Profesionales sanitarios relacionados con entidades religiosas y colectivos «provida» se han alineado con el discurso de Bolsonaro en la difusión de remedios ineficaces para tratar la COVID-19. Comparten e impulsan una agenda en común y se relacionan con otras organizaciones negacionistas como Médicos por la Verdad, de influencia en otros países de Europa y América Latina.
El ginecólogo y activista contra el aborto, Raphael Câmara ocupa un puesto estratégico en el Ministerio de Sanidad de Brasil: es responsable de la gestión de la atención primaria en clínicas y centros de salud ambulatorios. El funcionario del gobierno de Jair Bolsonaro ha sido, además, un crítico feroz de las medidas de confinamiento impulsadas durante la pandemia.
También actuó con grupos médicos que propagaron –aunque sin evidencia– los llamados tratamientos tempranos para la enfermedad, como la cloroquina, su derivado hidroxicloroquina, y la ivermectina, que, a pesar de ser ineficaces, fueron ampliamente difundidos por el propio presidente y su gobierno.
Durante la pandemia, algunos médicos brasileños que ya hacían activismo contra el aborto –que en Brasil es legal en casos de violación, riesgo de muerte materna o anencefalia del feto– incorporaron discursos negacionistas y pseudocientíficos en relación con la COVID-19. Entre ellos hay personas que integran la base ideológica del gobierno de Bolsonaro, por ejemplo Raphael Câmara y Mayra Pinheiro –secretaria de Gestión del Trabajo y Educación para la Salud–, que se hizo conocida como «capitana de la hidroxicloroquina» por defender el uso del ineficaz de este fármaco para combatir los síntomas de la COVID-19.
Fuera de los cargos públicos, los médicos contra el aborto y negacionistas han utilizado la influencia y la credibilidad de sus títulos profesionales para difundir desinformación en las redes sociales, actuando a menudo de forma coordinada en espacios que se relacionan con colectivos de influencia internacional como Médicos Por La Verdad, que surgió en España y se extendió por Europa y América Latina.
Estos mismos colectivos están vinculados a grupos fundamentalistas religiosos, como CitizenGo, plataforma del grupo ultraconservador europeo HazteOir, que organiza campañas antiderechos en Internet, como lo informó Agencia Pública en un reportaje anterior.
La académica y activista Sonia Corrêa, que coordina una investigación sobre políticas antigénero en América Latina, explica que, en Brasil, la correlación entre el activismo contra el aborto y el negacionismo en el ámbito médico está relacionada con un núcleo de pensamiento común y conservador. «Hay que pensar como una ecología: ideas que pertenecen al mismo entorno de pensamiento de estos grupos bolsonaristas donde conviven, en distintos grados e intensidades, el repudio al aborto, el negacionismo de las vacunas, la defensa de los tratamientos tempranos», argumenta.
Médicos por la vida
En Brasil, el grupo más conocido de médicos negacionistas es Médicos por la Vida, que comparte los mismos ideales que el grupo español Médicos por la Verdad, con presencia en varios países de la región como Argentina, Perú y México.
El informe final de la comisión parlamentaria del Senado Federal de Brasil (CPI), que investigó las supuestas omisiones e irregularidades en la actuación del gobierno de Jair Bolsonaro durante la pandemia de COVID-19, señala que este grupo «propuso la existencia de un gabinete paralelo» que condujera la pandemia sin tener en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), además de abogar por medicamentos sin eficacia y desalentar el uso de mascarillas y el aislamiento social.
La comisión parlamentaria del Senado Federal de Brasil señala que este grupo «propuso la existencia de un gabinete paralelo» sin tener en cuenta a la OMS
Este gabinete paralelo, formado por médicos y empresarios, coordinaba con el Ministerio de Sanidad, influyendo en las decisiones sobre la compra de vacunas y las medidas sanitarias. Durante esta investigación periodística se conoció que la oncóloga e inmunóloga Nise Yamaguchi, una activista cristiana, contraria al aborto e integrante de Médicos por la Verdad, conformó ese gabinete en las sombras. Entusiasta de la cloroquina, incluso fue considerada para asumir el Ministerio de Salud el 2020, pero incluso sin el cargo, fue una asesora cercana a Bolsonaro sobre la pandemia.
