El 100% de los colegios concertados de Madrid analizados en un estudio cobran cuotas a las familias, en el 82% de los casos de manera obligatoria, y la tasa de exclusión ante la imposibilidad de pago es la más alta de España (31 %).
“Para garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin discriminación por motivos socioeconómicos, en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos”. El artículo 88 de la LOMLOE es claro: la enseñanza concertada tiene que ser gratuita y no se pueden imponer cuotas obligatorias a las familias.
Sin embargo, y tal y como demuestra un estudio realizado por la consultora Garlic B2B, con el apoyo de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres, FAPA Giner de los Ríos, y la Asociación de Colegios Privados e Independientes, CICAE, el 100% de los centros concertados de la Comunidad de Madrid analizados en este estudio —115 centros que suponen un 20% del total— cobra cuotas a las familias (119,5 € de media mensual), en el 82% de los casos son obligatorias y la tasa de exclusión ante la imposibilidad de pago es la más alta de España (31 %).
“Les excluyen de actividades que los niños y niñas realizan porque no han pagado”, expresa Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Giner de los Ríos. Tal y como se analiza en el informe, estas actividades, bajo el camuflaje de otros nombres, esconden materias curriculares como inglés o psicomotricidad. Además se realizan en medio del horario escolar. “A algunos les meten en un aula solos y llaman a la familia para que vengan a buscarles. Ejercen esta presión hacia los niños y niñas y lo que consiguen es que la familia les cambie de centro”, expresa Morillas. “La mayoría de las familias no saben que no tienen por qué pagar estas cuotas, porque en ningún momento se les comunica que es una cuota voluntaria, lo pagan y ya está. Y, las que no pueden pagar, se enfrentan a este escenario”, añade.
Estas situaciones en palabras de Morillas “dantescas” se dan en el 18% de los colegios concertados del Estado, según el estudio realizado por Garlic que ha analizado 325 colegios en siete comunidades autónomas. La tasa de exclusión va del 5% en Euskadi, Comunitat Valenciana y Aragón, al 7% en Cataluña, 8% en Galiza, 21% en Andalucía y el mencionado 31% en Madrid.
Madrid invirtió 1.104 millones de euros en educación concertada en 2019, siendo la segunda región que más gasta en estos menesteres
Una apuesta por la concertada
Situaciones que suceden en centros que cuentan con financiación pública. Según los datos recopilados por Infolibre correspondientes al año 2019, Madrid invirtió 1.104 millones de euros en educación concertada, siendo la segunda región que más invierte en estos menesteres.
Al mismo tiempo, las cuotas que estos colegios piden a las familias están en ascenso. Así, y siempre según el estudio de Garlic, han pasado de un promedio de 138,78 euros al mes en el curso 2021-2022 a 140, 77 en el curso 2022-2023, siendo las máximas de 489 euros mensuales y de 10 euros mensuales la mínima. Entre los más caros, los colegios gestionados por sociedades mercantiles.
“La mercantilización de la educación concertada es un hecho. Las sociedades mercantiles son las que más cobran y las que más presión ejercen”, expresa Elena Cid, directora general de CICAE, quien denuncia la connivencia de la administración. “Es la propia Consejería de Educación quien autoriza las cuotas, a través de un proceso que da carácter legal al copago de la educación en estos colegios, desprotegiendo así a las familias”, denuncia.
Cesión de suelo público
Para Cid los hechos demuestran una apuesta de la Comunidad de Madrid por este tipo de enseñanza en manos de empresas privadas. Así se enmarca la reciente cesión de suelo público para la construcción de dos centros concertados en Valdebebas y Villa de Vallecas.
Una cesión de terreno público de dos parcelas valoradas en 11 millones de euros que, desde CC OO, cifran como la tercera en su legislatura. En 2020, el gobierno de Díaz Ayuso cedió para el mismo fin un terreno de 23.000 metros cuadrados en Vicálvaro y reactivó la cesión de otra parcela en Villalbilla.
Mientras, las necesidades educativas de estas poblaciones se ven condicionadas por esta jugada. Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, detalla que en Valdebebas y Villa de Vallecas hay un total de 23.000 niños y adolescentes de entre cero y 18 años con necesidades educativas urgentes. “En Valdebebas, las familias piden un instituto público y la finalización de las obras de dos colegios: el CEIP Valdebebas y el Nuria Espert. Es decir, demandan educación pública, con infraestructuras decentes, sin obras permanentes y que se hagan realidad las promesas electorales. ¿Qué les da Ayuso? ¿Libertad? Sí, la libertad de solo poder elegir un centro concertado”, sentencia.
“En Valdebebas llevan solicitando un instituto público desde hace años porque no lo hay. Y ahora nos encontramos que se hace una cesión para construir un centro concertado-privado”
“En Valdebebas llevan solicitando un instituto público desde hace años porque no lo hay y los alumnos cuando acaban el colegio tienen que emigrar a otras zonas. Y ahora nos encontramos que se hace una cesión a coste cero para construir un centro concertado-privado. Esto es una aberración”, denuncia Morillas. Este ejercicio que está realizando la Comunidad de Madrid va enfocado a incentivar el negocio en la educación y hay que dejarlo bien claro», sentencia.