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Los payeses pelean por sus iglesias y sus casas de campo frente a las inmatriculaciones de la Iglesia católica

Imagen de este lunes de la iglesia de Sant Pere de Castellfollit del Boix. Toni Ferragut

Cataluña inicia la lucha por el patrimonio usurpado por los obispos: ya cuentan 250 propiedades en tres comarcas

Cataluña apenas ha levantado la alfombra y ya ha descubierto que la Iglesia católica ha puesto a su nombre 250 propiedades usando el famoso artículo 206, una norma franquista que les ha permitido inscribir en el registro bienes que no les pertenecen. El antiguo sindicalista Joan Casajoana, apoyado por la Unión de Payeses, ha peinado tres comarcas barcelonesas, el Bages, Berguedà y L’Anoia, 35 municipios, y está pendiente de acabar con Osona, que reúne unas 50 localidades más. El caso catalán suma al llamado “expolio de la Iglesia” algunas peculiaridades, propias del territorio. En esta comunidad, los agricultores descubrieron que el obispado de Vic estaba haciéndose con la propiedad de las pequeñas iglesias románicas que acompañan a las casonas de campo que a principios del primer milenio se constituían como pequeños municipios.

Esta es la razón de que el contraataque venga de la mano de los payeses. En una de las propiedades de Casajoana, donde en el siglo X sus antepasados ya eran labradores, la familia levantó una pequeña iglesia junto a la casa. Todo ello está ahora cedido a un centro excursionista para que, al menos, esté conservado. 70 días antes de que se derogara, en 2015, la norma franquista, el obispado de Vic se hizo con todo lo urbanizado en la finca de Serracanta, que incluye un coqueto cementerio. “Después de encontrarme con esta sorpresa fui a pelear al obispado, porque los Ayuntamientos aún no han despertado. Allí me enteré de que tenían un equipo técnico de cinco personas localizando propiedades para inmatricular [inscribir a su nombre]. No tengo papeles de la iglesia pero sí de la casa y me ofrecieron que me la devolvían si no iba a juicio con el templo. Les dije que eso era chantaje. Y no lo voy a pelear por ahora, porque creo que esto necesita una solución global. En seis meses vamos a tener los datos de toda Cataluña”, promete Casajoana. Este periódico ha tratado de obtener, sin éxito, la versión del obispado de Vic.

La Unión de Payeses se ha reunido con los grupos parlamentarios catalanes y les ha arrancado el compromiso de que el Parlament solicite al Ministerio de Justicia todos los bienes apropiados por los obispos sin demostrar que son los legítimos propietarios. El espejo en el que se han mirado es Navarra, la comunidad que destapó este escándalo.

Entre pinares se va dejando atrás la finca Serracanta, con la iglesita a la que el abuelo Casajoana subía de noche para reparar los destrozos de las bombas de la Guerra Civil. “La Iglesia no pone ni un duro para reparar ni un tejado, incluso cuando ya lo han inmatriculado”, afirma el nieto.

El bosque del cura

La carretera enfila hacia Castellfollit del Boix donde, a los pies de la iglesia y la casa rectoral, otro puñado de siglos contemplan al visitante. Allí vive una familia que cuida de eso y del cementerio y del huerto, todo a nombre del obispado. La mujer se esmera en arreglar los parterres y se ofrece amablemente a abrir la iglesia. En todo el trayecto los crestones de Montserrat proyectan su mirada ubicua, no hay forma de despistarlos. Joan para el coche y dice: “El obispado pasó algún tiempo preguntando por el bosque del cura hasta que el propietario dijo: ‘Oiga, bosque hay, pero es mío, yo se lo prestaba al cura para que cogiera algo de leña”. Así que, ojo con los toponímicos.

Aunque la voracidad de los prelados no precisa de nombre y apellidos. “Me decían en Vic que solo con que el obispo entrara en un templo ya quedaba sacralizado y era de su propiedad. Ya les dije que si eso era así que le ataran bien porque se podía quedar con media Cataluña”, se ríe Casajoana. También les advirtió de que ese era argumento muy pobre para ir a un juzgado.

El coche sigue por el corazón de la Cataluña independentista, donde muy pocos todavía identifican patria con patrimonio. Entre banderas esteladas se suceden templos levantados por los agricultores, cuidados, renovados y conservados por ellos mismos, que ahora el obispado ha puesto a su nombre sin soltar un duro para reparaciones. Es el caso de Sant Jaume del Clot del Grau. “Le pidieron dinero y no lo puso, y ya lo habían inmatriculado” dice Casajoana mirando el edificio sujetado con contrafuertes varias veces centenarios.

A ver quién reparte ahora los panes

En la vieja hacienda de los Casajoana, en Sant Vicenç de Castellet, la tradición de siglos reservaba un día para mitigar el hambre de los pobres repartiendo panes. Eso es en la actualidad una romería donde los propietarios seguían poniendo el pan y algún vermut. Este año, a Joan no le ha dado la gana poner panes. Que lo ponga el cura, viene a decir.

Si un día vuelve la fiesta de panets quizá será por la colaboración de los registros de la propiedad, quienes no siempre están muy dispuestos. Joan consiguió que uno de ellos le diera la documentación en bloque, sin tener que pedir nota simple a nota simple. “Me dijo aquel registrador que ya era hora de que fuéramos, que el obispo cuando iba al registro llevaba un fajo de papeles para poner a su nombre. Ahora, cuando otros registros nos niegan la documentación en bloque les decimos que sí se puede, porque otros ya lo han hecho”.

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