El Tribunal Superior de Canarias eleva cuatro cuestiones de inconstitucionalidad por el caso
El episcopado parece no tomar en serio las sentencias, que, una y otra vez, le condenan por "vulneración de derechos fundamentales" de sus profesores de religión. Esta vez, el reproche judicial alcanza al Obispado de Canarias, por despedir por quinto año consecutivo a Nereida del Pino Díaz Mederos. Motivo: haber participado en una huelga legal en 1999. El Tribunal Superior de Justicia canario ha planteado ya ante el Constitucional cuatro cuestiones de inconstitucionalidad por ese caso. Del Pino se enfrenta el 12 de diciembre al sexto juicio por el mismo motivo.
"Estas situaciones destrozan la vida. Así que me he buscado otro trabajo, no podía estar esperando curso tras curso a que cumplan lo que les mandan los jueces", dijo ayer a EL PAÍS la profesora Nereida del Pino Díaz Mederos. Vive en Gáldar, a 22 kilómetros de Las Palmas, y cada día acude a trabajar a la universidad grancanaria en un empleo que "ya no tiene nada que ver con la docencia", su profesión desde 1988. Tiene 36 años y está casada.
El calvario de la profesora Nereida del Pino, según relata la quinta sentencia que le da la razón, empezó "a finales de 1999, [cuando] tuvieron lugar una serie de encierros de protesta del profesorado de religión y moral católica por sus condiciones laborales, participando en tales encierros, así como en una huelga de dicho profesorado a principios de 2000, eventos de notoria repercusión pública".
El magistrado Ángel Martín Suárez, del Juzgado de lo Social de Gáldar, que firma esta quinta sentencia, recuerda cómo la docente ya no fue propuesta al curso siguiente (2001-2002) por el Obispado de Canarias como profesora de religión en el instituto de Secundaria Jinámar III, ni tampoco en los cinco cursos sucesivos, lo que provocó de hecho que tuviera que irse al paro una y otra vez mientras se tramitaba la ejecución de la sentencia, el cobro de las indemnizaciones por "daños morales" y la percepción de los salarios dejados de cobrar.
Las cuatro primeras sentencias de los juzgados de lo Social han sido ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), al que recurrieron los condenados, con el agravante de que el propio TSJC ha elevado al Tribunal Constitucional (TC) otras cuatro cuestiones de inconstitucionalidad. La profesora Nereida del Pino y su letrado Francisco Navarro Sanz no dudan de que el alto tribunal canario reiterará una quinta vez esa reclamación al TC una vez que ratifique, también por quinta vez, la sentencia en primera instancia contra la actuación de obispado y Educación.
¿De quién es la culpa?
Los docentes de catolicismo son contratados y pagados por el Estado [en este caso, por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias], pero son los obispos los que los seleccionan para cada curso, pudiendo prescindir de ellos sin motivo alguno.
Es lo que le ha ocurrido a la profesora Nereida del Pino en todos estos años. Es decir, el obispado se limita a comunicar al Gobierno canario que la citada docente "no es propuesta [para ser contratada para el nuevo curso] por no reunir los requisitos de idoneidad necesarios para impartir la Formación Religiosa y Moral Católica". En cambio, las sucesivas sentencias declaran probado que, en realidad, el obispado prescindió de ella a causa de sus actividades sindicales, lo que una y otra vez los jueces consideran "una violación de su derecho fundamental a participar en la mencionada huelga".
Pese a que las desgraciadas vicisitudes laborales de la docente son provocadas por decisión del episcopado, a quien condenan los jueces a pagar las indemnizaciones causadas por este proceder ilegal es a la Administración, siempre "por los daños morales ocasionados". El Obispado y el Gobierno canario reciben, además, reproches judiciales por obligar a que sea la docente despedida quien cargue con la prueba de los motivos de su situación. Dice ahora el magistrado Martín Suárez, en el relato de los hechos probados: "Ningún motivo se esgrimió, ni se intentó probar por el Obispado demandado" por qué la profesora demandante "no gozaba de la idoneidad" para seguir en su puesto de trabajo.
Otra extravagancia del calvario judicial a que está sometida desde 2001 Nereida del Pino tiene que ver con la ejecución de las sentencias, en un ir y venir a su puesto de trabajo que ha terminado por desanimarla hasta el punto de "tirar la toalla". Ayer por la tarde acababa de regresar de su nuevo trabajo cuando habló para EL PAÍS, firme en su decisión de no volver a emplearse para los obispos. Lo malo es que aún le quedan pleitos por ganar, dos o tres, incluso cuatro.
El día 12 ha sido citada por el Juzgado de lo Social de Gáldar para resolver sobre su sexto despido consecutivo, pero aún no se ha ejecutado la sentencia por el quinto, sobre el que debe pronunciarse todavía el Tribunal Superior de Canarias muy pronto. Más aún: si, como parece seguro, pierden este sexto pleito, el episcopado y el Gobierno de Canarias volverán a recurrir la sentencia pese a saberse perdidos, lo que provocará una nueva resolución del TSJC y la sexta apelación al Constitucional por estar afectados en el caso "derechos fundamentales" de la docente.
"El monaguillo de los prelados"
Los obispos despiden y Educación paga las indemnizaciones. Esta es la situación del Gobierno de Canarias, condenado una y otra vez en todas las instancias. Esta semana se han conocido dos nuevos reproches judiciales contra él: la quinta sentencia favorable a Nereida del Pino (en 15 días habrá una sexta), y la tercera que gana el líder sindical Rafael Ramírez, presidente de la Federación Estatal de Profesores de Enseñanza Religiosa (FEPER).
El 24 de julio pasado fue el Tribunal Constitucional quien censuró a Educación "por comportamiento antisindical" frente a este profesor de religión y delegado de la Confederación Canaria de Trabajadores (CCT), y lo mismo había hecho anteriormente el Supremo. Esta semana se ha conocido otra sentencia del Juzgado de lo Social número 5 de Las Palmas condenando al Gobierno canario por motivos parecidos.
Según los hechos probados que recoge en su fallo la magistrada Victoria Gallego Funes, el ilegal comportamiento del Gobierno canario tiene que ver ahora con su negativa a facilitar a Ramírez "el listado de los profesores de religión" que causan baja en sus empleos cada curso, "los motivos" de esa baja y la lista de los que les han sustituido. El Gobierno regional le negó esos datos, en realidad porque el episcopado los guardaba como si fueran sagrados.
La desgracia de ambas instituciones es que todo termina descubriéndose. Los obispos dijeron hace un mes a este periódico que "el número de profesores que han dejado de proponer en los últimos 15 años no pasan de 20". La realidad es tozuda, de acuerdo con los datos obtenidos por la Justicia sólo en la provincia de Las Palmas. La última relación de sus despedidos, algunos en cinco cursos consecutivos, suman 14 en una relación diligenciada judicialmente por el Obispado el 2 de agosto pasado. Ramírez calificó ayer al Gobierno canario de "monaguillo de los prelados".
