La Conferencia Episcopal Española afirma que no ha manipulado las cifras, aunque confiesa que “posiblemente fue precipitado” haber publicado el estudio
Los obispos españoles han reconocido este viernes que cometieron “un error muy significativo” en su informe sobre abusos Para dar luz, publicado el pasado diciembre, y que dejó fuera al menos 325 casos que las diócesis y las órdenes religiosas ya habían admitido y remitido como válidos tanto a la comisión sobre pederastia del Defensor del Pueblo como a la auditoría que la Conferencia Episcopal Española (CEE) encargó al bufete Cremades & Calvo-Sotelo sobre el escándalo. El mismo día que los obispos divulgaron su documento, en el que admitían 806 casos, también colgaron en su web la auditoría de Cremades, que contabilizaba 1.382. Los números no cuadraban. Tampoco con los del Defensor, que ese octubre estimaba en 1.281 los acusados. EL PAÍS cruzó los datos y publicó que la CEE había ignorado más de 300 casos admitidos por los obispados y las congregaciones, y en total más de 600 ya conocidos, si se toma en cuenta los 1.460 casos de la base de datos pública de este diario, la única que detalla todos los que han ido saliendo a la luz por cualquier vía, como prensa, sentencias judiciales o admisión de las instituciones eclesiásticas. Desde entonces, y sin comunicarlo públicamente, el gabinete de prensa de la cúpula eclesial se ha visto obligado a rectificar sus cifras al menos en seis ocasiones y en este momento ya admite 1.057 casos, después de años negando el problema.
La jerarquía eclesiástica ha confesado la ausencia de estos datos durante la rueda de prensa tras la plenaria de esta semana, en la que han elegido a un nuevo presidente, el arzobispo Luis Argüello. Y lo han hecho a través de Jose Gabriel Vera, su director de comunicación y persona que ha actualizado el PDF de Par dar luz, colgado en la web. Vera justifica el baile de cifras en la complejidad de trabajar con datos y advierte que se está subsanando el problema. “Hubo un error muy significativo de alguna institución”. Posiblemente, también ha contestado Vera, fue “precipitado” sacar el informe. “Desde entonces, se han hecho correcciones de todo tipo: congregaciones que estaban mal clasificadas en el informe y ha habido corrección de datos”.
Lo cierto es que al menos 29 órdenes religiosas que tenían registrados casos de abusos no figuraban en el informe, entre ellas los maristas, que entregaron al Defensor 130. Además, 15 congregaciones y 10 diócesis enviaron al menos 89 casos más al organismo público de los que aparecen luego registrados en el informe de los obispos. De hecho, aún siguen sin formar parte bastantes casos públicos y admitidos por la Iglesia, como los de la abadía de Montserrat, que han tenido un gran eco mediático. Por lo que es muy posible que la cifra que registra la CEE seguirá creciendo.
El secretario general de la CEE, el obispo César García Magán, ha subrayado que tanto la falta de datos como las constantes rectificaciones no son producto de una manipulación. “Las actualizaciones son para hacer el informe más preciso”, ha puntualizado. En su introducción, Para dar luz señala: “Este es un informe vivo, el más completo de los existentes y, por ser un informe vivo, tiene vocación de seguir incorporando todos los datos relevantes en esta cuestión para ofrecer esta información a los miembros de la Iglesia y a la sociedad”.
Pero varios obispados no piensan igual y señalan que la salida de este documento desde la sede de la CEE buscaba “desacreditar a la auditoría de Cremades”, más crítica con la Iglesia, y acusan “a los fontaneros” de la institución eclesial de “manipular las cifras”. Las congregaciones también han mostrado su malestar. De hecho, CONFER —el organismo homólogo de los religiosos españoles—, tras conocer la ocultación de sus casos, ha decidido tomar un camino independiente para gestionar el problema. “No nos enviaron el informe antes de publicarlo. No nos consultaron. Muchas congregaciones están cansadas de que no se les tenga en cuenta en este tema”, dice un alto cargo de una orden.
Ni el secretario general ni Vera han respondido a la pregunta sobre el pequeño porcentaje de los casos que los obispos estiman como probados. De los ahora 1.057 solo considera “probados” o “no probados, pero verosímiles” un total de 358. Es decir, solo tres de cada 10 de los que tiene registrados. El dato es relevante, ya que de esto dependerá cuántas víctimas serán creídas por la Iglesia para pagarles una indemnización. De hecho, durante esta plenaria, los obispos han aprobado un plan de reparación integral, del que “emanarán las normas generales que se aplicarán en los casos de reparación”. Pero no han matizado ni las cantidades ni el proceso para solicitarla. Hasta ahora, lo único que han explicado es que crearán una “comisión nacional de arbitraje” para estudiar cada denuncia y que, en el caso de que la víctima tenga que recibir una indemnización, la deberá pagar el agresor. Y si este está muerto, lo hará la diócesis o la orden religiosa responsable. En cualquier caso, es de esperar —teniendo en cuenta lo sucedido en otros países— una factura millonaria.