Mientras se debate la reforma del Código Civil, representantes de diferentes credos reclaman que la Iglesia Católica deje de ser una «persona jurídica de carácter público». El proyecto que se discute en el Congreso mantiene ese status.
El papel de la fe religiosa es ayudar a la razón para que descubra con claridad esos principios morales y los aplique rectamente. Es por ello que los católicos tenemos no sólo el derecho, como todo ciudadano, sino también la obligación, de hacer nuestro aporte al debate público." Con esa aclaración, los 20 obispos que encabezan la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) presentaron sus observaciones al proyecto de reforma al Código Civil, un mensaje que reiteró el titular de la CEA, monseñor José María Arancedo, ante los legisladores de la comisión bicameral encargada de estudiar la propuesta. Si bien el tono de estas intervenciones reflejó una posición menos confrontativa o estridente que la adoptada en discusiones parlamentarias anteriores –especialmente durante la sanción del Matrimonio Igualitario–, legisladores, juristas y organizaciones de la sociedad civil respondieron públicamente a Arancedo y cuestionaron que la Iglesia siga considerándose dueña de una verdad moral.
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