Nise Yamaguchi participó en una reunión con el presidente Bolsonaro para discutir las vacunas y el uso de hidroxicloroquina, según el informe de CPI, y firmó una carta en la que junto a otros profesionales de la salud desaconsejaba el uso de mascarillas y medidas más estrictas de aislamiento, al tiempo que defendía los medicamentos ineficaces para tratar la COVID-19.
Otro firmante de la carta es Hermes Nery, experto en bioética y coordinador del Movimiento Legislación y Vida, que articula una agenda contra el aborto con parlamentarios conservadores en el Congreso, como el diputado federal Chris Tonietto (PSL-RJ), vinculado al ultraconservador Centro Católico Dom Bosco.
El Movimiento Legislación y Vida está vinculado a Human Life International, el mayor movimiento contra el aborto del mundo, y también a CitizenGO, una organización ultraconservadora de la que Wikileaks filtró documentos este año.
Además de actuar en contra de la legalización del aborto y a favor de las agendas más conservadoras, el movimiento fundado por Hermes Nery elaboró, junto con Médicos por la Vida, un manifiesto a favor de la no obligatoriedad de las vacunas en el sitio web de CitizenGO. También organizó una petición para que el senador Eduardo Girão, aliado del gobierno, asumiera la presidencia de la CPI.
Girão impulsó una propuesta parlamentaria que buscó compensar con un bono económico a las mujeres víctimas de violencia sexual que decidieran mantener su embarazo. En una sesión del CPI con el director del Instituto Butantan, Dimas Covas, el senador bolsonarista Eduardo Girão insinuó que las células utilizadas por el instituto de salud para la producción de vacunas CoronaVac eran extraídas de «fetos abortados», lo que fue negado por el invitado.
Recientemente, Hermes Nery ha realizado publicaciones atacando el pasaporte sanitario para las personas vacunadas y el uso continuado de mascarillas.
Vacuna con células embrionarias y otras informaciones falsas
La pediatra y secretaria del Ministerio de Sanidad, Mayra Pinheiro, fue una de las principales portavoces del tratamiento precoz de la COVID-19. La llamada «capitán de la cloroquina», hizo campaña contra el aborto en la votación del Tribunal Supremo para aprobar la interrupción del embarazo en casos de infección durante la epidemia del virus del zika, que provoca microcefalia. «Estamos liberando en Brasil la muerte de inocentes… ¡Di no al aborto! Vida sí, respeto, muerte no», dijo Mayra Pinheiro en la grabación que colgó la diputada federal bolsonarista Carla Zambelli.
Mayra Pinheiro también difundió la creación del grupo de médicos cristianos «Ainda Há Bem», que mezcló el aborto y la cloroquina en una campaña con vallas publicitarias en Fortaleza, una importante capital brasileña que se encuentra en el estado de Ceará.
El sitio web del grupo se registró a nombre de un servidor de la oficina de Mayra Pinheiro, y poco antes de que se lanzara la campaña, en marzo de este año, se reunió con el senador Eduardo Girão (Podemos), que organiza marchas contra el aborto. Girão es una antigua compañera de la secretaria del Ministerio de Salud y también de la ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, Damares Alves.
Mayra Pinheiro está en la lista de personas acusadas por delitos en la comisión que investigó la respuesta en la pandemia y que puso de manifiesto cómo el gobierno contribuyó a agravar la crisis sanitaria. Fue responsable, por ejemplo, del sistema del gobierno federal (TrateCov) que indicaba la cloroquina y la ivermectina en los casos de diagnóstico probable de COVID-19, incluso para las mujeres embarazadas y los bebés. También está implicada en el aumento de las muertes por falta de oxígeno y respiradores en el estado de Manaos, que provocó el colapso de los hospitales en la región amazónica.
