La patronal Kristau Eskola recurrirá la sentencia ante el Supremo al encontrarse «en un callejón sin salida»
La patronal de los colegios religiosos ha decidido finalmente recurrir ante el Supremo la sentencia que les obliga a abonar a los docentes la cantidad descontada de sus salarios desde el pasado mes de septiembre después de que el Gobierno Vasco, dentro de las medidas anticrisis, decidiera recortar la financiación que concede a estos centros concertados. Kristau Eskola calcula en nueve millones de euros lo que le costará, por el momento, respetar el convenio colectivo del sector, una cantidad que le abocará al cierre de muchos centros por resultar "inviables" económicamente, según denunció ayer su director, Aitor Bilbao, en una comparecencia ante los medios en la que valoró la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
La sentencia, conocida el pasado lunes, atiende a un recurso planteado por los sindicatos STEE-EILAS, LAB, ELA, CCOO y UGT contra las patronales del sector, Kristau Eskola y AICE (Asociación Independiente de Centros de Enseñanza). Las centrales sindicales insistían en que la bajada de sueldos era ilegal, una postura que ahora los jueces han decidido secundar.
La patronal atribuye el sentido de la sentencia al "desconocimiento" por parte del TSJPV sobre el sistema de pago delegado que afecta a los centros concertados. No obstante, valora de manera satisfactoria el voto particular del presidente del Tribunal, quien defiende que dichos centros se limitan a distribuir o entregar a sus trabajadores la retribución conforme a la cantidad que previamente les ha dado el Gobierno Vasco, por lo que discrepa con la decisión de eximir de responsabilidad al Ejecutivo.
A juicio de Bilbao, la sentencia provoca un "agujero económico acumulativo" que les coloca en un "callejón sin salida", ya que no pueden contar con otros medios de financiación que no sean los provenientes del módulo de concertación. En este sentido, recuerda que no pueden incrementar las cuotas que pagan los padres, a los que sólo se les puede cobrar por los servicios complementarios como las actividades extraescolares o el comedor. "Todos conocemos la imposibilidad que tenemos de repercutir ese dinero en las familias, porque a pesar de ser ilegal, no garantizaría la gratuidad de la enseñanza ni el objetivo del sistema educativo, que es la igualdad de oportunidades y la equidad", declaró ayer el director de Kristau Eskola.
sindicatos Por su parte, STEE-EILAS valora positivamente la sentencia emitida por el TSJPV, ya que la bajada de salarios decidida por la patronal de los centros concertados suponía el incumplimiento del convenio colectivo vigente. Sin embargo, el sindicato considera que el Gobierno Vasco también debería admitir su responsabilidad en el conflicto creado en estos centros. "Teniendo en cuenta que la red concertada escolariza al 50% del alumnado vasco, el Departamento de Educación no se puede ir de rositas", declara su portavoz, Endika Rodríguez, quien insta a Lakua a buscar una solución.