«Mi General» o «Excelencia Reverendísima»

La jerarquía católico-romana continúa actuando desde premisas inadmisibles: el mundo ya no se halla parcelado en Estados cerrados, a modo de cotos de caza privados, en los que alguien pueda asignar o imponer la exclusiva para la difusión e implantación de ninguna ideología religiosa…

En El País del domingo, nos contaba Natalia Junquera cosas muy interesantes en torno a su reciente entrevista con Juan del Río, presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social y Arzobispo castrense, de quien depende el llamado “Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas” del Estado. La categoría que tiene asignada legalmente ese señor es la de General de División, aun no siendo considerado “un militar como los demás”, según aduce.
Me parece innecesario reiterar aquí las muy obvias preguntas y respuestas que suscita la anacrónica presencia de jerarquías y símbolos religiosos en todos los anaqueles del organigrama socio-político español, ya que vienen suscitándose, casi diariamente y desde hace años, por ciudadanos de toda condición. Ciudadanos que, por su aconfesionalidad libremente manifestada, podrían acabar pareciendo los verdaderos anacrónicos en este peculiar Estado “aconfesional” que es España. Y tal vez de eso se trate.

Uno se pregunta si la sordera inusitada de un gobierno socialista, que se halla en su segunda legislatura, tendrá curación. Ya sabemos que hay crisis y que ahora urgen otras cosas, pero eso no puede servir de coartada en ningún caso. El proceso de reestructuración democrática, emprendido en 1978, no se ha completado aún y el tema de la actual supuesta aconfesionalidad del Estado constituye uno de sus escollos más conspicuos.

La pertinacia perseverante de la ICAR (Iglesia Católica, Apostólica y Romana) proponiendo datos y situaciones históricas hoy carentes de toda vigencia social, como argumento para el acoso y derribo del propósito de consolidación de un Estado totalmente democrático en España, tiene como increíble meta inmediata hacer parecer obsoletos y anacrónicos a los españoles que reclamamos la entrada en vigor de esa aconfesionalidad proclamada por nuestra Constitución. Véanse las cínicas manifestaciones de sus medios y de sus jerarcas, llegando a tachar nada menos que de “hitleriana” la aspiración a la laicidad, por boca del Sr. Rouco Varela.

La jerarquía católico-romana continúa actuando desde premisas inadmisibles: el mundo ya no se halla parcelado en Estados cerrados, a modo de cotos de caza privados, en los que alguien pueda asignar o imponer la exclusiva para la difusión e implantación de ninguna ideología religiosa, partidista o de cualquier otro signo, y aun menos so pretexto de que “siempre fue así”. Por otra parte, los ciudadanos españoles que asumen y apoyan conscientemente la dogmática del credo católico son minoría, en contra de las contínuas afirmaciones interesadas en contra de esa realidad. Una cosa es el folklore tradicional y otra la actitud sobria, reflexiva y crítica de la ciudadanía a la hora de optar y de votar. Lo estamos viendo respecto al aborto, a la enseñanza religiosa en las escuelas, a las subvenciones asignadas al clero romano, etc., tanto en los debates públicos como en los coloquios privados.

Es hora de que se convenza la ICAR de que la Ética es una parte de la Filosofía y no una propiedad de las religiones. Instituciones estatales como las Fuerzas Armadas del país, la Policía Nacional, la Seguridad Social, etc., no tienen por qué adecuar su sentido ético o sus actuaciones a ninguna formulación religiosa. Los miembros de esas instituciones vienen obligados a cumplir con su deber doblemente, como ciudadanos y como funcionarios, porque lo exigen las leyes del Estado de Derecho. Ése es el único compromiso contraído. Las Instituciones mismas, como tales, no se hallan sujetas a “problemas de conciencia” que hayan de resolverse fuera del ámbito parlamentario. No necesitan capellanes, ni “Servicio de Asistencia Religiosa”, para poder actuar con arreglo a la ética de justicia y de solidaridad exigida por nuestra Constitución y nuestra educación ciudadana. Contamos con tribunales muy respetables para tratar las excepciones.

También es obvio que aquellos individuos que precisen asistencia religiosa, tanto en las Fuerzas Armadas como en el Cuerpo de Bomberos, tienen derecho y libre acceso a ella y se supone que las diversas corporaciones religiosas existentes en España (no solo las católicas) la prestarán fraternalmente a quienes se la soliciten.

La moral laica es objetiva, democrática y universal. En los actuales países de cultura democrática es reflejo de una Ética depurada a lo largo de siglos, con aportaciones filosóficas, religiosas o consuetudinarias de diversos orígenes y procedencias. Es una falacia más afirmar que la aportación cristiana (y en nuestro caso, católica) a la configuración de los Estados modernos occidentales es la única determinante de nuestra cultura, como se ha hecho por parte del Estado Vaticano respecto a Europa, aunque sin éxito. Europa y España son crisoles de etnias y culturas en evolución, como es bien sabido. Y lo es tambien el mismo cristianismo, amalgama de viejas tradiciones orientales, mediterráneas, romanas y locales en cada una de sus ubicaciones geogáficas, con más de cuatrocientas secciones o sectas portadoras de la misma cruz.

Por cierto: al parecer, le ha nacido una nueva “rama” a la ICAR, en Bilbao, liderada por una Excelencia Reverendísima joven, que exhibe sobre su mesa de trabajo la bandera española preconstitucional y proclama como única “verdadera” a la ICAR preconciliar. Afortunadamente, prefiere hablar en latín….

Amando Hurtado es licenciado en Derecho y escritor

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