En este 9 de diciembre conmemoramos el Día Internacional del Laicismo, tomando como referencia la misma fecha de 1905 en la que se aprobó en Francia la ley de separación del Estado y la Iglesia. Esto supuso un hito verdaderamente importante en el avance del derecho a la libertad de conciencia que se ha extendido en las sociedades democráticas más avanzadas.
Más adelante, en este mismo día de 1931, durante la Segunda República, se aprobó en las Cortes españolas la Constitución que proclamaba la laicidad del Estado, situación que quedó abolida con el reconocimiento de la religión católica como la oficial durante la larga dictadura franquista.
Este año, además, celebramos el XX aniversario de Europa Laica, lo que es un motivo de orgullo para nosotros, dado que nos hemos consolidado en gran parte de los territorios y comunidades que configuran el Estado español.
Así, en estas dos décadas hemos conseguido, con mucho esfuerzo, llevar a la sociedad el debate sobre la necesidad de un marco democrático y tolerante basado en la libertad de conciencia, la igualdad de todas las personas y el predominio del bien común. Es por lo que nos alegramos de que se haya legislado en temas como los derechos al divorcio, el matrimonio igualitario, la igualdad afectivo-sexual, el aborto o la eutanasia.
También nos resultan positivos algunos avances en el ámbito internacional, como pueden ser los logros alcanzados por el feminismo en la igualdad de género, así como en diversas libertades individuales. De igual modo, nos felicitamos por el desvelamiento de los casos de pederastia eclesiástica, con el reconocimiento y la asunción de responsabilidad, tal como ha acontecido con la Iglesia católica en Francia; muy distinto a lo que acontece con la Conferencia Episcopal Española.
En sentido contrario, vemos con preocupación el aumento de fundamentalismos religiosos, aliados a organizaciones políticas de extrema derecha y a sectores económicos neoliberales que actúan como organización internacional, atacando lo público, sembrando la xenofobia y el odio, al tiempo que pretenden imponer de manera totalitaria sus convicciones y sus visiones políticas. Desgraciadamente, tienen presencia también en nuestro país y, de manera muy preocupante, en Andalucía.
Y es que, en España, aunque llevemos 43 años con una Constitución democrática que declara el Estado aconfesional, seguimos percibiendo que la realidad está muy cercana a la confesionalidad. Por ejemplo, continuamos viendo al Jefe del Estado en actos religiosos; se mantienen capellanes con rango militar en el ejército; continúan los símbolos religiosos en centros oficiales y los espacios públicos; pervive la religión como asignatura en las escuelas y universidades; se mantienen los acuerdos nacidos del franquismo con la Santa Sede; se perpetúan innumerables privilegios a la Iglesia católica, etc.
Si pasamos a Andalucía, comprobamos que la confesionalidad de las instituciones y administraciones públicas es mucho más que aparente. Así, los ayuntamientos de distintos signos políticos siguen nombrando alcaldes o alcaldesas perpetuas y otorgando medallas de la ciudad a cristos y vírgenes; la presencia oficial de regidores municipales en actos religiosos es casi generalizada; la mayoría de los ayuntamientos, así como las diputaciones y el Gobierno andaluz, mantienen o, incluso, incrementan los privilegios económicos a la Iglesia católica, a través de subvenciones a cofradías, hermandades, organizaciones y patronatos religiosos, con exenciones de todo tipo de impuestos, incluso de actividades y bienes de uso lucrativo; continúa la externalización de servicios sociales a estamentos religiosos, convirtiendo lo que debe ser un servicio público en una “caridad religiosa”.
Con ello, el Gobierno andaluz mantiene una política de desvíos de recursos públicos de servicios fundamentales como la educación, la sanidad o servicios sociales a entidades privadas, en gran medida dependientes de la Iglesia.
Además, Andalucía destaca por la cantidad de bienes inmatriculados por la Iglesia católica, entre los que se incluyen Bienes de Interés Cultural, algunos de reconocimiento mundial como la Giralda de Sevilla, la Mezquita de Córdoba o la Catedral de Granada. Y estas apropiaciones son defendidas por las administraciones, que tienen obligación de defender el patrimonio público, tal como lo hacen asociaciones ciudadanas y patrimonialistas, como la Plataforma Mezquita-Catedral de Todos o la plataforma Recuperando.
En Granada, no sólo se siguen entregando condecoraciones municipales a entes religiosos, sino que se pretende automatizar, mediante un nuevo Reglamento de Honores y Distinciones, la concesión de una medalla de oro a cada Virgen coronada canónicamente; por supuesto, Granada Laica ha presentado alegaciones. Celebramos haber conseguido que en 2022 sea festivo el día de Mariana Pineda en vez del de la Virgen de las Angustias, pero pedimos que esa festividad laica sea permanente. Y rechazamos la continuidad de actuaciones confesionales de instancias públicas, como la reciente conmemoración religiosa del traslado de los restos de los Reyes Católicos, o la asistencia de la rectora de la Universidad a la misa episcopal de apertura de curso.
Curiosamente, todo esto sucede en una sociedad cada vez más secularizada, donde, según el CIS del mes de noviembre de este mismo año, el 40 % de la población se declara no creyente de ninguna religión, superando el porcentaje de los creyentes no practicantes y muy lejos del 19 % que se declara católica practicante.
Para cerrar, quisiéramos indicar que Granada Laica, junto a las demás agrupaciones de Europa Laica, seguirá con su labor de información y concienciación social, así como con la denuncia de ciertas actuaciones de las administraciones públicas con el fin de acabar con los anacronismos que suponen los privilegios y desigualdades como los que hemos citado.
Entre esas actuaciones, conviene destacar que exigimos la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede; la abolición del delito de “ofensa a los sentimientos religiosos”; la promoción de una ley de Libertad de Conciencia que afiance la igualdad de todas las personas con independencia de sus creencias; la aprobación de una ley de recuperación de los bienes indebidamente inmatriculados; la recuperación de los servicios públicos; la revocación de los conciertos educativos; y la salida de las asignaturas de religión del currículum escolar.
Para todo ello, en este 9 de diciembre hacemos un llamamiento a los colectivos, asociaciones y partidos políticos, así como a todas las personas que comparten los principios laicistas, a defenderlos para hacer realidad la consolidación de una democracia en la que no existan las graves discriminaciones que actualmente perviven en nuestro país.