Navarra ha reconocido este miércoles a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. Una veintena de los más de sesenta denunciantes de pederastia registrados hasta ahora —según el informe elaborado por la UPNA— han acudido al acto, en el que se les ha hecho entrega de la declaración institucional aprobada esta mañana por el Gobierno foral. Es el primer acto de este tipo en España y la emoción de las víctimas ha sido más que palpable.
En una conversación con este periódico, el primer denunciante de abusos en Navarra, José Luis Pérez, ha agradecido el reconocimiento y ha recordado a su hermano, quien, dice, fue “el que realmente empezó todo esto”. Su hermano, antes de suicidarse, dejó escrita una carta en la que narraba todos los abusos sufridos cuando era niño en el Colegio-Seminario de los Padres Reparadores, en el municipio navarro de Puente La Reina. Abusos que también sufrió José Luis. Todo ello le animó a dar un paso al frente y a contar su testimonio en la Cadena SER. Al hacerse público el 25 de febrero de 2019, una treintena de personas levantaron también su voz. Su relato se suma al de los cientos de víctimas en toda España que han dado el paso de contar su historia en los medios de comunicación en los últimos tres años.
José Luis rememora todos los pasos dados: han llegado a acudir al Congreso de los Diputados, al Parlamento de Navarra y han logrado el respaldo político y social necesario para que la Cámara foral les reconozca como víctimas. De hecho, en el pleno de este jueves, el Parlamento debate la toma en consideración de la Proposición de Ley Foral de reconocimiento de las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica de Navarra. Tras la tramitación de la norma foral, se procederá a crear una comisión de investigación que podrá otorgar el estatuto de víctimas a estos denunciantes.
En la Declaración Institucional el Gobierno de Navarra ha reconocido la “existencia de violaciones graves de derechos humanos” en instituciones dependientes de la Iglesia católica y ha manifestado su solidaridad con las víctimas. De igual modo, ha reconocido su derecho a la justicia, memoria y reparación. Además, el Ejecutivo reconoce la doble victimización sufrida por estas personas a consecuencia del “silencio impuesto y autoimpuesto” por las particularidades de estos abusos: la edad de las víctimas —menores en el momento del delito— y el contexto de especial vulnerabilidad ante los agresores. Todo ello, concluye la declaración, impidió “satisfacer las demandas de justicia de las víctimas”.
Este reconocimiento se ha enmarcado dentro de la segunda sesión de FORU, el ciclo internacional de Justicia, Derechos Humanos y Democracia, en el que además ha participado el magistrado irlandés Sean Ryan, antiguo presidente de la Corte de Apelaciones de la República de Irlanda y responsable de la Comisión Independiente para Investigar los Abusos Infantiles en Irlanda.
Durante sus trabajos como director de dicha comisión, su equipo recabó testimonios, informaciones y archivos durante cerca de diez años para reparar a las víctimas de abusos sexuales en centros religiosos irlandeses, lo que se tradujo en la publicación del denominado Informe Ryan, publicado en 2009 y que estableció que este tipo de abusos habían tenido un carácter “endémico”, especialmente en los centros de alumnado masculino. “¿Por qué retrasar lo inevitable? ¿Por qué retrasar la verdad? Si se va a acabar sabiendo”, ha subrayado Ryan sobre la reticencia de la Iglesia de abrir sus archivos e investigar su pasado.
“Nosotros no vamos contra la Iglesia”
Posteriormente, se ha celebrado una conversación entre el teólogo Juan José Tamayo y la educadora e investigadora Paula Merelo, autora del libro Adultos vulnerados en la Iglesia, sobre el papel de la sociedad y la Iglesia ante el dolor de las personas vulneradas. El teólogo ha recriminado duramente el discurso y la actuación de los obispos sobre el tema de los abusos en los últimos años, especialmente después de que el escándalo estallase a través de los medios de comunicación. “Es una vergüenza para la propia jerarquía católica que haya tenido que ser el diario EL PAÍS el que haya hecho esta investigación durante un tiempo para identificar los 600 casos [que han salido a la luz] y que haya sido el diario EL PAÍS el que haya enviado el informe al Papa y al presidente de la Conferencia Episcopal [Española] y, a partir de ese momento, hayan empezado a tener una actitud de cambio”.
Tamayo también ha incidido de que “es el momento” de que la Iglesia dé un paso hacia atrás sobre el encargo que encomendó al bufete de Cremades & Calvo-Sotelo para aportar una radiografía sobre los abusos en el pasado. Ya que, en su opinión, el director de la firma, Javier Cremades, es miembro del Opus Dei y eso resta independencia a los trabajos de dicha comisión. “Es posible un cambio”, ha advertido, no obstante, el teólogo, que sugiere a los obispos españoles imitar el camino que han seguido otros países, como Portugal.
El evento, al que han acudido un centenar de personas, no ha pasado desapercibido en la esfera política. Es más, ha provocado las críticas del Partido Popular navarro, cuya presidenta, Ana Beltrán, ha aseverado que con este acto el Gobierno foral se ha convertido en el “tribunal político de la Iglesia católica”. Unas declaraciones que no han sentado bien a algunos de los supervivientes de abusos. “Nosotros [las víctimas] no vamos contra la Iglesia, sí contra su jerarquía. Los católicos me merecen mucho respeto”, afirma Koldo Eslava, ex alumno del colegio marista de Pamplona en los años sesenta que sufrió abusos por parte de un religioso, que también ha lanzado a Beltrán la siguiente pregunta: “¿Qué diría si usted tuviera una hija o un hijo víctima de estos horrores? No se lo deseo”.