Reclaman ser atendidas por matronas y ginecólogos, según proceda, y con la misma calidad y derechos que el resto de mujeres que dan a luz en dichos hospitales con independencia de la edad gestacional y respetando el duelo perinatal, al igual que se hace cuando la pérdida es por causas naturales
“Di a luz en el aseo sola y muerta de dolor, después de horas suplicando que me dieran analgesia”. Sucedió a las 22 semanas de gestación, tras ser derivada a una clínica privada en Murcia para realizar una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Así arranca el duro testimonio de una de las mujeres que se han adherido a la Plataforma de embarazadas expulsadas de la sanidad pública, que acaban de crear en la Región de Murcia para reclamar unas condiciones dignas para las mujeres que se acogen a estos procesos.
La Plataforma está integrada, sobre todo, por mujeres que han tenido que abortar fuera de los hospitales públicos, “aunque fuese por riesgo para la vida de la madre o graves malformaciones incompatibles con la vida en el feto”, relatan en la web que han lanzado. Según el testimonio de las mujeres, “nos conocimos en un grupo de duelo perinatal y pronto nos dimos cuenta de que no solo teníamos en común la pérdida de nuestros hijos e hijas, sino que además a todas se nos había negado un duelo respetado por parte de las instituciones que debían habernos protegido”.
En un manifiesto que han redactado entre todas instan a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a que garantice el cumplimiento de los derechos de las mujeres a interrumpir el embarazo en sus centros públicos de referencia en todo el territorio español, y animan a mujeres de todas las comunidades autónomas “a unirse a nosotras para acabar con esta injusticia”.
“Fuimos expulsadas de nuestros hospitales públicos sin justificación alguna; se nos derivó a clínicas ambulatorias donde no tuvimos la opción de una inducción de parto, tal y como deseábamos; no nos dejaron ver a nuestro bebé y en la mayoría de ocasiones sufrimos un trato denigrante en estas clínicas”, se quejan desde la plataforma, cuya portavoz es Claudia Hosseinpour, la mujer que se atrevió a dar su testimonio a cara descubierta en televisión el pasado mayo en el programa Salvados.
Nuestra primera aparición. Claudia, nuestra portavoz, en Salvados. #EXPULSADASDELASANIDAD pic.twitter.com/5kqFDEaPxn— Embarazadas Expulsadas de la Sanidad Pública (@EmbarazadasExpu) 13 de octubre de 2021
Tras la denuncia en los medios de comunicación de estas mujeres, el Gobierno de Murcia se comprometió a hacer algunos cambios en los procedimientos de la IVE: atender a las mujeres por encima de las 22 semanas en el Hospital Virgen de la Arrixaca y no derivar más mujeres a clínicas de Madrid, además de firmar un convenio con las clínicas ambulatorias que atienden a las mujeres que interrumpen voluntariamente el embarazo por debajo de esa edad gestacional y que hasta ahora no estaba regulado.
El pasado agosto se aprobó en Consejo de Gobierno la propuesta de autorización para “la realización del gasto que supone el contrato de Servicios Sanitarios para la interrupción voluntaria del embarazo en la Región de Murcia, actualmente en trámite para sacar a licitación el contrato”, informan desde la Consejería murciana de Salud.
La propuesta que hizo el Gobierno murciano es “una trampa”, considera en declaraciones a elDiario.es Región de Murcia Jorge Serrano, matrón y miembro de la Plataforma. “A la semana 20 se hace la ecografía morfológica, y las mujeres que vayan a abortar con más de 22 semanas son menos de una veintena al año”, concreta; “tienen que pasar incluso por un comité clínico, formado por profesionales de La Arrixaca”.
Jorge Serrano también se queja de que “la propuesta todavía no ha salido adelante y pasa, por ejemplo, por que el que atienda a las mujeres en las clínicas sea ginecólogo, que ahora no siempre lo es”. El concierto está cuantificado en 6,4 millones de euros en cuatro años. “En total van a invertir incluso más que si lo hacen en la pública; además es un monopolio porque las cinco clínicas que hay en Murcia son de las mismas personas, rota el mismo médico según el día”.
Francisco Valero es director médico de Ginemur: “No es cierto que sea un monopolio, tres de las clínicas en la Región pertenecen a una empresa y dos a otra”. Respecto al convenio con el Servicio Murciano de Salud (SMS) “sabemos que se está elaborando pero no conocemos los puntos concretos”, asegura al tiempo que niega tajantemente que el médico que atiende a las mujeres sea generalista. “Somos tres compañeros en el equipo, todos ginecólogos, aunque uno está en proceso de homologar el título; y contamos con otra compañera también ginecóloga que nos hace las sustituciones”.
Centros ambulatorios privados con horarios limitados
Serrano recuerda que es en la segunda ecografía cuando se suelen diagnosticar las malformaciones; todas esas mujeres “van a los centros ambulatorios privados y esto va a seguir así”. Al ser ambulatorios, “cierran a una hora determinada y se reduce la posibilidad de una inducción; es decir, que si a determinada hora no han dado luz, se les hace un legrado. En la sanidad pública, en esa misma edad gestacional, el trato es totalmente distinto”.
