Omella deja el cargo tras dar los primeros pasos de la CEE ante el escándalo, con el fracaso de la auditoría externa y de un informe propio que ocultó el número real de casos
La Conferencia Episcopal Española (CEE) elige esta semana a su nuevo presidente, en sustitución del actual, Juan José Omella, que deja el cargo después de cuatro años. La asamblea plenaria se reúne desde hoy, lunes 4, hasta el viernes, 8 de marzo, aunque ya esta tarde se conocerán los nombres finales sobre los que se deberá votar, y el nuevo presidente será elegido mañana martes. Los dos candidatos que más suenan son el conservador Luis Argüello, arzobispo de Valladolid y que ya fue secretario general de la CEE hasta 2022, medio mandato del propio Omella, y José Cobo, arzobispo de Madrid y el único cardenal español en activo al frente de una diócesis, que representaría una Iglesia más joven y más cercana a la línea del Papa. Pero puede haber sorpresas. En todo caso, en estos dos candidatos ya se ve que la decisión de la asamblea se debate entre la continuidad o un cambio. Y en ningún aspecto será más relevante que en el escándalo de los abusos de menores en la Iglesia. Argüello, como secretario general, siempre negó el problema. Mientras que Cobo, como obispo auxiliar de Madrid, se reunía con víctimas y hacía autocrítica.
Con Omella, la CEE ha dado sus primeros pasos para corregir el rumbo, pero han sido tímidos y con numerosos tropezones, la Iglesia no ha ido muy lejos. Como reconoció Omella en abril de 2022 en una entrevista a EL PAÍS, cuando finalmente comenzó a moverse: “Hemos sido un poco lentos y no nos dimos cuenta de algunas cosas”. En marzo de 2020, cuando fue elegido al comienzo de la pandemia de covid-19, heredó un escenario de negación total del problema y mantuvo esa línea, hasta que tuvo que empezar a rectificar, pero siempre obligado por la prensa, los acontecimientos o por el Papa. Por ejemplo, por orden del Vaticano, las diócesis abrieron a partir de 2019 unas oficinas de atención a las víctimas. Sin embargo, el portavoz de la CEE, Luis Argüello, aseguraba que los casos eran “cero o muy pocos”, también porque muchas ni aparecían en la web de los obispados.
La Iglesia española, en todo caso, siguió ocultando lo que sabía. Durante más de un año, la CEE mantuvo la tesis de que no tenía autoridad para pedir a cada obispo y a cada orden que le informara de los casos que conocía, y por tanto no sabía cuántos abusos se habían producido en el clero en España. Cuando en abril de 2021, ante la ausencia de datos de la Iglesia, EL PAÍS puso en marcha su recuento público de casos, el único en España, la CEE reaccionó y, cinco días después, dio por primera vez una cifra de casos. Admitió 220, pero sin aclarar nada más, ni dar detalles de fechas o lugar de los hechos. En ese momento la base de datos de este diario señalaba 309 acusados y 817 víctimas. Fue el inicio de una admisión de casos por parte de la Iglesia que siempre iba a remolque de los datos que iban saliendo a la luz en este diario, un paso por detrás, nunca antes. En marzo de 2022, ya eran 506 (frente a 611 de EL PAÍS en ese momento). En junio de 2023, los obispos admitieron 728 acusados (ante 966 de este diario en esa fecha).
La CEE además explicó que los datos los había tenido que pedir a Roma, porque seguía sin tener información propia al respecto. El Vaticano sí, porque desde 2001 obliga a los obispos de todo el mundo a informar a la Congregación de Doctrina de la Fe de los casos que conocen, para evitar que los oculten. Aun así, Luis Argüello, repitió: “Hoy por hoy, la Conferencia Episcopal no tiene intención de abrir una investigación”.
