GETAFE/El aula sin muros (30/12/2020) – Desde que el actual gobierno anunció su intención de sustituir la LOMCE por una nueva ley de educación (LOMLOE), se empezó a orquestar, desde los sectores de la enseñanza privada y los foros políticos de la derecha, una feroz campaña de oposición que, durante el debate parlamentario, ha culminado con movilizaciones en las calles y una enconada controversia en el Parlamento.
A través de mensajes falsos o medias verdades, se ha pretendido trasladar a la opinión pública, la idea de que se trata de una ley radical que subvierte valores que, supuestamente, defiende un amplio sector de la sociedad española. Detrás de esta campaña se esconden inconfesados intereses económicos e ideológicos que, de forma sucinta, pretendemos aquí desvelar. Dirigiendo esta movilización hay grupos con intereses diferentes pero capaces de armar una oposición unida en su lucha contra la ley, como la Plataforma Más Plurales que agrupa todos los colectivos que defienden la educación concertada, la plataforma Educación inclusiva sí, educación especial también y otros colectivos afines amparados políticamente por la derecha y la extrema derecha.
Todos ellos defienden la preeminencia de lo privado frente a lo público, de lo individual frente lo colectivo, del mercado educativo frente a la educación como un derecho universal, del privilegio de unos pocos frente a la equidad y la justicia educativa para todos. Representan el neoconservadurismo (hoy muy cercano al fascismo) frente a los valores colectivos y progresistas de la democracia, y el populismo autoritario defensor de la patria de las banderas frente a la democracia. En lo pedagógico persiguen un modelo educativo autoritario basado en el rendimiento y los resultados, frente a un modelo de desarrollo integral y pleno de la personalidad humana… Son los que acusan de adoctrinamiento mientras utilizan, sin ningún rubor, a los niños y niñas de centros concertados para su campaña política.
Es el caso de la Iglesia católica, que controla el 60% de los centros concertados a través de la FERE, se niega a perder ninguno de los privilegios que le concede un concordato (1953) hoy inaceptable y se ha puesto en pie de guerra, entre otras razones, porque la religión no será materia evaluable y no tendrá materia alternativa. Esto no impedirá que ellos sigan nombrando un profesorado de religión que se paga con dinero público. La negación de la concertación a los centros, todos de la Iglesia, que segregan al alumnado por sexo es otro aspecto de la ley que se niegan a aceptar. Todos los intereses empresariales se funden en la CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza), en la que se incluyen centros educativos privados, sean o no religiosos.
Unos y otros coinciden en la defensa del negocio, que consideran amenazado en la nueva ley por decisiones como la prohibición de donar terrenos públicos para el negocio privado. También rechazan que se pongan límites al cobro de cuotas, que no se favorezca a la enseñanza concertada frente a la escuela pública, y que se ponga algún límite a sus beneficios. En los últimos doce años la concertada mejoró su presupuesto en un 25%, mientras la escuela pública apenas ganó un 1,4%.
Otra de sus banderas es la libertad de elección de centro que, en realidad, se traduce en libertad de selección del alumnado por parte de los centros privados. Poco partidarios de la transparencia, protestan porque la ley contempla la presencia de un representante de la administración pública en sus concejos escolares para que se garantice el buen uso de los recursos públicos.
Pero lo que más revuelo ha causado, por la zozobra que ha generado entre las familias de colegios públicos y privados de educación especial, ha sido la supuesta pretensión del gobierno de cerrar estos centros. Para ello han intentado tergiversar el texto de una ley que, a instancias de acuerdos internacionales, pretende garantizar una mayor integración educativa. Los sindicatos, (FSIE y FEUSO…), promovidos por una patronal que, con dinero público, selecciona al profesorado y lo cesa de forma discrecional, actúan como comparsas de los intereses del empresariado.
El apoyo popular lo encuentran en la clase media aspiracional, que ve en la educación privada un signo de distinción y toma como modelo la clase alta, imitando sus valores y formas de vida. Así intentan evitar que sus hijos e hijas convivan con alumnado socialmente desfavorecido. Estas demandas se canalizan a través de asociaciones de familias de los centros privados concertados, como la COMCAPA, CONFAPA y otras.
Las grandes corporaciones, han descubierto un jugoso nicho de negocio en la educación y se han volcado, a través de sus fundaciones y sus propuestas filantrópicas, en la colonización del sistema educativo. Ahí están las empresas tecnológicas con sus propuestas para colonizar digitalmente los centros educativos, las empresas financieras, los grandes conglomerados empresariales poniendo en marcha todo tipo de acciones para convencer a los gobiernos de los beneficios de la “alianza público-privado”, para lo que cuentan con la complicidad de los poderes públicos de diferentes administraciones. Existe una alianza tácita entre todos estos grupos de poder que se explicita cuando ven mermados sus intereses, como ha ocurrido ahora con la aprobación en el Parlamento de la LOMLOE.
Quizás ha sido más visible su activismo por la falta de movimientos alternativos desde la izquierda. Ese desequilibrio ha permitido que esta ley se haya quedado corta en aspectos que consideramos esenciales para la escuela pública. Con tanto ruido mediático no se ha entrado en el debate de propuestas que se hacen para mejorar la equidad, la inclusión educativa, la participación y la organización escolar, la propuesta de un currículum alternativo que priorice aprender a aprender críticamente, la autonomía de los centros, la selección y formación del profesorado, la convivencia, los valores éticos…
Desde el punto de vista de los movimientos de renovación pedagógica esta ley tiene notables carencias, ya que no contempla la desaparición paulatina de la educación concertada, la enseñanza laica, etc., que en otro momento tendremos que abordar en profundidad, pero tiene la virtud de haber acabado con una ley tan retrógrada como la LOMCE, cuenta con el apoyo de fuerzas políticas muy diversas y abre algunas perspectivas esperanzadoras para la Escuela Pública.
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