En este sentido, el director médico de Ginemur, explica que la mayoría de las mujeres escogen el método DIE (Inducción, Dilatación y Extracción). “Es más rápido y en unas horas está todo terminado; pero en el caso de que quieran una inducción el criterio para actuar de otra manera es médico, por prudencia, y no por el horario de la clínica; para eso hay un margen de 12 horas desde que se abren los centros”.
La Consejería murciana de Salud, por su parte, afirma que “a todas las mujeres se les oferta la inducción al parto cuando llegan a la clínica, en función del número de semanas de gestación en la que se encuentran”. “Según la evolución del proceso de cada caso, en ocasiones se tiene que finalizar con una técnica instrumental. Es cierto que hay ciertas limitaciones en los espacios temporales dedicados a estos procedimientos, y estamos trabajando en opciones para mejorar también la atención en estos casos, sobre todo en gestaciones más avanzadas que precisan mas tiempo para su resolución”, añaden.
En el manifiesto que han hecho público desde la Plataforma reclaman que las pacientes que accedan a la interrupción legal de embarazo vivan este proceso en hospitales públicos del Servicio Murciano de Salud que dispongan de servicio de obstetricia. También quieren ser atendidas por matronas, ginecólogos y demás profesionales, según proceda y con la misma calidad y derechos que el resto de mujeres que dan a luz en dichos hospitales con independencia de la edad gestacional y respetando el duelo perinatal, al igual que se hace cuando la pérdida es por causas naturales.
Según relatan las mujeres, este proceso se lleva a cabo en varios hospitales del territorio nacional “y nos han hecho conocedoras de sus protocolos, por lo que somos conscientes de que se podrían aplicar en el Servicio Murciano de Salud de manera inminente”.
“También pagamos impuestos y tenemos Seguridad Social”
María Jódar Soto es coportavoz de la Plataforma y otra de las mujeres que también habló abiertamente en el programa Salvados. María se vio obligada a abortar en una clínica en Madrid, a la que califica como “antro”, en febrero de 2019 tras detectarle en la semana 28 en el centro de salud de Lorca que su hijo sufría agenesia del cuerpo calloso y ventriculomegalia severa bilateral, lo cual dificultaba enormemente la formación de la cabeza. Los médicos le daban un “99% de posibilidades de vivir en estado vegetativo”.
“Tras esperar dos semanas la decisión del comité ético me llamaron de la administración del Servicio Murciano de Salud y me dijeron que al día siguiente tenía que irme a Madrid sin explicarme nada más”, relata María al teléfono. “Mi marido estuvo preguntando para poder ver a mi hijo y nadie le dio ninguna respuesta. Por suerte tuve una hija que nació un año después, pero eso lo tienes todos los días en la cabeza”, dice entre lágrimas. Tras la IVE le llamaron desde la Arrixaca para avisarle de que tenía una resonancia programada. “No estaba registrado en ningún sitio cuando me llaman para hacerle una prueba a mi hijo”, apunta la joven de 31 años.
“Te tratan como si hicieras algo clandestino que tiene que permanecer oculto. Da igual en la semana en la que se interrumpa el embarazo, cualquier mujer debe poder interrumpir su embarazo en su hospital de referencia o en el de la Comunidad. Nosotras vamos a luchar hasta el final para que se haga en el momento en el que se diagnostique el problema y no tengan que mandar a nadie a ninguna clínica privada. También pagamos impuestos y tenemos Seguridad Social para que nos atiendan en nuestra Región. Además, es muy importante el trato psicológico y humano que dan los profesionales”, añade.
Según amparan la Ley Orgánica 2/2010 y el Código Deontológico de la Medicina la objeción de conciencia debe ser expresada de forma anticipada e individual, por escrito, y de forma comprensible para que la paciente entienda las razones de ésta, hecho que no se llevaría a cabo (y que no se produce en la actualidad) de ser derivadas directamente a clínicas concertadas o privadas. Ninguna mujer puede ser derivada mientras que todos los profesionales disponibles no se hayan pronunciado en contra de realizar dicho proceso.
Funeral y necropsia
Además, piden que las mujeres que pasan por un proceso de interrupción legal de embarazo por motivos médicos, tengan, como el resto de mujeres que vive una pérdida durante su embarazo, derecho a ver a su hijo y a poder despedirse de él o ella con dignidad, así como a tener acceso a un funeral organizado si así lo requieren; que a los bebés, si la madre así lo desea, se les realice la necropsia y se estudien las causas del hecho que dio acceso a dicha interrupción, igual que se hace con quienes fallecen de forma natural intraútero; o que la madre tenga seguimiento psicológico gratuito.
Otra de las peticiones que realizan es que toda mujer que sufra una pérdida pueda dar a luz lo más aislada posible del resto de madres que estén dando a luz a sus bebés vivos, “con el fin de aliviar su sufrimiento, así como que puedan ser ingresadas tras el parto en unidades dónde no estén en contacto con recién nacidos, debido al impacto que esto puede tener en su recuperación y su salud mental”.
Y se dirigen al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; a la consejera de Igualdad, Isabel Franco; al consejero de Salud, Juan José Pedreño y al gerente del Servicio Murciano de Salud, Francisco Ponce “para que de una vez se respete este derecho fundamental de toda mujer”.