«Imagina que te invitan a un concierto de música barroca, y en el teatro está escrito que van a tocar el Concierto en Re Mayor de Vivaldi, pero llega un grupo de pagodas. Luego, le piden que comente cómo fue el concierto de música barroca. Suena ridículo, ¿verdad? Pero yo digo que la mayoría de la gente de hoy en día aceptaría escuchar pagode y, para no ser considerado un negacionista, diría que le gustó el concierto». Con esta metáfora, el médico Djalma Marques comienza su participación en una audiencia pública en el Ayuntamiento de Uberlândia, en el estado de Minas Gerais.
«Estamos viviendo en un teatro donde nos invitaron a asistir a un concierto de música barroca y están tocando pagode», dice el médico, que también es músico.
Presentado con un extenso currículo que le acredita como autoridad en el evento, que tuvo lugar a principios de octubre del 2021, Djalma Marques dispara comentarios con supuestos argumentos técnicos contra el uso de mascarillas, la cuarentena, la vacuna y el pasaporte sanitario, un requisito de prueba de dosis de inmunización para la entrada a eventos como los partidos de fútbol que fue el tema del evento público.
En Brasil, el médico también es miembro de la asociación Médicos por la Vida y firmó en abril de este año la primera petición del movimiento, que hasta ahora recoge más de 30 mil firmas para el «tratamiento temprano» sin evidencia. Marques también firmó un manifiesto enviado al Ministerio Público y al Poder Judicial donde supuestamente presentaban «argumentos técnicos y científicos» contra el uso de las vacunas contra la COVID-19.
El 2 de junio de este año, Marques entrevistó al médico Alessandro Loiola, también acusado de difundir información falsa sobre la COVID-19, en una emisión en directo en Instagram. Durante la conversación, que duró algo menos de una hora, la doctora Kefir (nombre de usuario de Djalma Marques en Instagram) calificó las mascarillas de «bozales» y argumentó que en Brasil no hay una pandemia, sino una «pandemia de PCR», sugiriendo que son las pruebas las que están aumentando el número de casos de la enfermedad.
Además de defender al presidente Jair Bolsonaro, los médicos buscaron relacionar el aborto con las vacunas, una estrategia ya utilizada antes por parlamentarios, influencers y blogs de personas que defienden el régimen de Bolsonaro en la campaña contra la inmunización. «En [la vacuna] hay células embrionarias, células fetales. Me gustaría saber de dónde sacan tantas células de embriones, de fetos», dijo Marques.
Debido a las publicaciones negacionistas, Djalma Marques fue incluido en el informe final de la comisión investigadora como uno de los perfiles propagadores de noticias falsas en Instagram.
Médicos por la verdad
Djalma Marques fue quien llevó a Médicos por la verdad a Brasil. En un vídeo publicado en su perfil de 2020, afirma tener una «fantástica noticia» sobre una conferencia en España. Y en seguida dice una serie de hechos falsos: «Los médicos están de acuerdo en los siguientes puntos: las víctimas del coronavirus no superan a las que murieron por la gripe estacional el año pasado en la gran mayoría de los países. Dos: los protocolos médicos en diferentes países han sido alterados para exagerar los resultados. Tres: el confinamiento de personas sanas y el uso forzado de mascarillas no tienen ninguna base científica».
Ninguno de los tres puntos es cierto.
El 15 de marzo de 2020, en el segundo día de cuarentena en España, un audio de casi seis minutos se hizo viral en el país: en él, la médico de familia Natália Prego afirma que habría una «manipulación emocional y psicológica de la población por el coronavirus» y, asegura que la infección por coronavirus no sería significativamente más grave que la infección por el virus de la gripe o el sarampión. Natália Prego es una de las fundadoras de Médicos por la Verdad y, en septiembre del 2020, registró la marca «Médicos por la Verdad Doctors for the Truth» en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). En su canal de Youtube, con casi 15 mil suscriptores, la doctora presenta versiones en portugués de sus vídeos, llegando al público de países como Portugal, pero también de Brasil.
