Los profesores de Religión organizan sus quejas

Los obispos les eligen y despiden, pero el Estado paga sueldos e indemnizaciones

Los más de 15.000 profesores de Religión Católica que imparten clase en los centros públicos españoles quieren, 30 años después de firmarse el Concordato, ser considerados docentes al mismo nivel que el resto. Así lo manifestaron el pasado fin de semana durante el encuentro que su principal asociación, Apprece España (que aglutina a 3.000 personas), mantuvo en Gijón. Los docentes acordaron, entre otras cosas, promover acciones sindicales que incluyan "la necesidad de tener elecciones propias, comités de empresa y convenios colectivos como culminación al marco legal".

En virtud del Concordato, los profesores de Religión son docentes "de segunda", que no pueden acceder al Estatuto de los Trabajadores ni, por ejemplo, gozar de trienios ni antigüedad, puesto que sus contratos son renovables cada curso escolar y no forman parte del equipo docente del centro. Este colectivo sí que ha conseguido que se le reconozca el derecho a la Seguridad Social y el reconocimiento a sus relaciones contractuales.

Ahora, los profesores de Religión consideran que la defensa de sus derechos pasa por una "acción sindical efectiva" y no descartan la huelga ni la manifestación, aunque de momento no han planteado acciones concretas.

Formación y temario

En el trasfondo de la polémica sobre la equiparación del trabajo de los profesores de Religión está el hecho de que la Administración no controla ni la formación, ni el proceso de selección, ni el temario que imparten estos docentes. Además, el Estado les paga el sueldo y tiene que indemnizar a todos aquellos que, una vez despedidos, sin que se les brinde razón alguna, denuncian al Obispado correspondiente.

Todas las sentencias, hasta la fecha, han dado la razón a los profesores de Religión, y han condenado a distintas diócesis por despidos improcedentes. Pero, a su vez, los jueces han obligado a las distintas Administraciones educativas a abonar la pertinente indemnización. El Estado paga, pero la Iglesia manda.

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