El momento decisivo para un giro en la actitud de la Iglesia fue el primer informe con numerosos casos inéditos, 251 acusados, que entregó EL PAÍS al Papa y al presidente de la CEE. Este diario se puso a disposición de los obispos para mediar con las víctimas, cuyo testimonio era anónimo, cuando se emprendieran las investigaciones correspondientes. El Vaticano se puso del lado de las víctimas y encargó a la Iglesia española que afrontara una gran investigación, pero de nuevo la CEE reaccionó con torpeza. A través de su jefe de prensa llegó a asegurar que no investigaría nada y se negó a organizar el contacto con las víctimas, de modo que este diario tuvo que gestionar las comunicaciones entre cientos de personas y más de 100 órdenes y diócesis. Luego siguieron tres informes más de este diario, hasta 2023, un total de 545 acusados y más de 700 testimonios.
Pero a raíz del impacto del escándalo, la política española también empezó a moverse. En el Congreso ya se discutía sobre cómo investigar los abusos, con un gran consenso entre los partidos, y Omella tuvo que rectificar. Hizo dos movimientos por sorpresa. Uno, en marzo de 2022, convocar una reunión con víctimas, la primera, en la sede de la CEE. Podía haber sido un momento importante como gesto a la sociedad, pero fue un caos. La gestión de la comunicación y la imagen, así como la relación con los medios, ha sido otro de los problemas. Aun así, fue la primera foto de víctimas en la sede de la CEE y Omella escuchó durante cuatro horas los testimonios de víctimas.
La segunda maniobra, en contra de lo mantenido hasta entonces, fue encargar una investigación externa sobre los abusos. Los obispos eligieron al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo. La elección fue cuestionada porque el responsable de la auditoría, Javier Cremades, es miembro del Opus Dei, y se puso en duda su imparcialidad. Pero lo cierto es que al final el problema fue el contrario: actuó con independencia y acabó enfrentado con la CEE. Esta operación, que debía servir para presumir por fin de transparencia, fue un fracaso para los obispos, y además les ha costado 1,3 millones de euros.
La CEE, caso único entre los países católicos que encomendaron investigaciones independientes, acabó renegando de la auditoría ―crítica con la Iglesia y que señalaba 1.382 acusados―, llegó a amenazar con rechazarla y ni la presentó. Es más, sacó a la vez un informe propio, Para dar luz, para contradecirla, recortando notablemente el número de casos admitidos (806) de forma controvertida, porque más de 300 ya habían sido admitidos por la Iglesia. De hecho, la CEE luego ha ido rectificando los datos en su web, y hoy ya ascienden a 943. En todo caso, en su informe se quedó en los números, de nuevo sin dar información de acusados, lugar y fecha de los hechos. A estas alturas, el pretexto para no revelar la verdad es la contraria: diócesis y órdenes aseguran que dan sus datos a la CEE, y es la entidad la que debe dar la información. Pero precisamente este liderazgo de los obispos ha causado una fractura en la Iglesia, a raíz de las acusaciones de “manipulación” de datos en el informe Para dar luz: la CONFER, la organización gemela que reúne a las órdenes religiosas, ha decidido trabajar por su cuenta. “Las congregaciones estamos cansadas de cómo los obispos toman las decisiones sobre este tema unilateralmente”, señaló una fuente de una orden religiosa.
En ese informe asomaba la estrategia de los obispos ante otro aspecto sobre el que también han cambiado de opinión, la indemnización de las víctimas. En noviembre de 2023, la CEE cedió por primera vez a pagar compensaciones, aunque solo en aquellos casos en que la Iglesia tuviera la “convicción moral” de que los hechos habían sucedido. En su estudio Para dar luz ya evidencia lo difícil que le resulta llegar a esa convicción: solo admite como probados o verosímiles 281 casos. Es decir, frente a los 1.460 acusados que se conocen en este momento, según la contabilidad de EL PAÍS, la única que enumera caso por caso, quiere decir que la Iglesia española solo cree a una de cada 10 víctimas. Tampoco ha aclarado cuánto pagará, aunque la media del resto de países católicos es de 35.000 euros. Es decir, afrontaría una factura millonaria.