Debido a sus posiciones anticientíficas, tanto los grupos españoles como los brasileños se enfrentan a acciones legales. La CPI de Brasil consideró que Médicos por la Vida «violó el Código de Ética Médica» y sugirió que se investigaran los hechos; mientras tanto, Médicos por la Verdad está siendo demandado por haber emitido un dictamen favorable al uso de cloroquina e hidroxicloroquina para las víctimas del coronavirus.
Consejo Federal de Medicina contra el aborto
Según la comisión que investigó la pandemia, el Consejo Federal de Medicina (CFM), principal órgano representativo de los médicos en Brasil, es responsable de omisión y negacionismo. Su presidente, Mauro Luiz de Brito Ribeiro, está entre los investigados por la comisión. Ante este anuncio dijo que mantiene «sus convicciones a favor de la autonomía del médico y del paciente», argumentando que los médicos tienen autonomía para prescribir los medicamentos que consideren más adecuados, incluso aquellos de eficacia no probada y que pueden poner en riesgo la vida de los pacientes.
En julio de este año, Mauro Luiz de Brito Ribeiro firmó un documento en el que el Consejo Federal de Medicina (CFM) se posiciona en contra del aborto por telemedicina, que fue aprobado a través de una ordenanza durante la pandemia, cuando el acceso a los hospitales se hizo más restringido. «Para que no queden dudas en relación al caso, informamos que este Consejo Federal se opone frontalmente a la realización del procedimiento de aborto legal a través de la telemedicina y fuera del ámbito hospitalario», dijo.
Contra el aborto y contra las vacunas
Diferentes sitios web vinculados al gobierno de Bolsonaro han estado propagando información falsa sobre la existencia de «células de fetos abortados» en las vacunas producidas contra el coronavirus. Cinco de ellos fueron citados en el informe final de la CPI como «propagadores de noticias falsas»: Brasil Sem Medo, Conexão Política, Senso Incomum, Jornal da Cidade Online y Estudos Nacionais.
En julio de 2020, el sitio web Brasil Sem Medo, dirigido por Bernardo Küster -citado por el informe como miembro del núcleo político del gobierno- argumentó que el «miedo a la enfermedad [COVID-19] ha estado produciendo una especie de «ceguera moral». «No se trata de mero material genético, sino de vidas humanas que se convierten en objeto de codicia para el uso por parte de la industria de soluciones para enfermedades», argumenta el texto.
El sitio web Conexão Política también abordó el tema en un artículo en el que defiende el tratamiento precoz sin eficacia contra la enfermedad y señala la existencia de un supuesto mercado que fomenta el aborto de bebés para el beneficio de las empresas farmacéuticas. «No se debe normalizar el uso de líneas celulares derivadas del aborto de bebés inocentes y se deben eliminar los incentivos legales, financieros o de mercado para cosechar bebés abortados», publicó en diciembre de 2020.
En una respuesta a la Agência Pública, el sitio web Brasil Sem Medo afirmó que la CPI era «una iniciativa partidista, política e ideológica» y que «ningún sitio web o agencia cumple con la competencia legal o institucional para supervisar el procedimiento periodístico de sus competidores».
Conexão Política también atribuyó la inclusión en el informe de la CPI como «un acoso ideológico por asumir posiciones editoriales de espectro conservador». Según el sitio, «nunca hemos persuadido a nuestra audiencia para que crea que se abortan nuevos bebés». Por último, el medio dijo que defiende que «ofrecer la vacuna es la forma más eficaz de vencer la actual crisis sanitaria», pero que ello «no impide plantear cuestiones como los debates éticos, las preocupaciones religiosas, la arbitrariedad del Estado y las libertades individuales».
Estudos Nacionais subrayó que «no consideramos que la CPI sea un órgano legítimo o exento» y que las agencias de control y Agencia Pública no tienen «ninguna función legítima de control sobre los periodistas». Argumentó que «tanto los periodistas como los ciudadanos de a pie tienen derecho a sospechar que la producción de vacunas está asociada a la industria del aborto» y que «son los productores de vacunas (y los organismos interesados) los que deben proporcionar aclaraciones para responder a las dudas de la población».
