La segregación escolar, la enseñanza en Madrid y la creación de una nueva universidad privada en la región son los temas que han protagonizado la semana.
Buenos días,
La semana pasada arrancábamos con una noticia que causó revuelo en las redes sociales. España es el tercer país de la OCDE que más segrega a su alumnado de Primaria por detrás de Turquía y Lituania, lo que quiere decir que divide a los alumnos en diferentes centros educativos en función de su renta familiar. Al aterrizar los datos a las comunidades autónomas, el mismo informe, realizado por la ONG Save the Children y la escuela de negocios Esade, concluía que la Comunidad de Madrid es la que más segrega de España en la ESO.
En los últimos años, la Comisión Europea, el Comité de Derechos del Niño o la ONU han urgido a España a revisar y aprobar políticas que frenen la segregación escolar, que afecta al 46,8% de los centros educativos del país —9 de cada 10 son públicos—. ¿Deben las familias estar al tanto de que al rechazar ciertos colegios para sus hijos por evitar que se mezclen con cierto tipo de estudiantes están contribuyendo a consolidar esa separación? Los expertos consideran que sí.
En plena campaña electoral madrileña, El País Educación publicó un análisis del escenario educativo en la región. El resultado: Madrid tiene un sistema educativo con resultados académicos por encima de la media española ―aunque emiten algunas señales preocupantes― y muy desigual. El gasto público por alumno es el más bajo de España (4.727 euros al año) y la partida que las familias destinan a educación, la más alta (1.640 euros anuales). La Consejería de Educación ha planificado, además, la supresión de 232 aulas de centros públicos el próximo curso
Y para rematar la semana, conocimos que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, impulsó en su último consejo la 13ª universidad privada de Madrid con informes propios en contra, frente a las seis públicas. Una viceconsejera fue hasta 2019 asesora de ESNE, el centro adscrito que pretende convertirse en universidad, y los servicios jurídicos de Comisiones Obreras van a estudiar “la documentación así como las circunstancias y personas implicadas en esta decisión tan lesiva para los intereses generales para valorar posibles acciones legales”.
