El aumento de la depresión, la ansiedad o los intentos de suicidio son algunas de las consecuencias de las leyes de la moralidad. Un informe de la ONU indica que el 68% de las mujeres describe su salud mental como “mala” o “muy mala”, y atribuía su angustia a la eliminación “sistemática” de las mujeres de la vida pública
Noor, de 25 años, licenciada en Derecho por la Universidad de Herat, en el oeste de Afganistán, soñaba con trabajar en la Fiscalía General de Afganistán. Pero ahora toma pastillas para combatir la depresión y la presión de su familia para que se case. “Mi familia me dice que, como ahora no hay trabajo ni universidad, lo mejor es casarse. No tengo ninguna esperanza”, se lamenta, derrumbándose. “Recibo un bofetón de mi familia y otro de los talibanes”.
Tras sufrir repetidas depresiones, Noor buscó ayuda en el área de salud mental del hospital de Herat. “Le dije al psiquiatra que no me encontraba bien”, cuenta. La solución, le dijo él, era aceptar la situación. Acto seguido, le entregó una caja de clonazepam, un psicofármaco que la mantiene dormida la mayor parte del tiempo. “Los pensamientos negativos y suicidas aumentaron en mi cabeza después de usar la medicación”, relata Noor, así que la tiró. “Los talibanes solo quieren deshacerse de mí cuanto antes”.
Las pastillas le proporcionan únicamente un alivio temporal, sin abordar la agitación emocional más profunda causada por la pérdida de oportunidades educativas y laborales y la realidad de tener que quedarse en casa sin esperanza de un futuro mejor. La depresión de Noor se vio agravada por el intento de suicidio de su hermana Sofía hace dos meses. La empresa en la que trabajaba Sofía la había acusado de violar el código de vestimenta de los talibanes y la policía de la moral la amenazó con encarcelarla, cuenta Noor. “Los médicos le hicieron un lavado de estómago ese día, pero ella sigue teniendo pensamientos negativos”.
Desde la vuelta de los talibanes al poder en agosto de 2021, tras la retirada estadounidense y la caída de la república afgana respaldada por Estados Unidos, el grupo militante islamista ha reinstaurado sus leyes de Fomento de la Virtud y Prevención del Vicio. Esta norma, ratificada en agosto de este año, estipula un estricto código de vestimenta para las mujeres, que deben llevar un chador, obliga a la segregación de sexos en los lugares de trabajo y exige que las mujeres vayan acompañadas de familiares varones en los viajes de larga distancia.
Algunos de sus 35 artículos las prohíben hablar en voz alta en público. A las niñas también se les ha prohibido asistir a la educación secundaria y universitaria, se les han retirado la mayoría de las oportunidades laborales y se han recortado sus libertades sociales, como acudir a parques y baños públicos.
La ley también permite a la policía de la moral aconsejar, amenazar, castigar verbalmente y detener a los infractores de forma independiente, siguiendo su propio criterio.
El informe de 2024 de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA, por sus siglas en inglés) revelaba que, de 888 mujeres entrevistadas en 33 provincias, el 68% describía su salud mental como “mala” o “muy mala”, y atribuía su angustia a la eliminación “sistemática” de las mujeres de la vida pública por parte de los talibanes.
Un psiquiatra explica que el número de pacientes que acuden a su consulta se ha triplicado desde que los talibanes tomaron el poder
Los talibanes sostienen que estas restricciones se ajustan a su interpretación de la sharía (ley islámica) y afirman que la prohibición universitaria es temporal, a la espera de que se establezca un “clima islámico”. Sin embargo, las divisiones internas de los talibanes indican que muchos partidarios de la línea dura se oponen a la educación moderna de las mujeres. Naciones Unidas ya habla de “apartheid de género” en Afganistán, un término que define el acoso sin tregua y la progresiva reducción de los derechos más elementales por el simple hecho de ser mujer.
El impacto de estas leyes ha sido grave. Un informe reciente de la ONU destaca que la pérdida de influencia de las mujeres en la toma de decisiones públicas y privadas se ha traducido en una alarmante crisis de salud mental. Además, en marzo de 2023, el 48% de los entrevistados afirmaban que conocían al menos a una mujer o a una niña que sufría ansiedad o depresión desde agosto de 2021, y el 8% dijo que conocía a alguna mujer o alguna niña que había intentado suicidarse.
