Los representantes del Estado Español han preferido los fastos de la liturgia católica en el maravilloso marco de la Catedral, al humilde acto cívico, aconfesional del día después.
Sé que no es la primera vez que titulo un artículo así; pero tampoco es ésta la primera vez, sino la enésima –pongan el valor que quieran a “n”- que nuestros Gobiernos se saltan la Constitución a la torera y se comportan como si hubieran sido los de un Estado confesional: tras la tragedia ferroviaria de Santiago de Compostela, los representantes del Estado Español han preferido los fastos de la liturgia católica en el maravilloso marco de la Catedral, al humilde acto cívico, aconfesional del día después. Creo que en aras de la sinceridad hay que pluralizar, porque los gobernantes de UCD, PSOE y PP, por hablar solo de los gobiernos del Estado Español, han seguido comportándose como las autoridades del antiguo régimen. Con diferencias de matiz; pero con semejanzas en aspectos fundamentales. A otros niveles, como son los regionales, provinciales y no digamos municipales -por aquello de tradiciones y populismos- el revoltijo entre autoridades eclesiásticas y civiles, podrá ser una costumbre; pero repetirla a los más de tres decenios y medio de haber consagrado en nuestra Constitución el laicismo del Estado –su independencia de religión alguna- supone una descarada burla al deseable progreso democrático.
Cuando nuestros concejales defienden su derecho a presidir procesiones so pretexto de que son católicos, mienten para justificar su conducta antidemocrática. Sería una discriminación odiosa la prohibición de su asistencia a cualquier acto religioso; pero deben hacerlo como simples fieles: hasta resultaría edificante para esa religión el que una autoridad civil desfilase, como un fiel más, revuelto entre ellos, como muestra de que su Dios no prima a los poderosos de la tierra, ni les da preferencia por serlo. Y ello sin contar que cuando un representante político forma parte de un acto eclesiástico en virtud de su cargo, está sometiendo a la ciudadanía a la que representa a la sumisión a una determinada religión en la que puede creer o no creer; pero que, en cualquier caso, no ha votado para convertir a los representantes públicos en ministros de Dios… y menos al revés. Los paseos de Franco bajo palio, eran vergonzosos para la Iglesia y el Estado; pero las menos espectaculares presidencias de alcaldes, delegados de gobierno y otras jerarquías laicas en las procesiones religiosas, suponen la misma cosa… aunque con aspecto menos ridículo.
Curiosamente, fue el bueno de san Agustín, algo “socialistoide” y espiritualista para el gusto de la dirección oficial de la Iglesia, que prefiere como filosofía oficial de su formación el “realismo” aristotélico de santo Tomás, el que estableció la muy querida doctrina por la Iglesia de las “dos ciudades”, en la que establece diferencia entre la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres –eclesiástica y civil- con supremacía jerárquica de la de Dios… y por tanto con derecho a dirigir e intervenir en la de los hombres. Y esta supremacía de los clérigos es muy querida por los eclesiásticos (varones con órdenes mayores), por oposición al resto de los humanos… y por supuesto a las mujeres: tan poca cosa ellas, que solo pueden recibir alguna orden menor, tras haberles sido reconocida alma racional hace pocos siglos. Y, como, saben ustedes, el que no es clérigo, es “laico” o “lego”(indocto, ignorante) y se le reconoce una parcela de pensamiento muy pequeñita, aunque haya recibido un Nobel… pero dicen que “iglesia” quiere decir “asamblea”
Lo cierto es que la Iglesia Católica desdeña cualquier estructura asamblearia y hasta democrática: su jerarquización es rígida, como corresponde a una monarquía absolutista, en la que el monarca ejerce una incontestable autoridad en la organización eclesial, que siguiendo la doctrina agustiniana puede y debe extenderse sobre el resto de los poderes terrenales. Parece importar poco la machacona insistencia de Jesús ordenando la separación de las competencias del Estado –el César- y las de Dios, o recordando que su reino no era de este mundo, con el “constantinismo” la Iglesia se aficiona de tal manera a ejercer el poder “temporal” que cuando la Unificación Italiana acabó con la independencia de los Estados Vaticanos, incorporándolos a la naciente nación, el Papa Pío IX, además de excomulgar a la instaurada Casa de Saboya como dinastía de la corona italiana, se declara prisionero en su Palacio Vaticano, hasta que los Pontífices fueron “liberados” por el fascista Mussolini que celebró acuerdos con el Vaticano para reconocerlo como un Estado dentro del Estado Italiano.
El Papa volvió a tener “poder temporal”, siendo el Jefe de su Estado y pudiendo intercambiar embajadores a cualquier país con el que mantenga relaciones diplomáticas. Pero el deseo eclesial de intervenir en la vida societaria civil, va más allá de formalismos. En nombre del “iusnaturalismo” –invento muy querido por los clérigos, que trata de dar carta de “natural” a la adaptación católica de la moral mosaica- es empleado como pretexto de juzgar a las leyes emanadas de los órganos democráticos… y “mutatis mutandis” en toda la actividad pública. La Iglesia española no ha sido una excepción, ni mucho menos: tomó partido contra la democracia y a favor de la sublevación contra ella, declarando a la lucha entre hermanos, nada menos que “Cruzada”. Fue incondicional del régimen franquista con alguna excepción, como el cardenal Tarancón que pidió separación entre Iglesia y Estado (laicismo) lo que le ganó la ira de la derecha integrista que cubrió las fachadas con el “caritativo” mensaje de “Tarancón al paredón”. Pero nuestros obispos, que un día le eligieron Presidente de la Comisión Episcopal, volvieron a presidentes más tradicionalistas.
El nuevo Papa, Francisco, entre otros disgustos al integrismo reinante, ha defendido la laicidad del Estado, o si lo prefieren: la independencia de la religión y el estado. Nuestros próceres políticos y religiosos son más papistas que el Papa. Les supongo elevando preces por su pronta conversión.
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