El registro por 30 euros de la mezquita de Córdoba ha sido uno de los más llamativos, pero Navarra concentra la mayor parte de casos conocidos en litigio, con resultados dispares
Desde que saltó a nivel nacional la polémica de las inmatriculaciones, se han conocido casos realmente llamativos, aunque sobresale el destapado en el 2009, relativo a la mezquita de Córdoba. La Iglesia la registró a su nombre, como catedral, en el 2006, por el irrisorio precio de 30 euros. La indignación de los movimientos laicos cordobeses –y no solo de ellos– aumenta al comprobar cómo, por ese precio, la institución adquirió una propiedad por la que no paga IBI y por la que cobra entrada a los turistas.
Pese a este estandarte, la mayoría de los casos conocidos sigue estando en Navarra, donde la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro, creada por los ayuntamientos afectados cuando la problemática salió a la luz, ha llegado a contabilizar más de 1.200 de estas atribuciones. El hecho de que sea legal su inscripción no conlleva que los consistorios no puedan litigar por los bienes, si pueden acreditar que son de su propiedad.
Ha habido casos para todos los gustos, y en ocasiones los ayuntamientos han visto cómo edificios en los que habían invertido ingentes cantidades de dinero público en su restauración y mantenimiento son, de repente, propiedad del Arzobispado de Pamplona, que pensaban que solo los utilizaba para el culto.
Apelación al Papa
El último del que se ha tenido noticia ha sido negativo para los poderes públicos. Se trata de la ermita del Pilar de Garísoain, que el concejo de la localidad trató de inscribir a su nombre al destaparse la polémica. El Arzobispado de Pamplona lo denunció, y el Tribunal Superior de Navarra ha acabado por dar la razón a los religiosos, al inadmitir el recurso de casación presentado por la Audiencia Provincial. Ahora, un miembro del concejo ha remitido un escrito al Papa para que tercie en el conflicto e inste al arzobispo a aceptar el acuerdo que le propusieron: gestionar y utilizar el templo, que seguiría siendo propiedad de la localidad.
En Aragón, los casos conocidos son escasos. Sí cabe mencionar el de la ermita de Santa Engracia. en San Mateo de Gállego, cuya titularidad fue otorgada al ayuntamiento por el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Zaragoza, en julio, al desestimar la demanda interpuesta por la parroquia de la localidad sobre la propiedad del inmueble. El consistorio pudo acreditar que tenía inscrita la ermita –que custodia piezas de valor artístico– desde 1950, y que había efectuado obras de mejora en ella una década después. Aún así, el caso no sería exactamente el mismo, ya que el registro no fue directamente del arzobispado ni se trataba de un inmueble sin propietario conocido.
Otra ermita en litigio es la de San Félix, reclamada por el Obispado de Tarazona. En mayo del año pasado, el Ayuntamiento de Morés obtuvo una primera victoria cuando la Gerencia Regional del Catastro de Aragón denegó la solicitud del obispado de inscribir los terrenos su nombre. El argumento eclesiástico fue que la construcción registrada no aparecía representada en la cartografía catastral, y por tanto solicitaba "la superposición de la finca urbana sobre la finca rústica en la que físicamente se encuentra".
En cualquier caso, el Castastro se reconoció no competente para resolver el conflicto, por lo que el litigio continúa, como admitió el alcalde, Carmelo Enguid.
La ermita de Morés y la de San Mateo de Gállego. Fotos: EL PERIÓDICO
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