se traten como derechos de lesa humanidad; un banco de datos genéticos; una comisión nacional por el derecho a la identidad. Consideramos que son delitos que no tienen fecha de cierre, y por eso entendemos que la tipificación penal ha de ser la de desaparición forzada. No pueden prescribir. Ahora mismo hay una oportunidad histórica para que el Gobierno lo saque adelante.
El Estado ha de participar en la búsqueda de estos niños, porque somos las propias víctimas las que hacemos de detectives
Hay una corriente que niega la tragedia de los bebés robados. ¿Por qué?
Aránzazu Borrachero: Tiene que ver con una falta de comprensión del tipo de víctima del que estamos hablando, que quizá no se considera como víctima política. Las víctimas de la desaparición del robo de niños no eran las que empuñaban las armas, las que pertenecían a un sindicato o a un partido político. Nosotros defendemos que las víctimas de los bebés robados sufrieron una represión de género, muy relacionado con el tema reproductivo, porque la reproducción era fundamental para el franquismo y la demografía. De ese tipo de represión que sufrieron madres y niñas, que tiene que ver con los trabajos forzados de las niñas en las instituciones del Estado no se está ocupando nadie. Los preventorios: ¿qué pasó ahí? Se experimentó con los niños y niñas de los preventorios, se ha sabido que les ponían inyecciones, ¿de qué? Creo que es una falta de comprensión de lo que es la represión de género, que también es una represión política, aunque haya gente que no lo vea como represión política.
Pilar de Rivera dirigía el Auxilio Social, Carmen Polo presidía el Patronato para la Protección de la Mujer, dos instituciones implicadas en el robo de bebés. ¿Hubo implicación del Estado, del franquismo, en el robo de niños?
Aránzazu Borrachero: Todo esto no lo tenemos muy investigado todavía, yo pienso que las personas que dirigían el Auxilio Social o el Patronato de Protección de la Mujer no eran ajenas. Sabemos que había pisos de mujeres solteras: tenemos mucha información acerca de pisos regentados por mujeres de la alta sociedad en los que les quitaban los bebés a mujeres jóvenes, madres solteras embarazadas; esos pisos eran de personas muy conectadas con las élites franquistas. Yo creo que lo sabían; que había todo un movimiento de reubicación de niños que se producía de forma completamente irregular. Todas las élites estaban implicadas: la Iglesia, el ejército, el Gobierno y las clases altas. Tenemos claro que, como mínimo por omisión, el Estado estaba implicado en esto. No tenemos más documentación probatoria de momento.
En las desapariciones estuvieron implicadas instituciones sanitarias, religiosas y funcionariado público
Soledad Luque: Los niños no solo desaparecían del Patronato, de las instituciones puramente franquistas; nosotros señalamos a todos los tentáculos del poder. Cuando decimos que el franquismo triunfó, es porque triunfó absolutamente hasta normalizar todo lo que sucedía. Los niños desaparecían en hospitales públicos y privados. Aquí estaban implicados instituciones sanitarias, religiosas, funcionariado público. Aquí se mezclan varias cosas por las que es complicado abrir un melón porque no se ha juzgado nunca ni al franquismo ni al continuismo del franquismo. El melón, si se abre, es monumental, con este tema y con otros.
¿Se está investigando la implicación del Estado franquista en la desaparición o robo de niños?
Aránzazu Borrachero: No, nadie quiere meter la cabeza en ese asunto; y en el robo en los hospitales está pasando lo mismo, porque en los documentos salen nombres, que no hemos publicado, pero son nombres de médicos que presentan conexiones con el régimen franquista; y, además, son médicos condecorados.
Además de la parte ideológica, ¿existía también la intención de lucrarse?
Soledad Luque: Eso es innegable, pero también hay una gran carga ideológica. A una mujer le quitaron a su hija por estar divorciada. Si además se enriquecían con ello, mejor. Todo se entrelaza: lo económico, lo social, lo político y también el factor género era determinante, mucho más que cualquier otro. Una de las características de los Estados totalitarios es enriquecerse con la opresión y represión a los sectores vulnerables y ahí se incluye el trabajo esclavo, el expolio generalizado y el robo de niños y niñas.
Aránzazu Borrachero: Seguro que hubo lucro, pero también hubo lucro con los trabajos forzados y eso era ideológico; no se puede separar la ideología del lucro en casos como los de presos a los que se obligaba a trabajar construyendo pantanos; ahí también había una ideología que permitía que esas personas fueran explotadas, con los bebés sucedió lo mismo.