Mi familia me dice que, como ahora no hay trabajo ni universidad, lo mejor es casarse. No tengo ninguna esperanzaNoor, mujer afgana de 25 años
“Trágicamente, todas mis pacientes refieren la misma depresión, la misma desesperanza ante el futuro ligada a la incapacidad para estudiar o trabajar”, asegura el doctor Omar, psiquiatra de un hospital privado en el este de Afganistán que prefiere utilizar solo su nombre de pila por temor a represalias. “Una chica de 19 años me dijo que se siente agobiada en casa pensando en la prolongada prohibición escolar”. Esa paciente tenía 16 años cuando comenzó la prohibición de asistir a la escuela, explica Omar. Esta situación sigue afectando a la salud mental de las mujeres, ya que la mayoría de sus pacientes tienen entre 16 y 30 años. Y no para de crecer. El número de pacientes que acuden a su consulta se ha triplicado desde que los talibanes tomaron el poder, explica.
Más allá del impacto mental y físico
Décadas de conflicto e inestabilidad han hecho que muchos afganos sean propensos a la ansiedad, la depresión y el trastorno de estrés postraumático. El estigma social asociado a las enfermedades mentales complica aún más las cosas. A finales de 2021, se calculaba que la mitad de los 40 millones de afganos sufren trastornos psicológicos, según HealthNet TPO, una de las mayores ONG sanitarias que operan en el país.
El doctor Ghafoor, psiquiatra del departamento de salud mental del hospital de Herat, explica a este diario que los talibanes han prohibido a su clínica compartir los datos de los pacientes con los medios de comunicación, pero señala que el Departamento de Salud Mental recibe 250 pacientes diarios y el Departamento de Psicoterapia atiende entre 20 y 25 casos de intentos de suicidio o desmayos todos los días.
Explica que el 80% de sus pacientes siempre han sido mujeres de entre 16 y 45 años, pero que esta cifra se disparó entre un 25 y un 30% solo cinco meses después de la vuelta de los talibanes al poder. “Después de que se las prohibiera estudiar y trabajar, se vieron presionadas para casarse porque las familias no pueden soportar la carga económica que supone mantenerlas”, afirma Ghafoor.
“En muchos casos, la policía de la moral interfiere en nuestro trabajo, sobre todo en el Departamento de Psicoterapia”, explica el doctor. “Me preguntan por qué se hospitaliza a mujeres sin lesiones, dando a entender que solo las personas con lesiones físicas pueden considerarse pacientes”. Debido a esta presión constante, se veía obligado a dar el alta a las pacientes antes de que estuvieran preparadas. “Era humillante para las pacientes y angustioso para mí como profesional”, señala.
Dado que se veía cada vez más limitado en su trabajo y ante la injerencia desenfrenada de la policía de la moral, abandonó Afganistán. Según los pacientes, el Departamento de Salud Mental está dirigido ahora principalmente por internos.
Wranga, una mujer soltera del este de Afganistán, suele recoger a su joven sobrino antes de irse a trabajar si su hermano no puede hacerlo. A esta mujer de 31 años solo se le permite viajar largas distancias si va acompañada de un pariente cercano varón para cumplir la ley de la moral de los talibanes.
Pero hace unos meses, ni su hermano ni otro de sus sobrinos estaban disponibles y pidió a una pariente que la acompañara. Cuando llegó a un puesto de control talibán, unos policías de la moral con AK-47 colgados del hombro inspeccionaron el coche y le recordaron las normas sobre los tutores varones. “Me pidió que saliera del vehículo”, relata Wranga. Cuando intentó explicarse, le dijeron “cállate, no queremos hablar contigo” y el soldado interrogó al conductor tras amenazar con azotar a Wranga. “Me trataron como a una esclava”, afirma.
Wranga es una de las pocas mujeres que pueden trabajar en una ONG internacional que presta apoyo sanitario y de subsistencia a la población rural afgana, que representa más del 73% de los 42 millones de habitantes. También es el único sostén de una familia de 14 miembros. Tanto su madre como su hermano están hospitalizados por enfermedades crónicas. Al igual que millones de niñas afganas que viven bajo el régimen talibán, las hermanas de Wranga no tienen acceso a la educación.
“Por la noche me derrumbo en mi alfombra de oración. Todos los días la policía de la moral me insulta por una razón u otra”, comenta Wranga. “Cualquiera que hable de las prohibiciones corre el riesgo de ser detenido o de desaparecer”, relata una activista de Kabul que prefiere permanecer en el anonimato por temor a represalias. “A pesar de todas nuestras iniciativas, no hemos conseguido cambios tangibles para las mujeres”.
Aunque los talibanes alegan que sus restricciones son “temporales”, hace poco cerraron un instituto médico que enseñaba a las mujeres partería y enfermería, un duro golpe para el sector sanitario afgano, que sufre una crisis económica cada vez más grave y la escasez de donantes internacionales que abandonaron Afganistán tras la toma del poder por los talibanes. El grupo también ha anunciado planes para prohibir las ONG internacionales, una medida que podría afectar a mujeres como Wranga. “Ahora vienen a por mi última esperanza”, se lamenta.
